Consuelo Porras recibe críticas de organizaciones y sectores izquierdistas, afines a la CICIG-FECI, además de la embajada estadounidense y la Unión Europea, quienes reaccionan airadamente a la prisión provisional de Leyli Santizo y la comparecencia al tribunal de Eva Siomara Sosa.
Roxana Orantes Córdova
Consuelo Porras está en el epicentro de las reacciones ante las diligencias judiciales emprendidas ayer por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en el caso bajo reserva llamado Cooptación y Corrupción Judicial, que involucra a fiscales de la FECI, una ex mandataria de la CICIG y pasa rozando a la llamada «Multicausa» de Erika Aifán.
En septiembre de 2021, Porras fue «castigada» con el retiro de la visa estadounidense, luego de que despidiera a Juan Francisco Sandoval. Ayer, la FECI encabezada por Rafael Curruchiche, realizó operativos de un caso en reserva, llamado Cooptación y Corrupción Judicial.
Como consecuencia, resultó capturada Leyli Santizo, ex mandataria de la CICIG, y se habría emitido orden de aprehensión contra Eva Siomara Sosa, la fiscal que acompañó a Juan Francisco Sandoval a firmar el convenio con Oderbrecht a Brasil.
El hecho se produce pocos meses antes de que Consuelo Porras termine su mandato y ante la eventualidad de su reelección (o de su postulación), Juan Francisco Sandoval anunció que interpondrá por lo menos veinte impugnaciones a fin de impedir que Porras ejerza otro periodo.
Es de preverse que nuevamente surjan manifestaciones contra la fiscal, que puede suponerse, serían tan escuálidas como las anteriores muestras de rechazo protagonizadas por grupos de entre dos y quince personas frente al MP.
Entretanto, el MP mantiene el silencio por la reserva del caso, y varios abogados prefieren no opinar, debido a la misma situación.
El fantasma de una comisión cuyos casos no se sostuvieron
La captura de Santizo y la comparecencia de Sosa al tribunal son considerados un hecho repudiable, inhumano, injusto y hasta «corrupto» por grupos y organizaciones que se congratularon cuando la CICIG actuó de igual manera contra sus enemigos políticos.
Paradójicamente, como en el caso de los hermanos Valdés Paiz, los acusados terminaron absueltos por falta de pruebas (o por pruebas pervertidas), y en el caso citado, uno de los acusados murió antes de ser exculpado formalmente.
Ninguno de los acusados por la ex CICIG que fueron declarados inocentes recibió compensación ni disculpa del sistema judicial por los largos años de «prisión preventiva» y el desprestigio que sufrieron.
Consuelo Porras, señalada por grupos de izquierda
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), con sede en Costa Rica y cuya presidente es Helen Mack, fue uno de los primeros en publicar un comunicado repudiando la acción de la FECI y signado por varias organizaciones internacionales de izquierda.
Además, la bancada Semilla, cuya diputada Lucrecia Hernández Mack es sobrina de la presidente de CEJIL, anunció que citará a funcionarios del MP para que «expliquen» por qué realizan esa investigación.
Otros grupos, organizaciones y partidos de izquierda se sumaron a la crítica contra Consuelo Porras, y coherentes con su adhesión a los financistas internacionales como la Unión Europea, o la embajada estadounidense, califican a Porras con adjetivos que la vinculan al llamado «pacto de corruptos», pese a que la fiscal ha enviado más de 60 narcotraficantes extraditables a EE.UU.
Convención de Viena ¿letra muerta en países como Guatemala?
Al parecer, países pequeños y con niveles de dependencia comercial hacia EE.UU. como Guatemala, no son considerados dignos de que en ellos se apliquen normativas internacionales como la Convención de Viena que regula las relaciones diplomáticas.
La Unión Europea (UE), uno de los promotores y donantes de la CICIG, lo demuestra hoy cuando Peter Stano, portavoz de esa organización, expresó «preocupación por el continuo deterioro del estado de derecho y acciones legales en contra de jueces, abogados y fiscales independientes, resultando en arrestos y pérdida de inmunidad judicial».
De la misma manera, evidenciando que para los «peces gordos» Guatemala no merece ser considerada una nación soberana, la embajada estadounidense señala a la Fiscal General de mostrar «un patrón de intimidación y violencia contra fiscales anticorrupción (sic)».
No es primera vez que Porras se encuentra en el «ojo del huracán» y probablemente no sea la última. Sin embargo, resulta sumamente reveladora la reacción, unánime y airada, de quienes durante el reinado de la CICIG se congratulaban por capturas aparatosas, allanamientos que incluyeron hurtos (caso Bitkov), prisión preventiva indefinida y finalmente, exculpación del señalado por falta de pruebas.
