En los últimos meses, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, ha planteado propuestas de reformas al Reglamento de Evaluación, Control y Seguimiento Ambiental -RECSA y al Listado Taxativo de Proyectos, Obras, Industrias o Actividades. Estas iniciativas, de aprobarse en sus términos actuales, tendrían implicaciones directas en la seguridad jurídica, los costos para el cumplimiento y nuevos requisitos para las empresas formales.
Por: Ana Contreras
Gerente de Agexport Consulting Group
El RECSA tiene como objetivo establecer los lineamientos y los procedimientos para la aplicación de instrumentos y guías ambientales orientados a garantizar el cumplimiento de los proyectos e industrias. Por su parte, el Listado Taxativo crea una base técnico-descriptiva para categorizar el impacto ambiental de cada actividad y, con base en ello, determinar sus requisitos y medidas necesarias para mitigar sus efectos sobre el ambiente.
La reforma del RECSA propuesta por el MARN está enfocada a eliminar la prórroga otorgada, es decir el plazo para que aquellas actividades que operan sin tener licencia o resolución aprobatoria se regularicen en forma voluntaria, lo cual significa, a partir del 27 de septiembre de 2025, todas las empresas indistintamente su tamaño o industria deberán de contar con un instrumento ambiental vigente, en caso contrario están sujetas a ser sancionadas. También enfatiza en la responsabilidad de los dueños de los proyectos de gestionar y mantener vigente sus instrumentos. Por lo que, con este cambio se refuerza la responsabilidad empresarial frente a la autoridad y al cumplimiento ambiental.
Por su parte, la reforma al listado taxativo propone la modificación de las unidades de medida y factores de impacto de los proyectos, así como la eliminación de la categoría C de bajo impacto ambiental con plan de gestión ambiental, con lo que conllevará a elevar la categoría de actividades, incluso de aquellas ya regularizadas, estableciendo que empresas que hoy no pagan licencia por ser de bajo impacto ambiental deberán hacerlo y otras migrarán a categorías superiores con mayores obligaciones y costos de sus licencias actuales.
Es necesario fortalecer la gestión ambiental del país; no obstante, cualquier modificación normativa debe construirse con fundamentos técnicos claros, procesos de consulta amplios, así como una evaluación transparente de los impactos económicos y sociales.
El RECSA no debe contemplar riesgos en materia de certeza jurídica y competitividad, considerando principalmente que toda actividad e industria bajo controles y medidas de mitigación adecuadas debe operar. Por su parte, el Listado Taxativo debe asegurar criterios objetivos y fundamentados, definiendo categorías en función de factores de impacto y unidades de medida que respondan a las actividades productivas de las industrias.
Para fortalecer la certeza jurídica y la continuidad de los procesos empresariales, se debe reconocer y respetar a las actividades ya reguladas, así como a aquellos sectores que ya cuentan con guías ambientales aprobados por la autoridad. Toda normativa debe plantearse en función de generar incentivos y facilitación a los procesos de regularización.
