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lunes, julio 26, 2021

Un amparo que habría facilitado el tráfico de influencias

La denuncia de la abogada Amanda Santizo contra Gloria Porras y su esposo, devela cómo un recurso de amparo que parece sacado de una comedia del absurdo, pudo haber servido de llave maestra para abrir la puerta de una consultoría municipal al esposo de la ex magistrada. Santizo explicó a Perspectiva los detalles de la denuncia penal que presentó al MP hoy cerca de mediodía.

Roxana Orantes Córdova

Desde el domingo, Amanda Santizo dio a conocer en su cuenta de Twitter que hoy presentaría la denuncia que finalmente llegó al Ministerio Público (MP), poco después de las once de la mañana.

La denuncia contra Gloria Patricia Porras y Marco Tulio Pacheco Galicia fue interpuesta por los delitos de Tráfico de Influencias, tipificado en el artículo 35 de la Ley Contra la Corrupción, y Cohecho Pasivo, artículo 439 del Código Penal, ambos en calidad de calificación jurídica provisional, indica la demanda.

Entrevistada por Perspectiva, Santizo explicó que actúa en su calidad de ciudadana guatemalteca y explicó que el esposo de la magistrada, Pacheco García, tiene registradas 32 adjudicaciones en Guatecompras, que suman Q.547,100 entre 2012 y 2020.

Al revisar dicha página, es imposible descargar los informes laborales y facturas de Marco Tulio Pacheco, como es posible hacer con la de casi cualquier otro proveedor registrado en Guatecompras. La abogada explica que desde hoy por la mañana, esa información fue convenientemente eliminada de dicho portal de transparencia.

“Considero que si el abogado denunciado aún está en el país y tiene sus documentos en orden, lo normal es que se presente ante la justicia. Por lo menos, nos consta que todavía cobró el mes de marzo recién pasado”, señala la abogada, quien agrega que resulta bastante extraño que Pacheco tuviera consultorías con municipalidades ubicadas en sitios bastante distantes, como Petén, Sololá, Jutiapa y Escuintla.

Además, le parece extraño que en el contrato con el alcalde de Escuintla, Edgar Abraham Rivera Estévez, Pacheco aparece como “Bachiller”, aunque es abogado y notario. Pero más allá de los detalles que pueden motivar suspicacia, el motivo de la denuncia es un hecho tortuoso y bastante surrealista, digno de figurar en los anales de las “repúblicas bananeras” por el cínico ejercicio de poder que se muestra en toda la trama que se sintetiza a continuación, a partir de la denuncia presentada hoy a media mañana por Santizo.

La trama de una opereta digna de una república bananera

La historia que origina la denuncia interpuesta por Amanda Santizo, inicia con un amparo otorgado al secretario de un partido político, Edgar Abraham Rivera Sagastume, pasando por las consecuencias de esta acción, favorables a dos de los hijos del referido secretario y finalmente, la contratación de Marco Tulio Pacheco (esposo de la magistrada que promovió el otorgamiento del amparo), por otro de los miembros del clan Rivera, hermano de los diputados.

En marzo de 2020, el secretario general del partido Victoria, Edgar Abraham Rivera Sagastume, solicitó a la Corte de Constitucionalidad (CC), un amparo contra la Junta Directiva del Congreso, debido a que esta no reconocía como jefe y subjefe de la bancada a Manuel de Jesús y Juan Carlos Rivera Estévez, hijos del amparista.

La Junta Directiva había argumentado que según la ley, “no le compete calificar la calidad de los miembros de un bloque legislativo”. La historia pasó de ser folclórica a rocambolesca cuando la CC otorga el amparo a Rivera, de quien medios escritos han publicado reiteradamente que organizó su partido como corporación familiar.

El clan familiar de Porras en el Estado

El alcalde de Escuintla, otro de los hermanos Rivera, fue señalado por más de una publicación, en enero de 2020, por erogar Q.83 mil mensuales en siete asesores jurídicos, entre ellos dos ex candidatos de UNE y uno de Semilla a puestos de elección . Y es esa la corporación que contrató al esposo de la magistrada, entre junio y diciembre de 2020, según Guatecompras, donde constan muchas otras contrataciones similares otorgadas a Pacheco por otras corporaciones ediles, algunas con cuestionamientos implícitos, como señaló el medio Relato GT, donde se narra:

“(El) esposo de Gloria Porras. Fue asesor legal de 8 municipalidades, entre ellas la de Acatempa, Jutiapa. Donde los familiares de Manolo Castillo, señalado del asesinato de los diputados salvadoreños y vinculado al crimen organizado le han contratado. En algunas de estas comunas cobraba entre Q12 mil y Q180 mil como asesor jurídico”.

Esto, en el contexto de las tachas que en enero de 2020, presentara la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), contra la candidatura de Porras, con varios familiares trabajando en el Estado, entre ellos el esposo, dos hijos y un hermano que trabajó como “grabador y verificador de datos en el TSE”, señala la publicación citada.

La denuncia de hoy contra la magistrada que salió del país para realizar actividades académicas desde el día en que perdió la inmunidad, no está relacionada con la red de familiares de Gloria Porras en el Estado. Sin embargo, la investigación de Relato GT es un antecedente que contribuye a completar el cuadro de esta historia que podría ser de comedia si no implicara la credibilidad y honor de las instituciones, además de varios delitos que implicaría el tráfico de influencias para garantizar a los familiares de los funcionarios un puesto en el Estado.

La licenciada Amanda Santizo comenta que la denuncia debe ser investigada, para esclarecer si existió relación entre el amparo otorgado a los Rivera y la contratación del esposo de la magistrada que promovió ese hecho, el cual según afirma, debe ser aclarado siguiendo cada paso del debido proceso al que los señalados tienen derecho, así como también tienen el deber de presentarse ante la ley.

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