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miércoles, enero 20, 2021

Presupuesto nacional motiva repudio

La ley de Presupuesto General de la Nación fue aprobada entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de noviembre, como “ley de urgencia nacional”. La indignación y cuestionamientos ante esta ley que podría ser el tiro de gracia a la precaria economía de Guatemala han alcanzado a “tirios y troyanos”. Hoy logramos conversar con Bernardo Arévalo, diputado de Semilla; Jorge Lavarreda, investigador del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y Crista Salazar, de Guatemala Inmortal, quienes exponen diversos aspectos de una ley que podría motivar a más de un grupo a plantear acciones de inconstitucionalidad, según anunció Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana.

Roxana Orantes Córdova

Al amparo de la noche, un grupo de diputados concertó la aprobación del presupuesto nacional más elevado de la historia, que además si llega a entrar en vigencia, será el que ocasione mayor endeudamiento, con el agravante de que, tal como sus antecesores, se trata de un presupuesto que no considera las fuentes de financiamiento y apela al incremento de la recaudación fiscal, una de las más bajas en el mundo.

En un contexto en el cual la enorme mayoría de guatemaltecos se encuentran en el límite de la pobreza y pobreza extrema, donde el desempleo se incrementó debido a las restricciones que el gobierno impuso a la actividad económica por la pandemia de COViD-19, además del exacerbamiento de la crisis por dos tormentas devastadoras para un país de infraestructura tan precaria y sin medidas de prevención para desastres, el gobierno de Alejandro Giammattei propuso y logró, la aprobación de Q99 mil 700 millones, de los cuales la enorme mayoría irá para el “funcionamiento” del Estado y que según se plantea, se financiará con préstamos y recaudación fiscal.

Para comprender un poco el tema, hablamos con Bernardo Arévalo, jefe de la bancada Semilla, de izquierda pero opuesta a la normativa desproporcionada. Asimismo, el economista Jorge Lavarreda, del CIEN, quien dio su opinión desde la perspectiva económica, y Crista Salazar, de Guatemala Inmortal.

El panorama podría complicarse para un gobierno cuya debilidad se evidencia en decenas de cambios en el gabinete, y que ha gestionado de forma bastante insatisfactoria temas como la pandemia y los recientes desastres naturales. Grupos de “izquierdas y derechas” o “globalistas y patriotas”, comienzan a llamar a muestras de repudio, mientras otras organizaciones han anunciado que podrían interponer acciones de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad (CC), contra el proyecto de ley que amenaza con dar el tiro de gracia a la economía de Guatemala.

“Semilla fue clara en oponerse a esta ley”, afirma Arévalo

Bernardo Arévalo, jefe de la bancada Semilla, dijo a Perspectiva:

“Todos vieron nuestra posición. Votamos en contra por dos argumentos: En primer lugar, antes de manifestar una posición pedimos tiempo para conocer al detalle el tema, que no fue analizado a profundidad por la Comisión de Finanzas, que emitió su dictamen sin opción de conocerlo a fondo”.

Ciertamente, señala Arévalo, hubo un proceso participativo, pero no fue suficiente para un análisis serio y profundo. “pedimos que no se aprobara como urgencia nacional, pero la aplanadora del oficialismo decidió aprobarla de esa forma, que refleja una estrategia política del oficialismo”.

En segundo lugar, indica Arévalo, “se evidencia una seria ausencia de interés en los programas de protección social. Temas como la pandemia y los daños causados por Eta muestran un total abandono del Estado, además de la absoluta falta de interés institucional. Se está manejando como un presupuesto “post crisis” y no se considera que esta crisis de la pandemia nos va a acompañar algún tiempo. No sabemos cuándo termina”.

Por otra parte, considera que se destinan fondos para carteras cuestionadas como focos de corrupción, entre estas el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), donde “ha sido notoria la contratación de familiares, además de hechos de corrupción vinculados con la ejecución de obras. Es el desarrollo para los familiares de ellos”.

Sumado a lo anterior, señala, “el oficialismo recortó fondos a la Procuraduría de los Derechos Humanos. Hay una relación tensa entre congresistas y la PDH, y el recorte de Q20 millones, resta a la vigilancia y vigencia de esa institución en el tema de derechos humanos”.

Sin embargo, “el presupuesto ya fue aprobado. El gobierno cuenta con esta herramienta aunque sea un despropósito sin visión estratégica para implementar políticas públicas. Como bancada nos corresponde buscar que estos fondos sean usados de la mejor manera posible, fiscalizar e impedir y denunciar cualquier mal manejo”, concluye.

Jorge Lavarreda: “no hay estrategias institucionales de políticas públicas”

El investigador del CIEN señala:

“Fue un proceso que no permitió el adecuado análisis, puede calificarse como abrupto. La sesión donde se dio a conocer el dictamen, fue evidente que algunos de los miembros presentes no conocían el documento”.

