Ante los hechos de violencia, ocurridos el miércoles 19 de agosto del 2015, en la carretera que conduce hacia el área conocida como “Cruce a la Colorada” municipio de San Andrés, Petén, en el área protegida Reserva de la Biosfera Maya (RBM), donde resultaron heridos con armas de fuego de grueso calibre, 13 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), un vehículo del Ministerio Público (MP) fue quemado y el vehículo propiedad de la institución del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) resultó con daños provocados por disparos.
A la opinión pública hace saber:
- Que en la fecha y lugar indicado se realizó una diligencia judicial por orden del Juzgado de Primera Instancia Penal de San Benito, Petén, a la cual se dirigían los agentes de la PNC, personal del Ministerio Público, del Organismo Judicial, del CONAP y de la PDH, acción legal que reiteramos es respaldada por este Consejo.
- Que según la instrucción oficial, los agentes de la PNC que participaban NO portaban armas de fuego, por lo que rechazamos categóricamente una versión publicada en medios de comunicación donde se menciona que hubo un intercambio de disparos entre comunitarios y autoridades.
- Que en el Cruce a la Colorada, se han tomado en posesión ilegal 15 caballerías propiedad de la nación por personas particulares, hecho tipificado como delito de usurpación en áreas protegidas, penado por la legislación guatemalteca con prisión de hasta cuatro años y multa de hasta Q 6 mil.
- Que la RBM es el área protegida más grande, no sólo de nuestro país, sino de toda Centroamérica, resguardando más de 2,2 millones de hectáreas de bosque, que corresponde al 13 % de los espejos de agua dulce de Guatemala, hábitat de especies
emblemáticas de fauna silvestre y donde se ubican más de 200 sitios arqueológicos de importancia cultural e histórica para la humanidad.
Ante la gravedad de la situación expuesta:
- Condenamos los hechos ilícitos cometidos por personas individuales fuertemente armadas en perjuicio del patrimonio natural de todos los guatemaltecos, aunado a que se ha incurrido en una grave obstrucción a la justicia, utilizando mujeres y niños como escudo humano.
- Nos solidarizamos con la PNC y los agentes heridos con armas de fuego de grueso calibre y solicitamos al ente investigador la persecución de los autores intelectuales de estos ataques.
- Alertamos a los ciudadanos guatemaltecos que la usurpación de territorios dentro de las áreas protegidas constituye un delito penado por la ley, además pone en riesgo los ecosistemas, especies, genes, bienes y servicios naturales, que como el agua son vitales para la región mesoamericana y para la humanidad.
- Que el CONAP procurará por todos los medios a su alcance recuperar estos territorios, así como velará por la conservación y manejo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas y de la Reserva de Biosfera Maya, para contribuir a la calidad de vida de los y las guatemaltecas.