Por: Andrés Castillo
Todo indica que en Guatemala existen grupos dedicados a un activismo social polarizante, el cual se alimenta del clima de conflictividad y que grita a los cuatro vientos: No invierta en Guatemala.
El sistema político actual nos tiene amarrados y frena el desarrollo sostenible de la actividad productiva guatemalteca, debido a que, en lugar de generar certeza, reglas claras y estables, genera incertidumbre y una impunidad que reina en cualquier esquina del país. El fallo provisional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de suspender temporalmente las operaciones de la mina San Rafael, que por cierto es una inversión que ha cumplido con las leyes de nuestro país, es otro ejemplo, de varios que hemos vivido en los últimos meses, donde el sistema desestimula la inversión e irónicamente, perjudica a miles de personas que depende de esos trabajos y tiene un nefasto impacto en la recaudación de impuestos.
Al ver los efectos del fallo antes indicado, pareciera que la Corte Suprema de Justicia no tiene claro cuatro cosas fundamentales: Primero: Nuestra Constitución menciona que son obligaciones fundamentales del Estado promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en distintas actividades productivas. Asimismo, impone la obligación al Estado de orientar la economía nacional para lograr la utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el pleno empleo. ¿Entonces? Segundo: El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un instrumento de buena gobernanza y una herramienta para la resolución de conflictos y reconciliación de distintos intereses. La famosa consulta a los pueblos indígenas que ha sido manipulada y mal interpretada, la misma OIT ha aclarado que debe ser realizada únicamente a las instituciones representativas de los pueblos indígenas determinadas por los mismos pueblos indígenas. Y más importante, la consulta no es un plebiscito, ni un referéndum, es decir, la consulta no se trata de un sí o un no, sino que es un instrumento de diálogo. Tercero: En Guatemala, el principal requerimiento de la población es la creación de empleo. El camino para lograr esto es el fomento de la actividad económica formal en el país y la aplicación de la ley. Cuarto: No podemos dejar que la conflictividad social, alimentada por intereses oscuros y evidentemente ideológicos, se convierta en un chantaje en el combate en contra de la pobreza, la generación de empleo y la superación de las comunidades.
El no tener por lo menos, estas cuatro cosas claras, nos da un resultado una reducción en la producción, incremento en la desigualdad de oportunidades, aumenta la incertidumbre y genera espacios para la corrupción, lo que se traduce en menor crecimiento económico.
La objetividad del sistema de justicia es indispensable en una sociedad. Pareciera que, en la actualidad, dicho sistema jurídico se está prestando a provocar mayores índices de conflictividad, a desgastar las instituciones de todo Estado de Derecho y a frenar las inversiones que son el motor del desarrollo en cualquier parte del mundo.
Sin lugar a dudas, resoluciones como las aludidas en este espacio afectan el clima político, social y económico del país. Lamentablemente, ante una lógica tan obvia, pareciera que muchas personas no les interesa fomentar oportunidades sino más bien, matar las pocas que aún tenemos. No me cabe duda que responsabilidad por este tipo de resoluciones debe existir, no podemos seguir permitiendo que inversiones que han cumplido con las leyes y los requisitos que se exigen, sean antojadizamente detenidas
En diversas ocasiones me he referido al rol tan importante que tiene el Organismo Judicial a través de sus Magistrados y Jueces, pues ellos constituyen el filtro de gestión para toda la República. Lo que el país necesita, sin distinción alguna, es que las leyes se cumplan y que los castigos se apliquen. Mejorar las leyes es importante, pero cumplirlas es mucho más.
Respetuosamente, exhorto a las más altas autoridades del Organismo Judicial y la Corte de Constitucionalidad, para velar por el estricto apego a nuestra Constitución Política y las leyes del país. Sus autoridades deben ser nuestro ejemplo a seguir y a través de la certeza jurídica, deben darnos la luz para salir del sub desarrollo y no hundirnos más.
