Mientras el abogado Giovanni Fratti y el PDH Jordán Rodas criticaron públicamente la reducción del horario de venta en los mercados cantonales, la analista Celia Luna señala a Perspectiva que las medidas se quedaron cortas porque faltan datos para conocer la realidad de la pandemia. Además, enfatiza, no hay discriminación a la tercera edad.
Roxana Orantes Córdova
Pronunciamientos públicos, como el video de Fratti o el comunicado de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), difieren en varios aspectos pero coinciden en un punto: la limitación al horario de ventas en mercados cantonales, no solo transgrede el principio de igualdad, sino afecta comercialmente a miles de vendedores, quienes protestaron por la nueva restricción a sus actividades debido al coronavirus..
Por otra parte, Celia Luna señala que lo más importante de esta situación es que no existe un verdadero análisis de los datos sobre la pandemia, lo que afecta cualquier medida que pueda adoptarse.
“Se están tomando decisiones a ciegas”, señala Luna
Según la analista política, el mandatario es uno de los encargados de velar por la unidad nacional y sus ministros, los encargados de garantizar que se cumplan las políticas institucionales.
“En este caso, corresponde al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en este caso, proponer el incremento de medidas, que de alguna manera se han quedado cortas, debido a la relajación de medidas mientras el virus sigue su curso. Sin embargo, si no hay datos, las decisiones se están tomando a ciegas”, explica.
No existe un perfil socioeconómico de las áreas más afectadas por el coronavirus, faltan números exactos o datos que permitan determinar si efectivamente, los mercados cantonales son los mayores focos de contagio.
“Esto es resultado de la incapacidad del Estado, que para mantener el criterio de semáforo debe contar con datos certeros”, indica.
En relación con el señalamiento de Fratti en un vídeo que circuló en redes, donde enfatiza en que restringir a los mayores de 60 a horarios determinados constituye discriminación, Luna discrepa y menciona:
“No puede hablarse de discriminación cuando se está tomando una medida por un bien mayor. Es una medida adoptada en todo el mundo, para proteger a los más vulnerables ante el virus”.
En cuanto a la protesta realizada por vendedores de mercados, considera que “es una presión legítima, especialmente porque no hay información confiable sobre la relación entre un incremento de casos y los mercados cantonales”.
“No es Calígula ni Nerón”
En un vídeo que circuló en redes sociales, Fratti arremete contra el mandatario por el cierre, que califica de “arbitrario, ilegal e inconstitucional”. Asimismo, señaló que la medida incluye un elemento de discriminación contra los mayores de 60 años, a quienes se impondrían horarios especiales para comprar en los mercados.
Fratti afirmó: “el presidente de la República no se manda solo, ni es Dios ni es un dictador. Ni es Calígula o Nerón para venir a quebrarle la economía a la parte más sensible, que es la economía de la pequeña y mediana empresa, precisamente los dueños de los puestos en mercados”.
Según el abogado, estas medidas solamente pueden tomarse luego de que el Congreso autorice un Estado de Calamidad o un Estado de Sitio, lo cual no ha sucedido. Entre las consecuencias que menciona están el incremento de aglomeraciones por la reducción de horarios y las pérdidas económicas de todos los comerciantes que venden en los mercados cantonales.
Fratti se inclina porque la economía no vuelva a restringirse, debido a que ya existen más de cien mil empleos perdidos y más de 7 mil empresas quebradas. Esto podría incrementarse con un nuevo cierre. Según afirma, el mandatario debiera impulsar campañas educativas para garantizar que cada guatemalteco cumpla a cabalidad las normas de prevención e higiene, en este caso especialmente, los inquilinos de los mercados.
PDH: todas las personas merecen un trato igualitario
La otra reacción que circuló el jueves fue un comunicado de la PDH, donde se enfatiza en que las disposiciones “deben establecerse dando un trato igualitario a todos”. Sin embargo, añade, siempre son sacrificadas las personas más vulnerables.
Rodas recomendó a la titular del MSPAS aplicar disposiciones que “no dejen en desventaja comercial a las personas trabajadoras de los mercados cantonales y municipales”.
El texto de la PDH también recuerda que miles de familias luchan cada día por su sobrevivencia, y que el trabajo en los mercados garantiza el sustento a estas personas. El Acuerdo Ministerial del MSPAS, “crea desigualdad en la libre competencia en relación a las cadenas transnacionales de venta de abarrotes”.
