El Ministerio Público (MP), anunció que investigará de oficio la compra de dos aviones Pampa III al gobierno argentino. Sin embargo, el dignatario de la Nación Alfredo García, afirma “no existe delito porque no se ha realizado la compra. Los fondos para ese gasto no están presupuestados y no hay registro en Guatecompras”. Para un sector de la población, el tema desvía la atención de un hecho crucial: estamos a las puertas de la segunda vuelta electoral y persiste la incertidumbre sobre la elección recién pasada, de la que todavía no se tienen datos oficiales.
Roxana Orantes Córdova
En un contexto enrarecido por las dudas de un sector ciudadano sobre los resultados electorales, la negociación del gobierno guatemalteco con el argentino, para adquirir dos aviones de entrenamiento Pampa III, acapara la discusión ciudadana y la atención de los medios.
La negociación entre Jimmy Morales y su homólogo Mauricio Macri ha desatado diversidad de comentarios, que van desde quienes abogan por la adquisición, que consideran fundamental para combatir el narcotráfico, hasta los que opinan que “Es inaceptable que un país como Guatemala fije como una prioridad o urgencia la adquisición pública de armas y equipo bélico, ya que desvía recursos de los esfuerzos para solucionar los gravísimos problemas estructurales que enfrenta”, como afirma un comunicado del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI).
La opacidad es uno de los aspectos más fuertes de quienes están en desacuerdo con esta adquisición, que pese a todo, está lejos de ser un hecho, puesto que ni siquiera tiene partida presupuestaria, señala García, quien agrega que por el momento estamos como aquellos que adquieren cualquier objeto con un cheque sin fondos.
El asidero legal de esta acción es un convenio de cooperación técnica bilateral entre Argentina y Guatemala, que entró en vigencia en 1983. “Pero no hay licitación y la compra no está apegada a la Ley de Compras y Contrataciones. Es algo sin pies ni cabeza”, expresa García.
Sin embargo, si el Estado guatemalteco realizara esta erogación calculada en Q 215 millones, constituirá un duro golpe para las finanzas del Estado, señala Ricardo Méndez Ruiz. Desde otra perspectiva, Jonathan Menkos, economista del ICEFI, expresa en redes sociales:
“Es inaceptable que en una sociedad con tantas necesidades insatisfechas se priorice la compra de aviones militares y equipo bélico. Los presupuestos públicos deben basarse en un ordenamiento de prioridades dirigido al bien común y no a satisfacer los caprichos de quien gobierna”.
La lucha contra el narcotráfico debe ser financiada por EE.UU.
Según comenta Méndez Ruiz: “mi cuestionamiento en referencia a la compra de los aviones se dirige en el sentido que esa adquisición golpea fuertemente las finanzas del ejército en un rubro en el que la institución armada no debería gastar dinero, o debería gastar muy poco, porque los llamados a financiar la lucha contra el narcotráfico, son los Estados Unidos”.
Y agrega: “esos fondos habrían sido mejora canalizados si se hubieran utilizado para la adquisición de helicópteros para aerotransportar tropas a cualquier punto del territorio nacional (que también habrían servido en caso de desastres naturales), o para el correcto equipamiento de nuestras tropas, lo que incluye desde botas y uniformes, hasta tecnología de punta para nuestras fuerzas especiales, en aspectos que don muy variados y escasos, como visores nocturnos y rifles para francotirador y equipo de radio transmisión moderno”.
Si los Estados Unidos presionó al presidente de la República hasta un punto en el que él se vio forzado a adquirir los dos aviones a Argentina, antes se debió analizar ofertas como la de Chile, que hace un par de años vendió 10 aviones Cessna A37 a El Salvador por US$ 8 millones. No eran aeronaves nuevas, pero sí en perfecto estado y con características superiores a los Pampa que adquirió la Fuerza Aérea Guatemalteca.
Financiar este gasto considerable podría implicar la necesidad de transferencias presupuestarias, señala Méndez Ruiz, quien comenta que existen varias debilidades en la ejecución presupuestaria de diferentes instituciones, de las cuales “la que lo ejecuta de forma más eficiente y transparente es el ejército”.
Finalmente, comenta que entre algunos mandos medios del ejército, se defiende la compra con ese argumento, sumado a que otros ministerios destinan gran parte de sus fondos a financiar pactos colectivos lesivos. Sin embargo, concluye, en el interior de la institución armada, también hay muchos que adversan esa compra.
ICEFI: gobierno debe desistir de comprar equipos bélicos
Perspectiva intentó contactar a Jonathan Menkos pero fue imposible. Sin embargo, el ICEFI divulgó un comunicado en el que se expresa claramente la posición de esa entidad. Los puntos que sintetizan esa posición son:
- Demanda al Gobierno de Guatemala desistir de la compra de aviones militares y de otros equipos bélicos e insta a la Contraloría General de Cuentas y al Ministerio Público a realizar cuanto antes las investigaciones, sancionar y deducir las responsabilidades que tanto en materia administrativa como penal, respectivamente, correspondan.
- Como una de las principales herramientas para el desarrollo, el presupuesto público debe seguir un ordenamiento de prioridades dirigido al bien común y la solución de los graves problemas socioeconómicos que enfrenta Guatemala y que limitan el bienestar de sus ciudadanos y, en consecuencia, el desarrollo democrático.
- La acción choca con realidades alarmantes, como la desnutrición crónica del 46.5% de la niñez y la falta de cobertura educativa y la salud pública tiene la misma capacidad de atención que existía en 1955.
A todo lo anterior, indica el pronunciamiento del instituto citado, se suman los hechos de violencia extrema y el deterioro de la infraestructura económica y social. Y todo esto, “sin una respuesta gubernamental apropiada y contundente”.
A grandes rasgos, estos son algunos de los elementos del contexto socioeconómico que presenta el ICEFI para argumentar que “la compra de aviones militares y otro equipo bélico no puede constituir una urgencia superior a la obligada atención de inversiones sociales. Además de la ilegitimidad de priorizar la compra de equipo militar en el contexto antes descrito, las negociaciones para estas adquisiciones se han realizado con opacidad.”
¿Cortina de humo?
El debate sobre la compra de los aviones Pampa III es interesante y evidencia, desde diversos puntos de vista, los graves problemas de la administración pública en el país. Sin embargo, una gran pregunta circula en las redes sociales: ¿por qué se investigará con tanta inmediatez un negocio que aparentemente no se ha concretado, mientras permanece la total incertidumbre sobre el proceso electoral?
El sábado 13, los ciudadanos descontentos ya convocaron a otra manifestación para exigir que se esclarezcan las dudas sobre el proceso. Entretanto, los dos candidatos punteros están en plena campaña.