Según Lavarreda, fue un proceso sin la retroalimentación adecuada, pese a la enorme importancia que tiene para el país y deja demasiadas dudas e imprecisiones. “El incremento de ingresos se pretende sustentar con un incremento a la carga tributaria, con base en la actualización del Banco de Guatemala. Sin embargo, no queda claro cuáles serán esos otros impuestos que pretenden incrementarse para lograr ese monto de recaudación. A eso lo llamamos bolsones. Y hay muchos. No se sabe si incrementarán el IVA, ISR o crearán otros”.

A la vez, afirma, se motivará un importante endeudamiento por el incremento de préstamos externos. Todo esto: “será muy significativo para la calificación negativa en la calificación del riesgo por país para Guatemala”.

“Prácticamente se mantiene una estructura similar en los egresos, sin presencia de estrategias institucionales para la implementación de políticas públicas enfocadas en reducir la baja talla o desnutrición infantil”. El destino de la mayor parte de recursos, seguirá siendo el funcionamiento (salarios), de un enorme aparato burocrático que funciona sin políticas públicas ni ejecución de obras, donde el gasto se va para funcionamiento a costas de la inversión.

“Lo más preocupante es el gasto para el financiamiento de la deuda. Es prácticamente sin fundamento técnico ni ético. Es importante la rigidez presupuestaria, que no permite por ejemplo desviar los fondos para un rubro en otro. Guatemala es el país de América Latina y el Caribe con mayor rigidez presupuestaria”.

Gran parte de los gastos serán para pago de intereses de deuda, además de las remuneraciones, así como obligaciones o mandatos a cargo del Tesoro ineludibles, como el aporte de Q79.2 millones a la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Se trata de obligaciones muy rígidas, explica.

Además, se aprobaron Q1, 407 millones para los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), aunque no se conoce cómo ejecutarán obra. Y el Congreso incrementó su presupuesto en Q220.4 millones, mientras se eliminaron fondos para otras instituciones.

“La aprobación deja muchas dudas. Lo único podría ser el veto presidencial, pero esto es casi imposible, porque lo dejaría sin fondos. Y el presupuesto aprobado es demasiado parecido a lo que el Ejecutivo le mandó al Congreso. Podría intentar revertirse con suficiente presión social pero el contexto marcado por el COVID-19 y las tormentas lo hacen muy remoto”.

“Un niño que nazca hoy, ya debe más de Q14 mil al Estado”: Crista Salazar

Crista Salazar, de Guatemala Inmortal, señala:

“Guatemala Inmortal denunció al gobierno durante más de 10 meses. Desde el inicio, a diferencia de la izquierda, hemos visto y denunciado las aberraciones legales la toma de decisiones totalitarias y la forma amoral de gobernar de este gobierno.

Desde el inicio denunciamos el fraude electoral que llevó al gobierno a Giammattei y a los actuales diputados. Denunciamos el encierro, la forma en que se manejó la pandemia, las campañas de terror de este gobierno, las campañas de terror, el acuerdo que intentó aprobar el la presencia de la internacional del aborto en Guatemala, aunque luego el gobierno se retractó.

El presupuesto aberrado y vergonzoso que se aprobó anoche en la oscuridad, como un hecho delictivo, lo hemos denunciado durante dos meses a través de posts, webinars y comunicados, porque nosotros, Guatemala Inmortal, la verdadera derecha, considera que la forma efectiva de que un gobierno funcione es si este gobierno es limitado y efectivo.

Este gobierno ha demostrado todo lo contrario, cada vez crece más y necesita más dinero. Y recordemos que mientras más grande es el gobierno, la población tiene sus derechos más limitados. La derecha avala un gobierno más pequeño, para que la ciudadanía tenga más libertad.

Con este presupuesto, nos están robando la libertad. Un niño que nazca hoy ya debe más de Q14 mil al Estado. ¿Qué libertad es esa? No tenemos que bajar la cabeza, este presupuesto es una aberración para Guatemala y lo están destinando a cuestiones que no van a favorecer en nada al país, no van a reactivar la economía. Lo único que harán es endeudarnos y subir impuestos ¿y el otro año, un presupuesto más alto?

No lo podemos permitir ni dejarlo pasar por alto. Los diputados que votaron por este presupuesto son unos traidores a este país, porque ellos juraron defender los derechos constitucionales. Vamos a denunciar esto, como hemos denunciado todas las atrocidades de este gobierno por más de 10 meses. Y esperamos que los diputados reconsideren lo que hicieron, porque es amoral, inmoral, es inconstitucional y una traición para este país”.

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