La Corte de Constitucionalidad (CC) y sus diferencias con el Congreso mantienen la atención de la opinión pública, dividida de forma radical sobre algunos aspectos de esta discrepancia. ¿Los magistrados se auto ampararon? ¿Los diputados pueden desobedecer las demandas de la CC? Estas y otras interrogantes son respondidas por Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, el presidente del IMACOJ, Estuardo Castellanos y el abogado Edgar Ortiz, desde la perspectiva de cada uno de ellos.

Roxana Orantes Córdova

Desde hace unos días, la disputa es el eje central de las opiniones y debates en redes sociales y medios de comunicación. Las opiniones están divididas entre quienes consideran que los magistrados de la CC actuaron correctamente y validan su demanda para conservar el expediente que incrimina a Gloria Porras, Bonerge Mejía, Francisco de Mata Vela y Neftalí Aldana.

Nuevamente, la CC emitió un fallo favorable a un amparo que le favorece y con base en esta resolución, ordenó al Congreso entregarle el expediente. El Congreso se negó. La CC le ha dado un plazo de horas, que al cumplirse se extendió y al no obtener respuesta, la CC “certificó lo conducente al Ministerio Público para que inicie las investigaciones pertinentes dentro del ámbito de sus atribuciones, a fin de que proceda conforme la ley”.

Los últimos sucesos alrededor de esta situación son:

1. La denuncia penal que la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), interpuso el 29 de junio contra los magistrados Gloria Porras, Francisco De Mata Vela, María Cristina Fernández, Bonerge Mejía y José Par Usén. Además, incluyó en la demanda al Procurador Jordán Rodas, a Helen Mack y Manfredo Marroquín, quienes han interpuesto amparos en esa instancia en diferentes momentos.

2. Jordán Rodas expresó en su cuenta de Twitter: “Cabe recordar que los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad a los que hoy se les hostiga por el ejercicio de sus funciones cuentan con medidas cautelares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Además, indicó: “Histórica decisión donde se evidencia que no hay nadie superior a la Ley. Ahora le corresponde a la Fiscal General y Jefa del @MPguatemala actuar con agilidad y eficacia”.

Manfredo Marroquín: “deben capturar a los diputados, por delito flagrante”

El Congreso está transgrediendo las leyes, porque “no está cumpliendo con la orden de entregar el informe que les dio la CC. La solución de esto es que la CC dicte lo conducente contra la Junta Directiva del Congreso, porque se trata de un delito flagrante. No hay nada que investigar”, señaló Manfredo Marroquín, quien agregó:

“Este grupo de magistrados sí puede auto ampararse, porque los otros magistrados se inhibieron. Sí se ve mal, pero no es ilegal. El amparo era necesario porque los diputados estaban listos para destituirlos. Era el pellejo de uno o el del otro. Y la única opción que tienen ahora los diputados es obedecer lo que la CC ordene”.

Ortiz: “por flagrante que sea, los diputados tienen antejuicio”

“La desobediencia de los diputados debe referirse al Ministerio Público. Por flagrante que sea, el tema debe ser investigado por el MP debido a que los diputados fueron electos por voto popular y tienen derecho de antejuicio. Si el MP considera que hay indicios suficientes, la Corte Suprema de Justicia decidirá si se les retira o no el derecho de antejuicio”.

Según Ortiz: “critico profundamente lo que hizo la CC, porque los magistrados interesados debieron inhibirse, aunque el artículo 170 los faculta para inhibirse o no, “cuando a su juicio, por tener interés directo o indirecto o por estar comprometida su imparcialidad”.

Es un tema ético, no legal, afirmó Ortiz, quien también dijo: “en el fallo que ordenaba al Congreso actuar según lo indicado por el MP, la corte trató de cumplir con preceptos del sistema internacional de justicia. Estamos bajo el sistema interamericano de derechos humanos, según el cual tenemos derecho a la justicia imparcial. Y el sistema de elección de jueces y magistrados no es el adecuado”.

“¿Los magistrados de la CC están por encima de la ley?

Esta es la pregunta, señaló Estuardo Castellanos, presidente del Instituto de Magistrados del Organismo Judicial (IMACOJ), que puso la denuncia penal contra la CC, acción de la cual derivó esta serie de acciones judiciales que confrontan a la CC con la CSJ y el Congreso, y a este con el MP.

Y evidentemente, la respuesta a la pregunta es no, dijo el magistrado. “Nadie está por encima de la ley. El conflicto entre el Congreso y la CC se produjo porque la CC le dio al Legislativo una orden ilegal.

Cuando los magistrados de la CC dicen que no son responsables por sus opiniones, citan el artículo 167 de la Ley de Amparo, donde se establece esto. “Pero jamás hacen referencia al artículo 69, relativo a la impugnación de lo resuelto: Contra las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad sólo procede la aclaración y ampliación, pero los magistrados que las dicten serán responsables con arreglo a la ley”. Y volvemos a la pregunta original, concluyó Castellanos: “¿los magistrados de la CC son inmunes ante la ley?”

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