Hoy, el Diario Oficial publicó el Acuerdo número 32-2020, que declara lesiva la compra del “edificio fantasma”. Este caso señala directamente a Thelma Aldana, responsable de la transacción en todos los documentos. Alfredo García, analista político, considera que se trata de una medida acertada. Entretanto, el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo, querellante en el caso, expresa que es momento de pedir la orden de captura internacional contra la ex funcionaria prófuga. El vocero del MP, Juan Luis Pantaleón, mencionó que la orden de captura nacional sigue vigente y que la solicitud de código rojo está en proceso.
Roxana Orantes Córdova
El Acuerdo del MP deja sin efecto uno de los actos de presunta corrupción que le valió a Aldana orden de captura: la adquisición de un inmueble que además de no reunir las condiciones para lo que se compró, fue negociado con varias anomalías que evidenciaban la mala fe y poca transparencia en la compra.
En su artículo 2, el acuerdo publicado hoy en el Diario de Centro América
“Instruye y faculta al Departamento Jurídico del Ministerio Público, para que promueva y ejecute todas las acciones legales que en Derecho correspondan con la finalidad de que se declare lesivo el contrato anterior y por ende se deje sin efecto tal contratación”.
El reconocimiento que hoy hace el MP a través del acuerdo es un hecho positivo que abre las puertas a varias acciones. En primer lugar, dejando sin efecto la contratación, y en segundo, “el acuerdo publicado hoy, abre las puertas para solicitar la extradición de la principal responsable”, afirma Ricardo Méndez Ruiz.
Juan Luis Pantaleón, vocero del MP, dijo a Perspectiva: “la orden de captura está vigente. Con el tema internacional está en proceso”, lo que indica que se podría activar el código rojo para extraditar a Aldana.
Entretanto, el analista Alfredo García señala que “estar ligada a más de un proceso por corrupción, no ayudará a Thelma Aldana para obtener el asilo político”.
“Espero que ningún operador de justicia denuncie ante la PDH a la FTC o a los medios que cubran esta noticia”: Méndez Ruiz
Perspectiva entrevistó a Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), debido a que esta es querellante en el caso.
“Lo primero a señalar es que en este caso se siguió el proceso obligatorio según la ley. No fue una petición antojadiza de la fiscal general Consuelo Porras. La Contraloría General de Cuentas (CGC), ya había considerado lesiva esta compraventa”.
Cabe recordar que la FCT fue la primera en levantar la voz de alerta sobre este hecho de corrupción. “Nos congratulamos por el acuerdo publicado hoy, sobre una negociación que lesionaba los intereses de toda la población”, señala Méndez Ruiz.
“La lesividad reconocida por el MP es consecuencia de hallazgos de la Contraloría que detallaban la comisión de delitos gravísimos. Sin embargo, sigue preocupando que al testaferro de Bertram S.A., Mynor Lobos Agustín, un joven de 24 años, se le haya dado medida sustitutiva aduciendo que podría estar en riesgo por el COVID-19”.
Esto es muy alarmante, afirma Méndez Ruiz, considerando que entre los implicados está el poseedor de una de las principales fortunas de Guatemala, William (Billy) Baltz, y “no nos cabe duda que en la medida otorgada al testaferro corrió dinero, porque resulta increíble que se pretenda proteger del contagio a un veinteañero y se niegue la misma medida a los veteranos militares que tienen 80 años”, comenta.
“Espero que ningún operador de justicia acuda ante la Procuraduría de los Derechos Humanos presentándose como defensor de derechos humanos, o defensor de defensores, a denunciar a la FCT por estas declaraciones y tampoco a los medios que cubran esta noticia”, concluye.
“Buena medida”, dice Alfredo García
Alfredo García es uno de los analistas que mejor conocen las interioridades de este caso, que acompañó desde el primer momento. Según recuerda, antes de que Aldana firmara la compraventa, ya había un dictamen del MP donde se establecía que la localización del edificio (colonia Arrivillaga, zona 5), no era la idónea por su distancia de la sede central y carecer de parqueos suficientes.
“El dictamen señalaba que la sede central del MP tiene capacidad para construir más niveles e incluso otra torre”, dice el analista, quien comenta que el acuerdo publicado hoy es una buena medida y agrega que el edificio se compró a personas vinculadas con hechos de corrupción y existe la duda de que puede haber una sobrevaloración de Q.8 millones. Por supuesto, hay libre mercado para poner los precios de todo, pero se trata de cuidar el dinero público y ese inmueble no es idóneo para oficinas”, comenta.
García también menciona que hace dos años y medio, el Congreso instaló una comisión específica donde el informe señalaba múltiples irregularidades del contrato y varias carencias del inmueble. Como consecuencia, dicha comisión pedía declarar lesivo el contrato.
“¿Cuál será la próxima medida del MP? Dependerá de la Fiscal General y las fiscalías a cargo. Pero el hecho de estar ligada a más de un proceso por corrupción no ayuda a la petición de asilo que Thelma Aldana está tramitando”, finaliza García.
“Regreso el jueves”
Thelma Aldana viajó a El Salvador a mediados de marzo de 2019, un día antes de que se conociera la orden de captura en su contra, por los delitos de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación tributaria, todos vinculados con el edificio fantasma.
En aquel momento, la ex fiscal era la candidata presidencial de Semilla, que basó su campaña en la lucha contra la corrupción, que finalmente debió competir sin binomio, por la fuga de su candidata, que ella prefiere denominar “exilio”.
Aunque el argumento más sostenido de Aldana para justificar su condición de prófuga ha sido que en Guatemala su vida corre peligro porque la persiguen diversas estructuras criminales, lo cierto es que existen varios indicios que apuntan a su responsabilidad en más de un caso y lejos de presentarse ante la justicia, un martes de 2019 declaró que retornaría el jueves, pero hasta la fecha, evade presentarse al tribunal para esclarecer su situación. Incomprensiblemente, desconfía de un sistema judicial del que formó parte durante décadas.
