Criminales confesos que cometieron crímenes despiadados, se transformaron en víctimas décadas después, luego de sentencias de la CIDH que condenan a Guatemala a pagar una compensación económica, que a criterio de Ricardo Méndez Ruiz, es un hecho inaudito que además, va en detrimento de la víctima, una niña de cuatro años, y sus familiares.
Roxana Orantes Córdova
Tres crímenes que tuvieron niños como víctimas resultaron en demandas por compensaciones monetarias al Estado guatemalteco, al que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha conminado a pagar por señalamientos de violación contra los derechos humanos planteados por organizaciones guatemaltecas como el Centro de Acción Legal para la Defensa de los Derechos Humanos (CALDH) y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales (IECCP).
El más lejano de los hechos es el caso de Fermín Ramírez, que ha sido objeto de análisis en diferentes tesis y trabajos académicos de Guatemala y otros países latinoamericanos, donde se concluye que el Estado violó reiteradamente los derechos de Ramírez, así como diferentes artículos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (Pacto de San José), del cual Guatemala es signataria.
En 2011, Valeria Reyna Cifuentes se graduó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar con la tesis “Caso Fermín Ramírez”, donde se exponen detalladamente las violaciones contra Ramírez, quien no llegó a ser ejecutado, pero estuvo a punto de que se violara su derecho a la vida, expresa la referida tesis.
Cuando el victimario se convierte en víctima
Los tres casos son similares, porque en todos hay niños fallecidos de formas extremadamente violentas. En el caso donde se condenó a Manuel Martínez Coronado, cinco niños entre 2 y 12 años murieron a balazos durante la madrugada, junto con sus padres y tía. Todos vivían en una humilde vivienda en la aldea El Palmar, Chiquimula.
Jaime Arias Miguel, de 11 años, logró escapar y declaró en el juicio contra Coronado, primer ejecutado por inyección letal en Guatemala, y su padrastro (familiar de los Arias), quien por tener 60 años no podía ser ejecutado. El padre de familia que murió a balazos junto con su esposa e hijos, tenía 68 años.
El asesinato se ejecutó en 1995 y la sentencia se cumplió dos años después, aunque el país ya era signatario del Pacto de San José, cuyos órganos, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, reciben, evalúan y procesan las denuncias de agravios cometidos por los estados y dictan sentencias que generalmente se basan en la compensación monetaria. Según la Corte Interamericana, cuando un país no cumple con el pago a los “beneficiarios”, acumula intereses.
Aunque este caso es dramático y dejó en absoluta vulnerabilidad al niño Jaime Arias Miguel (11), los otros dos crímenes acumulan niveles de saña, depravación y crueldad difíciles de concebir y los detalles que narraron los medios de la época logran perturbar al más indiferente.
A Fermín Ramírez, quien confesó el asesinato de la niña Grindy Yasmín Franco (12), la pena de muerte le fue conmutada por 44 años de cárcel, luego de que fuera anulada por la CIDH. En uno de los documentos de la CIDH se menciona que el crimen se cometió “con ensañamiento y perversidad”.
Ramírez fue indemnizado por las malas condiciones de la cárcel, los repetidos retardos en las audiencias y otros procedimientos que habrían afectado su bienestar y lesionado sus derechos. Asimismo, la organización que lo asesoró en el tema, IECCP, obtuvo la promesa del reintegro de costos.
El caso más reciente y al mismo tiempo el más dantesco, es la violación y asesinato de Sonia Marisol Álvarez, de cuatro años, secuestrada y asesinada por Roberto Girón y Pedro Castillo en Escuintla. Ambos declararon y detallaron los hechos durante el juicio, Su narrativa es tan macabra que no vale la pena repetirla, pero vale la pena anotar un dato:
El juez preguntó a Pedro Castillo si al momento de la violación se encontraba bajo efectos de licor, drogas, fármacos o estupefacientes. La respuesta fue: “me encontraba en mi sano juicio”. Lo mismo declaró Girón. Cuando el juez les interrogó sobre el motivo, Castillo dijo: “no sé qué nos pasó. Saber qué estábamos pensando. Es primera vez que lo hice, pero no me recuerdo de quién fue la idea para que actuáramos de esa manera”.
Aunque solicitaron indulto presidencial, les fue denegado y ambos fueron fusilados en 1996. El hecho fue televisado y la CIDH incluyó esta exposición pública de la ejecución entre las violaciones contra los dos criminales, que en el proceso de la instancia internacional, pasaron a ser “las víctimas”, al igual que Coronado y Ramírez.
En octubre de este año, los medios dieron a conocer que la CIDH ordenó al Estado guatemalteco compensar económicamente a los familiares de los dos fusilados.
Para Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), este hecho es inaudito y ofende la memoria de la víctima. “La saña, la premeditación y la crueldad fueron premiadas por la CIDH, y seguramente los patrocinadores de los dos criminales, CALDH y el IECCP, también serán compensados. Fácilmente, los hijos de estos individuos podrán resolver sus vidas, mientras la familia de su víctima, especialmente la madre, es olvidada por completo”.
¿Cuánto cuesta una persona?
Criminales o no, los casos de la CIDH son en torno a seres humanos cuyos derechos han sido violentados por los Estados que señala la instancia internacional. La forma de resolver estas violaciones, es condenando a los gobiernos de turno a pagar cuantiosas sumas que se deciden en rubros como:
Lucro Cesante: cálculo de los salarios o ingresos que la víctima pudo haber devengado. En el caso de Girón y Mendoza, se calculó en US$30 mil cada familia.
Compensación económica: cálculo de los gastos realizados por los familiares para solventar la estancia en prisión y el entierro. Lo calcularon en US$20 mil dólares para cada familia.
Daño inmaterial: cálculo del sufrimiento familiar y de los reos. Estimaron US$500 mil para cada familia.
Indemnización: por las violaciones contra los derechos humanos. Se calculó en US$10 mil para cada uno.
El total de esto suma más de un millón de dólares, aunque finalmente, la CIDH ordenó al Estado el pago de la indemnización, que suma US$20 mil.
La descripción de estos cálculos está en el proceso de la CIDH, y se realiza para que el lector tenga una idea de cómo se tasa y calcula el valor de una vida humana, para compensar a través del dinero, los sufrimientos que sus familiares y ellos pudieron tener como consecuencia de su delito.
Los enlaces para revisar estos tres procesos son:
https://bit.ly/34nvKW1
https://bit.ly/2OH0OsS
https://bit.ly/2D5vy1z
