La Cámara de Industria de Guatemala (CIG), a través de su Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (GRENAT), llevó a cabo el III Congreso Nacional de Minería. Bajo el lema “Minería y Derechos Humanos – Construyendo Relaciones con Comunidades”, el evento propuso un diálogo esencial para redefinir la gobernanza de los recursos naturales y promover vínculos constructivos entre la industria, el Estado y las comunidades.
El congreso reunió a más de una docena de expertos nacionales e internacionales provenientes de Guatemala, Honduras, Suecia, Colombia, Panamá y Brasil, así como a representantes del sector productivo y autoridades. El debate técnico se centró en cómo fortalecer la confianza pública y atraer inversión responsable mediante reglas claras.
Stephanie Melville, vicepresidente de la Junta Directiva de CIG, destacó la urgencia de actuar: “Guatemala necesita una minería moderna, capaz de generar valor compartido y de integrarse a las comunidades a través de relaciones sostenibles. La gobernanza de los recursos naturales debe ser una prioridad nacional, con instituciones fuertes y marcos normativos que garanticen certeza y participación”.
Reactuación y Desafíos del Sector
La jornada abordó temáticas críticas para la viabilidad empresarial del sector, incluyendo la obtención de la licencia social para operar, los desafíos de la reactivación minera en Guatemala y la aplicación de innovación tecnológica para la sostenibilidad. También se presentaron casos de éxito en reducción del impacto ambiental y esquemas de monitoreo comunitario.
Roberto Morales, presidente de GRENAT, resaltó la necesidad de traducir el diálogo en compromisos verificables debido a la crisis productiva: “El año pasado, el valor de la producción minera nacional fue de Q692 millones, lo que representó una reducción del 56.4% respecto a 2023.”
Morales enfatizó que esta reducción evidencia la urgencia de generar consensos que permitan reactivar la industria y distribuir sus beneficios de forma equitativa. Entre los desafíos institucionales que obstaculizan la certeza jurídica y la inversión, mencionó la falta de reglamentación del Convenio 169 y la necesidad de fortalecer la institucionalidad para garantizar procesos transparentes y predecibles.
El Congreso refuerza la posición de CIG y GRENAT de promover una minería responsable, enfocada en la eficiencia operativa, la transparencia y la generación de empleo formal como una condición indispensable para el desarrollo territorial del país.




































