Una ley a la medida de los alcaldes

La propuesta es sencilla y no deja dudas: las reformas a la Ley de Contrataciones permitirían a las municipalidades realizar compras sin licitar. Aunque  el proyecto fue  vetado anteriormente (beneficiaba todo el Ejecutivo), ahora marcha “a todo vapor”, dejando indicios de que podría tratarse de la práctica conocida como “Pork Barrel”. Especialmente, si a esto se suma la ampliación presupuestaria a la comunas, que podrían disponer hasta de Q15 mil millones en pleno año electoral.

Roxana Orantes Córdova

Incrementar significativamente el presupuesto de las comunas fue un ofrecimiento del mandatario Alejandro Giammattei, quien con esta oferta dio indicios de que efectivamente, en el Congreso existe la llamada “alianza oficialista”, que le permite al Presidente decidir aspectos que solo se resuelven con el voto legislativo.

El partido gobernante tiene una bancada poco numerosa, pero recibe el aval de varios grupos significativos, como la Unidad Nacional de la Esperanza.

Finalmente, al aprobar el presupuesto nacional, los diputados incrementaron Q.2 mil 405 millones a las alcaldías, que podrán ejecutar estos fondos (cerca de Q15 mil millones), sin ninguna norma de transparencia.

Esto, si se aprueban las reformas a la Ley de Contrataciones, que avanzan a marcha forzada en el Legislativo y probablemente, en esta ocasión no serían vetadas por Alejandro Giammattei.

Ley a la medida de los alcaldes

La iniciativa fue presentada en abril de 2021 por los diputados Shirley Joanna Rivera Zaldaña, Manuel Eduardo Conde Orellana, Carlos Santiago Nájera Sagastume, Karla Andrea Martínez Hernández, Thelma Elizabeth Ramírez Retana, Carlos Enrique López Maldonado, Maynor Gabriel Mejía Popol, Juan Francisco Mérida Contreras, Anibal Estuardo Rojas Espino, Hellen Magaly Alexandra Ajcip Canel y Sandra Patricia Sandoval González.

Los legisladores reformaron la propuesta, eliminando al Ejecutivo y dejando el privilegio de que las municipalidades y sus empresas, puedan comprar sin concurso siempre que el monto no exceda los dos millones de quetzales (numeral 6, artículo 9).

A partir del 14 de noviembre, cuando obtuvo dictamen favorable en la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, la reforma ha marchado rápidamente, al parecer hacia su aprobación. Al momento está pendiente de tercer debate, lectura por artículos y redacción final. Esto, a las puertas del año electoral, abre la posibilidad de que el partido gobernante logre adeptos entre los alcaldes.

Es vox populi que los jefes ediles no vacilan en cambiar de vehículo político cada cuatro años, en busca de la reelección. También es conocido públicamente y en informes de la Contraloría General de Cuentas, que las obras ediles suelen estar sobrevaloradas y especialmente, que la ejecución de infraestructura es prácticamente nula.

El proyecto consta apenas de cinco artículos que serían reformados. Pero estos pocos artículos garantizarán a las alcaldías el incremento sustancial a las compras que puedan realizar sin controles de transparencia. Y a esto se suma el elevado presupuesto que tendrán las alcaldías.

Por el momento, algunas voces ciudadanas comienzan a levantarse argumentando que el país estaría frente a la práctica conocida como «Pork Barrel», fenómeno estudiado principalmente por sociólogos estadounidenses.

 

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