Por: César Melgar
El constante debate sobre la fórmula que permita a Guatemala salir de grupo de países tercermundistas hacia el club de naciones con renta alta continua, especialmente con los sucesos de este año que está por terminar.
Según la teoría económica, para que un país logre el desarrollo, se necesita que se cumplan los llamados principios de primer orden: Estado de Derecho, certeza jurídica, respeto a la propiedad intelectual, clima amigable a la inversión, política monetaria sana y seguridad. Así también, en los modelos económicos de desarrollo (Solow-Swan, Harrod Domar), se establece que el producto es función de las variables capital físico (infraestructura, herramientas) y capital humano (trabajo, habilidades, educación).
En Guatemala, a la luz de las estadísticas generadas, pareciera ser que el guion es hacer todo lo contrario para alcanzar un estándar de desarrollo económico como nación, ya que no se busca poner en práctica todos los elementos anteriormente descritos, y se observan retrocesos en diversas áreas.
La alarma que supone la reducción desde BB a BB- de la calificación de deuda de Guatemala por la calificadora de riesgo Standard & Poor´s, pone en evidencia que la actual coyuntura política afecta las perspectivas de crecimiento económico y de inversión. También, el FMI ha ajustado la tasa de crecimiento de la economía guatemalteca para el año 2017, del 3.25% en abril, a un 3.16% en octubre.
Asimismo, el tema del cierre de minas por orden de las altas cortes judiciales, genera el debate sobre la viabilidad ambiental de dichos proyectos, pero mientras tanto, socava la confianza del inversionista, dando señales negativas en cuanto a la certeza jurídica en el país.
Se han visto retrocesos en los ámbitos de competitividad y de apoyo a la creación de empresas. En el mes de octubre el Banco Mundial publicó la más reciente edición del informe Doing Business. De esa cuenta, Guatemala figura en el puesto 97 de 190 economías evaluadas (bajando 9 puestos con respecto a la edición pasada). Lo anterior, va en consonancia con lo descrito por el informe de Competitividad Global 2017-2018, en donde Guatemala también sufre caída en los puestos del ranking (pasando del puesto 78 al 84). En este informe salen a relucir como los 5 factores más problemáticos para hacer negocios en el país: el crimen y robo, la corrupción, la ineficiencia burocrática, el suministro inadecuado de infraestructura y la inestabilidad política (lo contrario a los principios de primer orden).
Por el lado del capital humano, se tiene que Guatemala es el país en Centroamérica que menos invierte en educación. Según el ICEFI, el país solo invierte US$0.69 diarios por niños (mientras que en Panamá y Costa Rica dicha inversión alcanza US$4.32 y US$ 4.91 respectivamente).
En cuanto a capital físico e infraestructura, y según se menciono en el Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE) de este año, desde el 2013 no se ha construido ni un kilómetro adicional de red vial en el país.
Además, sumando algunas cuestiones relacionadas a la generación de datos estadísticos, tales como la reciente controversia por la nueva metodología para la medición de la Canasta Básica Alimenticia por parte del INE, así como el atraso de 5 años en la realización del censo de Población y Vivienda, (que afortunadamente, se llevara a cabo el próximo año), nos recuerda la importancia de la generación de estadísticas confiables y robustas, las cuales son esenciales como herramientas para la toma de decisiones de política económica y social.
En medio de todos estos datos desalentadores, se debe observar la oportunidad que se tiene por delante para buscar bienestar para cada habitante del país. Todos los países que ahora gozan de desarrollo integral, pasaron por diversos procesos hasta llegar a su estadio actual. Entonces, ¿por qué no replicar aquellos modelos exitosos y seguir su sendero? Y allí viene la cuestión neural, buscar el consenso nacional y social, y ser la generación que al menos, dé inicio a ese cambio tan anhelado.
