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viernes, enero 21, 2022

A un año del #21N, capturas motivan reacciones encontradas

El #21N cumple un año, y en los últimos días, tres jóvenes comparecieron ante la ley, acusados por los hechos vandálicos en el Congreso y sus alrededores. Los tres fueron ligados a proceso con medidas sustitutivas y las reacciones van desde señalamientos de criminalización contra el MP y la juez, hasta la congratulación de quienes consideran que las autoridades actúan en el marco de la ley.

Roxana Orantes Córdova

El 21 de noviembre de 2020, conocido como #21N, los vecinos del Centro Histórico vivieron una jornada de caos y terror callejero, cuando protestas contra el Presupuesto General de la Nación aprobado de urgencia nacional el 18 de noviembre de 2020 en el Congreso, motivó el descontento de diversos grupos.

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Aquel día, el humo de las llantas quemadas y gases lacrimógenos fueron constantes en la zona 1 capitalina, hasta entrada la noche, con saldo de varios heridos y unos 40 detenidos. En los disturbios fue herido un periodista, y la activista Nanci Chiriz Sinto fue golpeada por agentes de la policía.

Entre los heridos, tres perdieron un ojo. El vandalismo fue amplio y generalizado. Algunos manifestantes mencionaron la presencia de infiltrados, por la violencia que destruyó unidades de transporte público, una parada de Transmetro (aún no reparada por la Municipalidad) y especialmente, el incendio en el Congreso.

Como consecuencia, los ligados a proceso son Nanci Chiriz Sinto, activista simpatizante de Winaq; Juan Francisco Monroy, estudiante de artes visuales en la USAC, y Dulce María Archila, de 19 años, estudiante de Ciencia Política, artista y feminista.

#21N: daños contra el patrimonio

Nadie que respete el orden republicano democrático cree que manifestar es un acto criminal. Sin embargo, los matices para interpretar este derecho van desde avalar la destrucción del patrimonio, como símbolo de un “sistema que debe cambiar”, hasta afirmar que el vandalismo debe ser penado con todo el peso de la ley.

Al respecto, la Ley Para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación es drástica contra quienes dañan el patrimonio. Según su artículo 44, la pena es de hasta nueve años y una multa que alcanza el doble del valor del bien dañado.

Independientemente de la mínima atención que el patrimonio natural y el arqueológico reciben del Estado, el Ministerio Público (MP), realizó estas acusaciones con base a la ley vigente.

¡No ponerla como si fuese Bin Laden, por Dios!

Analista y columnista de opinión, Alejandro Palmieri Waelti no puede ser ubicado “a la izquierda”. Sin embargo, en su cuenta de Twitter comenta:

“Ordenar captura y procesar de esa manera a una patoja revoltosa por pintar edificios es un desperdicio de recursos y una ridiculez.

Sí, cometió un delito -falta, dicen algunos- que merece ser sancionado pero no ponerla como si fuese Bin Laden, ¡por Dios!”

En una línea más politizada, quienes avalaron a los tres capturados con sus opiniones, señalan que el MP está criminalizando a los activistas. Entre los comentarios que condenan la acción de las autoridades, varios restan importancia al daño contra el patrimonio, argumentando que “las pintas fueron lavadas con agua y jabón”.

Uno de los argumentos a favor de los sucesos 21N expresa que el Congreso es “un espacio de corrupción, misoginia y falta de justicia”. Además de familiares cercanos y compañeras de Dulce María, se han pronunciado a favor de ella, Chiriz y Monroy, la agrupación Winaq y Moloj, una organización política de mujeres, entre otros colectivos y organizaciones.

#21N “Se encuadra perfectamente en una acción terrorista”

El presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz, expresa:

“Me alegra sobremanera que se estén efectuando capturas por este caso, que encuadra perfectamente en una acción terrorista. Anteriormente, estos actos salvajes quedaban impunes, a pesar del rechazo generalizado de la población. Es obvio que pesaba más en el MP el tema ideológico que la justicia”.

“Manifestar no significa destruir”: Santizo

La abogada de Guatemala Inmortal (GI), Amanda Santizo, recuerda que como organización, han efectuado más de una protesta pacífica, además de “plantear acciones en el marco de la ley” contra más de un funcionario.

Esto, al mencionar que la acción penal del MP se está manejando mediáticamente como una persecución política.

“Manifestar no implica destruir propiedad privada ni estatal. Por ejemplo, las feministas suelen destruir los vidrios de la panadería San Martín para expresar su furia. No comprendo la relación entre quebrar vidrios y expresar una posición ideológica, como el feminismo”.

“Aplaudo al MP por la persecución penal emprendida. Anteriormente era difícil identificar a los autores de delitos tumultuarios, como los que se dan en protestas. Sin embargo, la tecnología y las cámaras de la Municipalidad contribuyeron para esta identificación”, expresa.

En cuanto a lo drástico de la respuesta estatal, Santizo señala que en sitios como Antigua Guatemala, las sanciones son drásticas para quienes cometen mínimas infracciones contra el patrimonio, en ocasiones por errores de los constructores en una obra.

“Estos daños no se comparan con los sucesos del #21N”, concluye.

 

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