Diputados de izquierda promueven que se aprueben cambios en el Código Penal que podrían llevar gradualmente a la legalización del aborto, afirma la asociación La Familia Importa (AFI).
Por Redacción
La semana pasada concluyó el análisis de la iniciativa 5494, que junto a otras dos propuestas (5905 y 5410), propone reformas al Código Penal, informa el Congreso de la República. La propuesta partió de la Comisión de Reformas al Sector Justicia, presidida por Osmundo Ponce, de URNG.
Esta mañana, el diputado Osmundo Ponce, quien preside la Comisión para la Reforma del Sector Justicia, protagonizó una polémica en redes con Álvaro Arzú Escobar, diputado que señala varios elementos polémicos en la propuesta de reforma al Código Penal, contenida en la iniciativa 5494.
Mientras Arzú señaló por lo menos dos aspectos de la propuesta que considera preocupantes, Ponce afirma: «con pena para quienes han publicado erróneamente, expreso nuestro pensar y sentir».
La definición de un concepto es una expresión ideológica
Actualmente, el Código Penal define el aborto de esta manera:
ARTICULO 133. Aborto es la muerte del producto de la concepción en cualquier momento de la preñez.
Mientras, la iniciativa 5494 indica:
Artículo 260. Concepto. Aborto es la interrupción del embarazo mediante la expulsión o extracción total del feto, provocando su muerte.
La diferencia entre «muerte» e «interrupción» encendió las alarmas en AFI, grupo con presencia e incidencia demostradas en las convocatorias de las marchas por la vida, que sin embargo, no fue convocado a la discusión del tema.
Y, tal como explican los miembros de AFI, aunque la diferencia no parezca significativa y se mantenga formalmente la penalización del aborto como un delito, la frase «interrupción del embarazo» es uno de los eufemismos utilizados por la internacional abortista Planned Parenthood.
Los pro vida explican que la definición de aborto propuesta, expresa la ideología de género y en muchos países, ha sido el primer paso para iniciar la legalización de ese crimen.
«URNG respeta las decisiones concretas y de los colectivos», señala Carlos Mejía
Al respecto de la polémica, el secretario departamental de la URNG en San Marcos, Carlos Mejía, considera que
«Sobre la iniciativa 5494, es necesario respetar las decisiones de los colectivos. El partido está a favor de este respeto».
Sobre el tema puntual del aborto, señala que:
«Se debe legislar pero existen muchos prejuicios y mucha doble moral, que impiden hasta hablar del tema».
«No vamos a aceptar normativas pro muerte», afirma Elena Gaitán
“Guatemala no acepta normativas pro muerte”: Elena Gaitán
Desde la perspectiva de AFI es una situación bastante preocupante el hecho de que la comisión haya anunciado que daría dictamen favorable a esta iniciativa, porque contiene errores, específicamente en el delito del aborto.
También es una situación peligrosa en cuanto a los delitos de odio que está contemplando el nuevo Código Penal.
En cuanto al delito de aborto, lo que sucede es que se está cambiando la tipificación del delito. La definición actual menciona que el aborto es la muerte del producto de la concepción.
Es decir, protege la vida desde la concepción, tal como establece la Constitución. En la propuesta reformada, se sustituye por “interrupción del embarazo causando la muerte del feto”.
Una palabra importa
El problema con esta definición es la palabra “interrupción”, término que sabemos es equivocado, porque interrupción implica la posible reanudación, lo que en el aborto es imposible.
En este caso, lo correcto sería “terminación del embarazo”. Esta definición también se refiere únicamente al feto. El embarazo tiene muchas etapas y la etapa fetal es una de ellas, que ocurre entre ocho y 12 semanas de embarazo.
Se puede interpretar esta ley de forma que si no se menciona la palabra “feto” se despoje al no nacido de la protección. Una persona podría abortar a las cuatro o seis semanas y ahí no sería un delito.
Esto es peligroso y despoja al guatemalteco de la protección en su etapa más vulnerable, que es cuando está en el vientre de la madre.
Para nosotros es preocupante e importante informar a la población. Por la época o por falta de interés, puede pasar desapercibido cómo dos palabras pueden abrir camino a la despenalización del aborto en Guatemala.
¿Una maniobra del lobby abortista?
Nos sorprende que la comisión legislativa haya anunciado públicamente el dictamen en esta época. Sabemos que muchas veces se trata de ingresar iniciativas polémicas en épocas como Cuaresma o Semana Santa.
Es importante que la gente conozca la importancia de cambiar estas dos palabras. En AFI siempre hemos dicho que el lenguaje importa, dos palabras importan y una palabra como “interrupción” cambia la definición del aborto.
Sabemos que es una de las palabras que el lobby abortista usa para disfrazar y ocultar la tragedia del aborto, para no hacerlo tan cruel como realmente es. Y sabemos que es un lenguaje ideologizado que se ha usado en muchos países en proyectos pro muerte que despenalizan o legalizan el aborto.
Como ciudadanos, nos toca estar pendientes de esta iniciativa, informar a nuestros conocidos y compañeros de trabajo, y cuando llegue el momento, debemos informar a los diputados y funcionarios que Guatemala no va a permitir una legislación pro muerte contraria a nuestros valores y legislación.
El lobby abortista sabe que en Guatemala es muy difícil que este tipo de normativas pasen por la vía legal. Lo que hacen es enmascararlas, y desde AFI queremos sacar este tema de derechos humanos a luz.
¿Ignorancia o estrategia?
El abogado de AFi, José Córdova, explica que el derecho a la vida es uno de los artículos pétreos de la Constitución, que solamente pueden modificarse con una reforma constitucional.
Sin embargo, impedimentos semejantes no han obstaculizado las inicativas pro muerte en muchos países, donde pese a las constituciones, se ha despenalizado el aborto, comenta.
En cuanto al dictamen, comenta:
«al sustituir la palabra producto de la concepción por feto, se está eliminando la protección al no nacido. No sé si es ignorancia o una estrategia muy planificada. El jefe de la comisión, Osmundo Ponce, afirmó que incrementarán la penalización a quien aborte. Aumentar las penas es tratar de tapar el Sol con un dedo».
Asimismo, Córdova considera que:
«pese a que en Guatemala es un delito, nunca hubo una condena penal, mucho menos a los aborteros. Por ejemplo, si consignaran: quien diera muerte al producto de la concepción…pero hablar de interrupción es un evidente sesgo ideológico que en otros países ha sido el primer paso para legalizar la muerte violenta de los no nacidos».




































