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lunes, julio 26, 2021

Usurpación de propiedad, un flagelo que azota a Guatemala

Esta tarde, fueron ligados a proceso 21 participantes en la usurpación de la finca donde funciona la Escuela de Agronomía en Cobán. Días antes, durante el desalojo de otra propiedad, los ocupantes ilegales recibieron a las autoridades a balazos. Horst Spitzke, presidente de ACDEPRO, explica la situación de las usurpaciones, que según afirma, tienen tintes de crimen organizado.

Roxana Orantes Córdova

Las usurpaciones ilegales de propiedad se realizan de forma impune hace mucho tiempo y últimamente, alcanzan áreas urbanas, como se vio en la colonia Nimajuyú de la capital.

Se trata de un delito tipificado en los artículos 256 y 257 del Código Penal, donde se indica que “la permanencia en el inmueble constituye flagrancia en este delito”. Asimismo, se menciona que las autoridades tienen la obligación de impedir “que los hechos punibles continúen”.

Entre los agravantes mencionados por la ley, está la participación de más de cinco usurpadores y la permanencia por más de tres días.

Pese a que la ley lo establece, en Guatemala hay entre 1,500 y 2,000 propiedades invadidas, expresa Horst Spitzke, quien preside la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO).

Spitzke añade que este año, el Ministerio Público (MP), reporta 550 denuncias de usurpaciones y entre 2004 y 2021 se contabilizan 19,051 casos. El entrevistado señala que muchas de las usurpaciones, especialmente las que se llevan a cabo en la región fronteriza con México, tienen tintes de estar relacionadas con el crimen organizado y añade que en estos hechos están implicadas organizaciones no gubernamentales que son financiadas desde el extranjero, como el Comité de Unidad Campesina (CUC) y el Comité Campesino del Altiplano (CCDA).

Intentamos reiteradamente comunicarnos con Jorge Morales Toj, abogado del CUC, y Leocadio Juracán, ex diputado de ANN y miembro del CCDA, pero no respondieron ninguna de las llamadas y mensajes.

La hoja de ruta de la usurpación

Spitzke explica que quienes promueven las usurpaciones estafan de varias maneras a los “pobres campesinos”, quienes caen en la trampa. En primera instancia, narra, les ofrecen terreno y les explican que deben cancelar entre Q3 mil y Q5 mil, para apartar su tierra.

Posteriormente, los llevan en buses al terreno usurpado a donde acuden “los líderes que les presentan a un licenciado y les indican que van a medir los terrenos. Les piden alrededor de Q25 mil para estos trámites y luego se desaparecen”, señala.

Según el entrevistado, en estas mafias están involucrados, además de los organizadores, funcionarios de varias dependencias, líderes políticos como ex candidatos o candidatos a puestos de elección popular y en ocasiones, miembros de la delincuencia organizada.

El área geográfica que parece abandonada por la autoridad comprende Izabal, Cobán, El Estor, la zona del Polochic y otras áreas cercanas a la frontera con México. “Hay áreas, como El Estor, donde un 90% de las tierras ha sido invadida. Los usurpadores se quedan durante años y reciben violentamente a los propietarios”, narra.

“Esperamos que a partir del 21 de junio, cuando entre en vigencia la ley que fiscalizará a las ONG´s, comience a tomarse en cuenta el vínculo de algunos de estos grupos con delitos como las usurpaciones ilegales. Las embajadas de los países que los financian, el MP y los juzgados deben vigilar que se cumpla la normativa y estos grupos dejen de usurpar propiedades”.

Urge el imperio de la ley

La propiedad privada es un derecho humano”, dice Spitzke, quien agrega que el 16 de junio, el CUC denunció el uso excesivo de fuerza en la finca Canaán en el Estor Izabal. Sin embargo, el video que ACDEPRO circuló en redes, y tomas de dron realizadas por el MP, demuestran que los invasores respondieron con disparos a las autoridades.

“Se completó el proceso legal y para los desalojos existen protocolos establecidos en la ley. Se menciona el uso excesivo de fuerza, pero puedo asegurar que no se trató de ningún show. Si las autoridades llegan con tres patrullas, los usurpadores las hubieran quemado. Son violentos y actúan al margen de la ley. Un socio de ACDEPRO tiene su finca ocupada hace más de un año y no puede presentarse a su propiedad, porque lo reciben a pedradas y de forma muy agresiva”.

Para el presidente de ACDEPRO, esta situación deriva de que, a partir de los Acuerdos de Paz, el Ejército cumplió con su parte, reduciendo su presencia en esas zonas, que resultaron abandonadas de la ley y en las que comenzó a operar el crimen organizado.

Toda clase de delitos están involucrados en las regiones donde la usurpación se ha convertido en una industria que desplaza a las industrias legítimas, ahuyentando la inversión, comenta.

“Hoy se cumplió la ley”

“Hoy pudimos ver a una juez valiente, Úrsula Teyul, quien ligó a proceso a 21 implicados en la usurpación de un terreno donde funciona una escuela. La felicitamos, así como al gobernador y a la PNC de Cobán, quienes actuaron apegados a la ley”, señala Spitzke.

“Existen jueces valientes, pero también hay servidores públicos que no cumplen con su deber. Le pedimos al Estado que no esté pasivo ante estos delitos graves. Los tres organismos estatales deben velar porque se garantice la propiedad privada. Y recordamos que la Procuraduría de los Derechos Humanos es una oficina del Congreso creada para garantizar los derechos humanos. La propiedad privada es un derecho humano que debe ser garantizado”, concluye.

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