El CACIF y la CIG, manifestaron su rechazo al fallo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para auto ampararse. La medida es un abuso de poder que va en contra de la Ley de Amparo, señalan los comunicados.
Redacción Perspectiva
El sector empresarial e industrial representado por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), se pronunciaron ante el fallo de los Magistrados de la CC en el cual se otorgan un auto amparo.
De acuerdo a los comunicados emitidos por el CACIF y CIG, el fallo de los magistrados atenta en contra de la Ley de Amparo, en el cual no se contempla la posibilidad de auto amparo. Dicha acción, pone en evidencia ilegalidades como: el incumplimiento del principio de imparcialidad y la violación de la Constitución Política de la República, relativo a la separación de poderes.
Hace unos meses los magistrados de la Corte de Constitucionalidad: Gloria Porras, Neftalí Aldana, Francisco de Mata Vela y Bonerge Mejía se habían concedido un amparo para el proceso de antejuicio en su contra. Sin embargo, el pasado viernes 26 de junio, la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ordenó dar seguimiento a la causa. Inmediatamente el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Jordán Rodas, interpuso un amparo contra la CSJ que fue fallado por los magistrados implicados en el proceso.
El CACIF expresó: “Este comportamiento de varios magistrados de la CC denota un patrón consistente de actuaciones irregulares, de resoluciones emitidas en forma acelerada para responder a requerimientos de ciertos actores y de criterios emitidos en abierta contradicción con textos legales y constitucionales” puntualiza el comunicado.
Por su parte, la CIG refiere que “en respeto a los principios de la ética y con estricto cumplimiento de la ley, los magistrados denunciados no deben conocer de un caso que se ha instaurado en su contra”.
El CACIF y la CIG, enfatizaron su preocupación ante las constantes irregularidades y arbitrariedades cometidas por algunos de los Magistrados de la CC. Ante lo cual exigen se respete el Estado de Derecho y las instituciones actúen de conformidad con la Constitución Política de la República.
