Virginia Laparra, fiscal de la FECI que fue capturada recientemente, habría cometido más de un delito, señala Lesther Castellanos, juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente en Procesos de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, narra Castellanos en esta entrevista con Perspectiva.
Roxana Orantes Córdova
Virginia Laparra, cercana colaboradora de Martha Lucía Zamora, la polémica colombiana encargada de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en Xela, que salió de Guatemala subrepticiamente, «para seguir recibiendo su sueldo», dijo en su momento Oscar Platero.
Castellanos, quien en 2018 recibió un «sobresaliente», con 96 puntos en una evaluación del Consejo de la Carrera Judicial, narra que las funcionarias citadas hablaron de más durante la audiencia de un proceso que estaba en reserva. Esta infidencia fue replicada por dos medios escritos que publicaron notas sobre el tema.
El juez de Quetzaltenango enfrentó siete solicitudes de retiro de antejuicio, y cada una de ellas fue desestimada. Las acciones en su contra se prolongaron casi cuatro años, sumadas al daño contra su integridad, que finalmente quedó sin manchas.
Como respuesta, él denunció a Laparra, por varios delitos que explica en esta entrevista. Además, aclara que la fiscal no fue capturada en relación con esa primera acusación de fuga de información, sino por obstrucción de la justicia. Y este caso se ventila en Guatemala, no en Quetzaltenango.
¿Por qué denunció a Virginia Laparra ante Asuntos Internos del MP?
Interpuse una denuncia a título personal, debido a que Flor de María Gálvez, de CICIG y Virginia Laparra, por instrucciones de Martha Lucía Zamora, filtraron información sobre un testigo protegido, durante la audiencia de un caso que estaba en reserva.
Esto sucedió el 7 de agosto, un día después, la información se publicó en dos medios escritos. Cuando el caso ya no estaba en reserva, el penalista Omar Barrios comentó sobre la resolución de la sala en redes sociales.
Poco después, me acusaron de filtrar esa información a Barrios. Debo aclarar que la resolución no fue mía y que a Barrios lo involucran para llegar a mí. La resolución comentada por Barrios no era mía y él no es parte del proceso. Fue un montaje para responsabilizar a otros de su filtración y al mismo tiempo, una venganza contra Barrios, quien había ganado casos a la CICIG.
Este es el caso emblemático en Quetzaltenango que ilustra cómo actuaron la CICIG-FECI. Tiene todos los componentes, involucra mentiras, usurpación de funciones, abusos de autoridad y apoyo de algunos medios.
¿De qué se acusa a Laparra?
Virginia Laparra presentó siete denuncias en mi contra ante la Junta Disciplinaria, pero cometió algunos errores: no denunció a título personal, sino como fiscal de la FECI, que utilizó para presionar, lo que está prohibido en la Ley de Probidad.
Estas denuncias se montaron para exculparlas, porque habían revelado información reservada durante una audiencia. Sumado a ello, hicieron todo lo posible para impedir que me defendiera y presentara los documentos de descargo.
Los señalamientos contra ella son abuso de autoridad, obstrucción de la justicia, usurpación de funciones y filtración de información. Atacó la independencia judicial con denuncias basadas en hechos falsos.
¿Se han dado intentos de obstaculizar el proceso?
Por ejemplo, ella solicitó la incompetencia del juez Séptimo de Guatemala, que debe resolver. Esto fue considerado obstrucción a la justicia. Su intención era incluir todas las acusaciones en su contra en una sola carpeta, algo similar a la llamada Multicausa, donde Siomara Sosa pretendía incluir su caso.
En esta «guerra jurídica» (lawfare), se han visto variaciones de una misma mentira, repetidas por distintos actores.
Como agente fiscal de la FECI, ella no tenía competencia de denunciar, a menos que estuviera siguiendo las órdenes de la Fiscal General o de su jefe inmediato, Juan Francisco Sandoval. No tenía la competencia.
Recientemente, intentaron ingresar el caso en un juzgado de turno, a la una de la madrugada, cuando el juez contralor, el juez natural es el Séptimo. Retrasan el proceso porque creen que en algún momento, les asignarán un juez ad hoc que la deje libre. No es que se esté retrasando la justicia. Ella no deja que avance.
¿Cómo actuó Asuntos Internos ante su denuncia?
Desde 2017, con Obdulio Rodas y Alex Samayoa, Asuntos Internos fingió investigar. Los denuncié por malos procedimientos. Fueron sancionados y cambiados de fiscalía. Cuando llegó Marlon Pacheco, obstruyó el proceso. En dos o tres años no hubo avances y pasó un largo tiempo antes de que Juan José Mendizábal actuara.
Los procedimientos de la FECI-CICIG dejaron mucho temor en jueces y fiscales. Quien no obedecía era destruido. Por ejemplo, la juez Martha Sierra de Stalling, quien le certificó lo conducente dos veces a la CICIG y le montaron dos casos para alinearla.
¿Por qué esta fiscal es conocida en medios nacionales y extranjeros como «fiscal anticorrupción», cuando actuó en la FECI, no en la Fiscalía contra la Corrupción?
Es un recurso de sus defensores. Saben que usando la palabra «anticorrupción» obtienen simpatías del público. Pero esta adjudicación falsa, en lugar de ayudarla le hace daño. Ella no es fiscal anticorrupción, es de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
Ni uno solo de los casos de esta fiscal procedió. Ni uno. No tiene mérito en sus procesos, por ello le queda como recurso litigar en redes y medios.
¿Cómo le afectaron las siete denuncias en su vida personal y profesional?
Mi madre, esposa y familia cercana siempre creyeron en mí. Tampoco me afectó en mi carrera. Me sostuve defendiendo la independencia judicial y al final, el sistema me dio la razón.
Sin embargo, hubo un daño que no puede revertirse y es toda la gente que llegó a verme con desconfianza, como un «juez de la corrupción». Es un estigma y un daño moral.
¿Qué le diría a los guatemaltecos que han seguido este caso?
Me acusaron junto a Barrios falsamente. Cuatro años después, nos dan la razón. Ella hizo lo que nos había imputado. Traté de conciliar, de darle una oportunidad para terminar en paz con esto. Ella no quiso.
Mi posición en esto no es personal. Fue una denuncia en virtud de que se intentaron lavar las manos con mi persona. Y la hice como ciudadano, no como juez, para no caer en omisión de denuncia.
