Zury Ríos Sosa, a quien durante años se le vedó el derecho a participar como candidata en las elecciones, anunció que el domingo 8 de mayo dará un mensaje. Probablemente, este sea el de su candidatura, ya que la CIDH promovió un acuerdo amistoso que concluyó con el reconocimiento del Estado guatemalteco a que la dirigente de VALOR ejerza un derecho que «no puede restringirse por ningún motivo».
Roxana Orantes Córdova
Zury Ríos es admirada, temida y rechazada dependiendo de la posición ideológica de sus seguidores o detractores. Pero en torno a su figura existe un hecho indiscutible: durante años le vedaron la posibilidad de ser candidata a la presidencia, argumentando un artículo de la Constitución que puede considerarse anacrónico, porque se emitió en 1985, años después de que su padre fuera Jefe de Estado en un breve gobierno de facto.
Efraín Ríos Montt, cuando se le vedó ser candidato, reiteró este argumento: «la ley no es retroactiva».
El artículo citado (186), señala que no podrán optar a la presidencia:
«El caudillo, ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que hayan alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura del Gobierno».
En otro inciso del mismo artículo se indica:
“Los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo”
Entre los elementos que resaltan en el informe de la CIDH sobre el acuerdo amistoso, está que más de un familiar de golpistas y personas involucradas en ese tipo de acción fueron presidenciables. El texto menciona a Luis Ernesto Sosa Ávila 1990, Lionel Sisniega – Otero Barrios 2007 y Jacobo Arbenz Vilanova (2011).
¿Diputados sí pero no presidenciables?
Entre otros datos que sorprenden cuando se revisa la constante negativa de la candidatura presidencial, primero a Efraín Ríos Montt y luego a su hija, es que ambos fueron diputados por el Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
En el año 2000, Ríos Montt fue presidente del Congreso, puesto que según el ordenamiento republicano del Estado, tiene un rango de igual importancia que la presidencia. Su hija Zury también fue diputada en cuatro legislaturas.
Durante su gestión como diputada, las organizaciones de mujeres (en su mayoría de izquierda), la consideraron «aliada» por su posición en temas de salud femenina, género, apoyo a la normativa de paternidad responsable; Ley Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas y Ley del Sistema Alba-Keneth.
CIDH termina con la prohibición
Zury Ríos y Roberto Molina Barreto, vicepresidenciable de VALOR, presentaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 2019. Ambos solicitaron la posibilidad de una «solución amistosa» con el Estado de Guatemala, al que representa la Procuraduría General de la Nación.
En 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE), les denegó reiteradamente la inscripción como candidatos, pese lo que según concluye la CIDH, constituyó una violación a sus derechos.
El informe también recuerda que en 2015, Ríos había participado como candidata avalada por la Corte Suprema de Justicia y su candidatura fue aceptada por el mismo TSE que denegó su inscripción en 2019, basada en un fallo de la Corte de Constitucionalidad que, según la CIDH «se apartó de su precedente».
¿VALOR ya tiene presidenciable?
Aún no se conoce el anuncio que Ríos hará el domingo, pero probablemente sea su candidatura, ganada a pulso y avalada por la resolución amistosa que logró luego de acudir ante la CIDH.
