Sonia Gutiérrez, en compañía de los diputados Andrea Villagrán y Adán Pérez y Pérez, presentaron esta mañana una denuncia ante la Procuraduría de los Derechos Humanos contra la Junta Directiva del Congreso.
Redacción Perspectiva
Sonia Gutiérrez y los otros dos legisladores, señalan que su oposición a que el Ministerio de Comunicaciones reciba más de tres mil millones de quetzales para ejecutar obra gris, les valió más de una violación a sus derechos.
En primer lugar, señalan que se les coartó el uso de la palabra. Al parecer, la Junta Directiva prefiere no escuchar argumentos disidentes. En segundo lugar, indicaron que fueron objeto de amenazas por los integrantes de la “aplanadora del saqueo y la corrupción”.
Sonia Gutiérrez denuncia a la «aplanadora del saqueo y la corrupción«
La abogada y jefe de bancada de Winaq acuñó el término «aplanadora del saqueo y la corrupción» para referirse al grupo de legisladores obsecuentes a cualquier orden del Ejecutivo.
Pese a que VAMOS no logró una bancada significativa en las elecciones y los analistas auguraban debilidad para el partido gobernante en el Congreso, esa situación se «solucionó» poco después, con la adición de otras bancadas, especialmente el grupo «sandrista» de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que habría negociado su inmunidad a cambio de la adhesión al oficialismo.
En cualquier caso, los 112 votos que trasladan fondos al ministerio más opaco del gabinete (y de otras administraciones), no se lograron sin lucha y rencillas.
Por ejemplo, la diputada Patricia Sandoval, recién casada con el ex ministro Gendri Reyes y ex esposa de un presunto narcotraficante extraditado a EE.UU., tuvo un «rifirrafe» con Gutiérrez, a quien intentó tachar de «mediocre».
Pero más allá de los comunes debates con tono de disputa entre legisladores, se apreció la tónica totalitaria de la Junta Directiva, señalada de cortar el audio a quienes no expresaban loas a la propuesta oficialista.
Y mucho más grave que ello, serían las amenazas, si es que se dieron, contra quienes denunciaron graves nexos entre diputados y empresas constructoras o asociaciones educativas que más de una vez han sido beneficiadas por el ministerio de Comunicaciones con millones para obras que jamás fueron ejecutadas.
