Por: Fernanda Serrano
Pablo Schneider, Director del Centro de Iniciativas de Desarrollo de FUNDESA presento el análisis de Presupuesto General, quien indico que este asciende a un total de Q72,430 millones, que se gastarían en funcionamiento, inversión y en servir la deuda pública, y cuyas fuentes de ingresos provendrán de ingresos tributarios (54,556 millones), colocaciones de bonos (11,060 millones), desembolsos de préstamos (Q3,046 millones) y otros ingresos.
Para la elaboración del referido proyecto, el ministerio de Finanzas Públicas –MFP- tomo en cuenta las estimaciones macroeconómicas conservadoras elaboradas por el Banco de Guatemala. Estas incluyendo un crecimiento interanual del producto Interno Bruto – PIB- de 3.2% en términos reales y de 7.0% en términos nominales y una inflación de 3%, así como un crecimiento anual de las exportaciones de un 5.5% y de las importaciones de un 3.3%. Sin embargo, se encontraron algunas inconstancias en cuanto a las tasas de variación que en realidad implicarían las cifras presentadas en el proyecto del presupuesto.
El 75% del presupuesto se financiarían con ingresos tributarios, por lo que la estimación de la recaudación equivale a una carga tributaria de 10.4%. El techo de gastos de Q72,430 millones, equivaldría al 13% del PIB, lo cual significa un crecimiento de 2.4% con respecto al presupuesto vigente para 2015.
Como resultado que los ingresos corrientes presupuestados son menores al monto del gasto, se produce un déficit fiscal en el proyecto de presupuesto 2016 que sería equivalente a 1.9% del PIB. La política de financiamiento del déficit que se propone se realizaría principalmente mediante el endeudamiento con emisión de bonos del tesoro.
Aun que resulta positivo que el presupuesto para 2016 se haya planteado con estimaciones basadas en un escenario macroeconómico moderado, y que dentro del mismo se haya incluido el costo de la política monetaria, el mismo incorpora un desequilibrio fiscal, un consiguiente endeudamiento público estructural que se ve agravado por problemas coyunturales de iliquidez provenientes de una recaudación ineficiente, así como por el continuo y desmedido aumento de gastos asociados con el sistema de pensiones del Estado y con los incrementos salariales contenidos en los pactos colectivos de algunos ministerios y del propio Congreso de la República.
