Figuras del pasado reciente, como el ex presidente Jimmy Morales, la ex fiscal (prófuga), Thelma Aldana y el ex comisionado Iván Velásquez, se convierten en tendencias efímeras en redes, como argumentos en torno a la persecución penal emprendida contra el magistrado electo y juez Mynor Moto.
Redacción Perspectiva
Es indiscutible que Moto sigue gozando de antejuicio, según consta en la certificación del Congreso, a la que se suma la exención que lo acredita como juez. Abogados como Raúl Falla insisten en que el procedimiento sería iniciar la investigación para conocer si procede retirarle el antejuicio, pero en ningún caso ordenar su captura.
Entretanto, quienes enarbolan la bandera de la lucha contra la corrupción sostienen que Moto no es magistrado ni juez, debido a que perdió la segunda categoría al solicitar la exención y no llegó a tomar posesión de la magistratura.
En cualquier caso, el debate en las redes sigue en torno al tema y, a falta de más argumentos, se apela nuevamente a figuras ya desaparecidas del panorama nacional, como Morales, Velásquez y Aldana.
Especialmente la ex fiscal es mencionada en dos sentidos: sus simpatizantes ponen como ejemplo que habría obtenido asilo político en EE.UU. (lo cual no es totalmente cierto, porque su asilo está en trámite), mientras Moto huye y probablemente está escondido en algún cuartel donde lo protegería el Ejército.
La contraparte a esta especulación señala que Aldana debe responder por la compra anómala de un edificio, y los cientos de millones de dólares que el Estado perdió por el pésimo manejo del caso Oderbrecht. Además, señalan a la ex fiscal de recibir un premio en efectivo de una ONG, mientras Moto es señalado por reunirse con los abogados de Gustavo Alejos, lo que estrictamente no sería un delito.
Velásquez ha vuelto a pronunciarse sobre Guatemala, criticando a Moto por mandar un comunicado donde expone que Jordán Rodas no le prestó apoyo para asumir su puesto. El ex comisionado, que hace tiempo vive en Magdalena, Colombia, mantiene fijación con la problemática de Guatemala y cada uno de sus comentarios motiva polémica.
Mientras tanto, ayer ningún abogado presentó su candidatura para la elección de magistrado a la Corte de Constitucionalidad (CC) que debe elegir el Congreso, y en el gremio de abogados se comenta que no vale la pena postularse, puesto que cualquiera que no responda al perfil requerido por los grupos de interés avalados por la “comunidad internacional”, puede ser criminalizado.