Por Equipo Editorial
La marcha contra la corrupción no logró su objetivo: la renuncia del mandatario y los congresistas. Sin embargo, el movimiento vuelve a evidenciar la profunda crisis de un Estado que, ante todo, debe comenzar cambios a diferentes leyes, señalaron analistas. Al mismo tiempo, elementos que oscurecen a esta expresión ciudadana fueron mencionados por quienes no comparten que el país se convierta en “un estado fallido” controlado por organismos internacionales.
La manifestación se conoció como “paro nacional”. Es importante señalar que paro es una huelga apoyada por los propietarios de las empresas y en este caso, se trató de un movimiento que no paralizó la actividad en todo el país, aunque algunas empresas dejaron sus labores ese día para acudir a la Plaza, sin que esto significara un paro o huelga nacional.
Gustavo Porras, analista independiente que fue coordinador de la Comisión de Paz, ex Secretario Privado de la Presidencia (1996-2000) y recientemente, presidente del Consejo Económico y Social de Guatemala, presenció la protesta y afirmó que la manifestación no era masiva hasta que llegaron los estudiantes de las universidades Rafael Landívar y San Carlos.
Otro grupo significativamente numérico en la marcha eran miembros de organizaciones como el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), que surgió al amparo del financiamiento europeo y que exige la renuncia de Jimmy Morales por cuarta vez desde que Morales llegó a la Presidencia.
Un hecho evidente fue que miles de los manifestantes llegaron a la capital transportados en buses y microbuses, cuyo alquiler tiene un costo aproximado a los Q1 mil, dependiendo de la distancia y la cantidad de personas que se transportan. “En la Avenida Simeón Cañas se observaron entre 100 y 120 buses”, comentó Giovanni Fratti.
Un contexto complicado para Jimmy Morales
Se calcula que más de cien mil personas acudieron a la Plaza de la Constitución el 20 de septiembre. Sin embargo, el 21 fue un pequeño grupo el que se reunió frente al Congreso, para solicitar que se retirara el derecho de antejuicio a Jimmy Morales. Esto no se logró y el 22, el Ministerio Público (MP), anunció que analiza interponer otra solicitud de retiro de antejuicio, con base en los señalamientos sobre financiamiento ilícito de uno de los implicados en el caso del Banco de los Trabajadores (Bantrab).
Lo anterior, evidencia que la intención de llevar al mandatario ante la justicia permanece vigente y que tanto el MP como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), seguirán encontrando elementos que apuntalen el tema del financiamiento ilícito, que según Fratti, seguirá existiendo mientras no se reforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
Para este analista, urge una reforma que permita a los comités cívicos presentar candidatos a diputados distritales y gobernadores. “Con esto se rompería el monopolio de los partidos políticos. Más poder local y eliminar los listados nacionales. Que los ciudadanos puedan elegir a través de listas abiertas”, comentó.
José Carlos Sanabria, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indicó que las acciones de protesta “evidencian la crisis de legitimidad y representatividad del sistema, mientras las autoridades muestran poca capacidad para sobrellevar una situación que los sobrepasó”.
Un elemento que para Sanabria puede ser clave en esta coyuntura es la renuncia de los ministros Francisco Rivas (Gobernación), Julio Héctor Estrada (Finanzas) y Leticia Teleguario (Trabajo). “Eran los que sacaban la tarea, así como Lucrecia Hernández Mack (Salud), quien renunció días antes. Independientemente si eran cercanos o no a la embajada estadounidense. Su ausencia tendrá un impacto. El movimiento no ha terminado y podría derivar en muchos escenarios. Cabe realizar un llamado a la responsabilidad de todos los ciudadanos”, afirmó.
Los logros de la manifestación
“Aunque el Presidente y los diputados no renunciaron, fue un éxito”, afirmó Fratti. “La clase política corrupta está como un animal herido y el siguiente paso que debieran dar la CICIG y el MP, es dar a conocer los resultados de las investigaciones por los casos Oderbrecht y Transurbano. Más de la mitad de la banda sigue libre”.
Por su parte, la diputada Sandra Morán expresó que fue una acción ciudadana realizada en todo el país, no solamente en las principales ciudades. Entre los elementos positivos que ella enumeró se encuentra el surgimiento de nuevos liderazgos, especialmente jóvenes y el rechazo generalizado a la corrupción.
Antonio Malouff, presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), mencionó: “Es importantísimo manifestar y es necesario tener un buen Congreso, pero para lograr cambios es necesario pasar de la protesta a la propuesta”.
Elementos cuestionables en las manifestaciones
Gustavo Porras afirmó que existe una estrategia que busca consolidar a Guatemala como un estado fallido. “Esto legitimaría la intervención, e incluso una administración internacional de nuestro país. Las piezas que se encargan de implementar esta estrategia son las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), que cumplen con las instrucciones políticas de los donantes. Al mismo tiempo, existe un intento de los países nórdicos por convertir a la población maya en su base social. No son líderes comunitarios, sino élites mayas que en su rencor, no se percatan del juego”.
En cuanto a la participación de la juventud, Porras mencionó que “puede considerarse una expresión de la espontaneidad en la época de la trivialidad. A partir de las redes sociales, se erigen opiniones como si fueran verdades”, concluyó.
Danilo Roca, político de larga trayectoria y uno de los fundadores del Parlamento Centroamericano (Parlacen), expresó: “La protesta es un derecho legítimo que está consignado en la Constitución. Sin embargo, estas manifestaciones están impulsadas de alguna manera, lo que contribuye a crear enfrentamientos. No necesariamente se trata de una expresión fundamentada en el interés por la patria. Aunque el gobierno no ha contribuido a clarificar cuáles fueron los motivos para la solicitud de antejuicio, no es necesario que cada dos años se cree un clima similar al actual. Especialmente cuando estamos a poco más de un año de que inicie un nuevo proceso electoral”.
Porras dijo: “En cualquier manifestación se deben evaluar los costos y beneficios. La solución no es judicializar a los políticos, cuando el poder real lo ejerce una corte de justicia y los jueces no son cuestionados. Por otra parte, la emotividad y el oportunismo son dos rasgos que marcan estos movimientos”.
Finalmente, un saldo negativo de este contexto es el retorno de una confrontación ideológica que parece fuera de lugar en 2017, cuando la mayor parte del mundo ha superado el lenguaje y los odios de la “Guerra Fría”. Confrontaciones verbales de esta naturaleza afloran en las redes sociales y se han expresado en diferentes ámbitos. El maniqueísmo pareciera ser un componente del proceso y en lugar de “quien no está conmigo está contra mí”, se dice: “quien no avala a la CICIG es un corrupto y un narco”.
Como contraparte, los que han cuestionado a la CICIG señalan de “comunistas” a los que muestran su adhesión a ese ente investigador. El riesgo de estos discursos es un panorama de violencia, si se llegara a romper el Estado de Derecho, mencionaron algunos de los consultados.
