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sábado, agosto 13, 2022

Semilla: ¿denuncia espuria o falta de asesoría jurídica?

Semilla afirma que el Ministerio Público criminaliza a su jefe de bancada, Ligia Hernández, mientras el MP respondió en sus redes que siempre actúa conforme a la ley. Hace algunos días, probablemente por falta de asesoría legal, la diputada promovió citar a funcionarios del MP, pese a que según la ley, los fiscales no pueden ser citados al Congreso.

Roxana Orantes Córdova

Semilla es un bloque legislativo pequeño, pero sus cinco integrantes se mantienen muy activos en redes sociales, donde interactúan con sus correligionarios y simpatizantes. Pese a lo pequeño de este bloque, cuentan con 20 empleados, entre asesores y asistentes parlamentarios, para atender a los seis diputados (administrativamente se incluye el recién separado José Sánchez).

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Todos estos asesores y asistentes perciben mensualmente más de Q370 mil, según detalla la página del Congreso. Muchos de estos asesores aconsejan a los diputados sobre aspectos técnicos de las leyes.

Sin embargo, esto no sucedió hace unas semanas, cuando la diputada Ligia Hernández decidió citar a funcionarios del MP, sin tomar en cuenta que estos funcionarios no pueden ser citados, según lo establece más de una ley, además de un fallo de la Corte de Constitucionalidad al respecto.

Con base en estos antecedentes, la Fiscal General Consuelo Porras solicitó antejuicio contra la diputada Henández, quien automáticamente pasó de ser una legisladora que emprende acciones temerarias, a una víctima del sistema, según afirma en su Twitter el diputado Bernardo Arévalo:

“Mi solidaridad y el respaldo de todo el @msemillagt  ante esta persecución política en contra de nuestra compañera @ligiaiveth26  de @BancadaSemilla por parte del Ministerio Público, que criminaliza su trabajo como diputada opositora”.

Otra confusión: cómo un trámite administrativo se presentó como causa penal

Lamentablemente, para esta nota intentamos comunicarnos reiteradamente con los diputados Bernardo Arévalo y Samuel Pérez, quienes no respondieron ninguna llamada de Perspectiva.

El grado de confusión en torno a este incidente es tan grande, que podría pensarse en que se trata de un enredo intencional, considerando el alto nivel académico de los legisladores semilleros y sus asesores.

Presentar a Ligia Hernández como una víctima perseguida por el sistema puede abonar mucho al partido, que como sus homólogos en el Congreso, se prepara para el inicio del año electoral.

Esto, porque la diputada afirmó que es «criminalizada» por una «denuncia espuria» de Porras, aunque como legisladora, seguramente sabe a la perfección que el antejuicio no es una causa penal sino un simple trámite administrativo que sencillamente, puede ser la antesala de una investigación pero en ningún caso, una acusación espuria.

Pedir el retiro de antejuicio, es el equivalente a citar un funcionario, aunque en el caso de la citación a los fiscales y agentes del MP, la citación no procedía.

En cualquier caso, la reacción desmesurada ante la solicitud de antejuicio a Hernández comienza a abonar a la bancada, cuyos simpatizantes escriben:

«Nos quieren callados», «Grave y preocupante que el MP ataque a la diputada» y centenares de expresiones similares, que omiten o prefieren no ver, que el origen de la solicitud fue un error garrafal de la legisladora, quien además se niega a ser auditada con un antejuicio.

 

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