23.9 C
Guatemala City
martes, noviembre 30, 2021

Xela: silencio municipal ante usurpación de funciones

Condóminos en Xelagardens, Quetzaltenango, tienen reiteradas quejas contra la administración del lugar, que según dicen, impone multas fuera de lugar y comete otras arbitrariedades, ante el total silencio de las autoridades municipales.

Roxana Orantes Córdova

Hace unos días llegó a la redacción de Perspectiva la denuncia de vecinos que dicen ser objeto de abusos como el corte del servicio de agua como castigo por incumplir disposiciones arbitrarias de una administración cuestionada por los condóminos.

- Advertisement -

Para tener las dos versiones, contactamos a uno de los abogados de Complejos Coloniales S.A., Marco Sánchez, quien comenta:

“Nos reservamos la opinión y tomaremos las acciones legales pertinentes en este caso”.

Entrevistamos a Rafael Maldonado, quien mañana interpone una acción de amparo a favor de su cliente; Silvia García Ayala, propietaria de un lote y otros dos vecinos que se dicen afectados y prefieren no dar sus nombres.

Condóminos denuncian cortes de agua

Maldonado interpondrá el amparo debido a que a su cliente le cortaron el servicio de agua “por estacionarse frente a su casa”, señala y agrega que según el reglamento del condominio, no están contempladas las multas por este motivo.

Al cliente de Maldonado le impusieron una multa de US$200 por estacionarse frente a la propiedad que adquirió en el lugar y donde reside. Al no pagarla, le cortaron el agua.

Este cliente se comunicó al cierre de edición con Perspectiva, para aclarar que la primera multa fue de US200, poco después de US$500 y actualmente es de US1000. Además de cortarle el agua, lo amenazan con no permitirle el ingreso al condominio.

Según el abogado, hay registros de “multas discrecionales” realizadas por la administración, que ejerce la empresa que vendió los lotes. “Esta empresa ya no es la propietaria, sino son los condóminos, a quienes se ha amenazado con negar el acceso a la lotificación”, dice.

Conocido por su trayectoria ambientalista, Maldonado indica que para él lo más grave es negar a los propietarios el acceso al agua potable, considerado como un derecho humano por la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“Me cortaron el agua por estacionar frente a mi casa”, señala vecina

Una de las vecinas que prefiere no ser citada por su nombre, narra una situación muy parecida a la anterior. “Tenemos varios vehículos en la casa y nos pusieron una multa de US$200 por estacionarnos fuera de la propiedad”, indica.

“Llevamos varios años viviendo ahí. A principios de año, pretendían que pagáramos parqueo por los vehículos que no se que no se estacionen dentro de las residencias. Pero nosotros también somos dueños de las áreas verdes”, cuenta la vecina.

Según dice: “al no pagar la multa, me bloquearon la cuenta para pagar el mantenimiento y argumentando que no se pagó, me cortaron el agua. Varias personas han interpuesto diferentes recursos legales y al menos uno ya fue favorable”.

“Los administradores no son agentes retenedores de impuestos”: Silvia García Ayala

“Por el momento, no soy inquilina del lugar. Compré un lote y tuvimos muchas dificultades para que nos aceptaran los planos. Sin embargo, no estoy de acuerdo conque cobren poco más de un dólar mensual por el cobro del IUSI, que se paga trimestralmente. No son agentes retenedores”, informa.

Según García: “es importante denunciar los abusos sin temor, porque comienzan cobrando diez quetzales y poco a poco le aumentarían. Si no se para, van a incrementar lo que se les antoje”.

Condóminos apuntan a dos municipalidades

Además de los anteriores, fueron entrevistados otros vecinos del lugar. De esas declaraciones sacamos el siguiente extracto:

Las fases I y II del proyecto cuentan con 850 lotes. Sin contar la fase III, el monto mensual del “supuesto IUSI” sería de unos Q100 mil, a lo que se suman los ingresos por mantenimiento, que redondearían unos Q300 mil mensuales.

“Por eso no quieren convocer a asamblea de vecinos, quienes podrían cambiar la administración del lugar”, dice uno de los denunciantes.

Sumado a lo anterior, la fase III se ubica en Chichihuitán, un poblado indígena. “Se pidió la aplicación del Convenio 169 de la OIT, pero los respectivos alcaldes lo omitieron. Al parecer, están en contubernio con la empresa”, aseguran.

La denuncia indica que Xelagardens tendría una enorme deuda con la Municipalidad por IUSI (cuando inició el proyecto), y otra por energía eléctrica (durante la etapa de lotificación). Los cobros serían una forma de abonar a dichas deudas, puesto que los condóminos pagan su propia energía eléctrica y su IUSI, dice uno de los vecinos.

Finalmente, señalan:

El alcalde, en lugar de apoyar a los vecinos de Xelagardens, se puso de parte de la empresa que además ha evidenciado varias irregularidades. Por ejemplo, las calles son más estrechas de lo que ordena el Plan de Organización Territorial (POT).

Les pusieron una multa baja, la pagaron, pero las calles quedaron igual de angostas. El problema es la movilidad del tránsito dentro del condominio. De ahí se agarran para multar,  cuando es responsabilidad de ellos, por construir esas vías estrechas.

Esperamos entrevistar próximamente al abogado Marco Sánchez o a otro miembro del equipo asesor de la empresa, a fin de que expongan la posición de Xelagardens ante los señalamientos.

 

Últimas Noticias

Noticias Recomendadas