La nueva Junta Directiva comienza sus labores entre críticas y protestas. Este hecho es casi el común cada vez que se renueva la autoridad en el Legislativo. Varias tareas pendientes e indicios de que hay interés en exacerbar la polarización, pueden hacer cuesta arriba la labor de la presidencia del Congreso, encabezada por Álvaro Enrique Arzú Escobar, hijo del alcalde capitalino.
Equipo editorial Perspectiva
Las protestas contra la elección de nueva Junta Directiva en el Congreso comenzaron el sábado 14, cuando el artista Oscar Porras colocó una escultura llamada El grito de lo invisible frente al Palacio Nacional de la Cultura, como un acto de repudio contra las autoridades y los políticos.
Grupos organizados como el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), del Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) que llegaron desde el interior de la República y la Batucada del Pueblo, se reunieron frente a la sede del Congreso, donde militares y miembros de la seguridad presidencial reprimieron la protesta lanzando gas pimienta.
En su cuenta de Twitter, Arzú Escobar publicó diferentes mensajes que llaman a la reconciliación y a la reflexión. Según dice, pretende “devolver a los guatemaltecos el Poder Legislativo de tal forma que perciban en él, la herramienta pacífica y legítima para alcanzar un destino común”.
Arzú aseguró que escucharán a la ciudadanía y a la comunidad internacional. «Eso sí, no vamos a permitir que intenten decidir por nosotros, que traten de dictarnos qué debemos hacer, bajo medidas de hecho o de presión”, puntualizó. Y finalmente, afirmó que recuperar la confianza es infinitamente más difícil que confiar por primera vez.
En este punto, el legislador del Partido Unionista (PU), coincide con el representante de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), Walter Félix, quien entrevistado por Perspectiva aseguró que el gran reto para el Congreso es: “Devolverle el prestigio a la institución. Ojalá no sean los intereses particulares o de grupo los que terminen determinando la agenda legislativa. Enderezar la nave y ojalá encauzar la actividad legislativa”.
La cúpula representa al colectivo
La Junta Directiva se elige entre los diputados. Y la mayor parte de los legisladores es tránsfuga, fue contratista del Estado o ha avalado leyes dudosas. La cúpula dirigente es representativa de los 158 diputados, de los cuales el 49% fue reelecto y proviene de la cuestionada legislatura anterior.
Ninguno de los que dirigirá el Legislativo es un novato en política, incluyendo a Arzú Escobar, quien inició su carrera en el Partido Unionista (PU) en 2011 y ha sido asesor de bancada y dirigente de su partido.
De los nueve miembros de la junta, siete fueron electos por LIDER, UCN o el PP y poco después se integraron a nuevos bloques legislativos.
- Felipe Alejos fue diputado de la UNE,
- Javier Hernández Ovalle, de GANA;
- Mayra Alejandra Carrillo, electa por el PP;
- Eduardo Galdámez del PP;
- Karla Martínez, electa por LIDER;
- Jaime Lucero fue electo por UCN y
- Elsa Cu fue diputada del FRG, alcaldesa de UNE y UCN y en 2015, electa por LIDER.
Seis de estos diputados votaron a favor del “pacto de corruptos” o Decreto 14-15 del 2017, que buscaba evitar la persecución contra ciertos delitos: Felipe Alejos, Javier Hernández Ovalle, Estuardo Galdámez, Karla Martínez, Juan Ramón Lau y Jaime Lucero. Además, Álvaro Arzú avaló el mencionado decreto, con lo cual suman siete los miembros de la junta que intentaron lograr la impunidad para los diputados con señalamientos por diferentes delitos.
Polarización en todos los niveles
Las manifestaciones del sábado son uno de los tantos elementos que mantienen vigente un ambiente de tensión que podría ser antecedente de nuevas manifestaciones, lo que podría poner en riesgo la gobernabilidad.
A la tensión entre los grupos que están en desacuerdo con la nueva Junta Directiva se sumaron declaraciones polémicas de funcionarios y dignatarios. La Fiscal General Thelma Aldana afirmó ante los medios de comunicación: “La elección de la nueva Junta Directiva del Congreso es producto del control de la vieja política en Guatemala”.
Consultado por Perspectiva, el presidente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, afirmó: “Para mí es una desafortunada declaración de la Fiscal, que manifiesta muy claramente la polarización, no solo entre la población sino entre los propios funcionarios de alto nivel en distintos poderes”.
Según el entrevistado, es de mucha trascendencia y sumamente serio que un alto cargo en el Poder Judicial, como es la titular del Ministerio Público, externe una opinión desfavorable ante la elección de autoridades en el Poder Legislativo.
Por otra parte, añade Méndez Ruiz, Arzú Escobar es un joven sin antecedentes políticos, más que su participación como candidato y luego diputado del PU. No se recuerda ni conoce ningún hecho negativo de este legislador durante su desempeño en el legislativo.
Y añade: “¿Qué quiere Thelma Aldana? Obviamente es una caja de resonancia. Su triste papel ha sido el de asistente del comisionado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Y además, para los guatemaltecos, ella también representa la “vieja política”. Juan Carlos Monzón la acusó públicamente de estar vinculada al caso “El bodegón”, y como magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), fue corrupta. Resolvió casos de dudosa honorabilidad. ¿A qué se refiere con el término “vieja política”, que ella representa?”, concluyó Méndez Ruiz.
El organismo más alto del Estado, en el subsuelo de la opinión pública
“Nunca antes se había retrasado la elección de la Junta Directiva hasta un día antes de instalar el nuevo período de sesiones del Congreso. El retraso estuvo vinculado con la discusión del Presupuesto General de la Nación. Había interesados en aprobarlo con vicios y debilidades. Por eso fracasó y el retraso en la elección de la junta fue un fracaso colateral”, afirmó el diputado Walter Félix.
El hecho refleja la problemática interna, la crisis política que existe en el Congreso. El principal papel de la Junta Directiva es impulsar una agenda legislativa que responda a los intereses de la ciudadanía y que actualmente no existe. “Se va haciendo lo del día a día o lo que dictan ciertos intereses que todos sabemos quiénes son”, comentó el legislador.
Actualmente, el Congreso tiene varios temas pendientes. De las 26 reformas constitucionales relacionadas con el sector justicia, dos fueron aprobadas y otras, como el reconocimiento de las autoridades ancestrales indígenas, ni siquiera terminaron de discutirse.
“En el fondo, la mayoría de diputados defienden intereses de grupos poderosos que no quieren que se produzcan cambios. Por lo tanto, la Constitución seguirá siendo excluyente”, dijo el legislador, quien añadió que, entre otras muchas leyes, están sin aprobar varias relacionadas con la niñez y juventud, la Ley de competencias y las relativas al desarrollo rural.
Además de legislar, es vital que el Congreso cumpla sus otras funciones: fiscalizar los fondos públicos y mediar con la ciudadanía. Sin embargo, varios factores dificultan el cumplimiento de estas obligaciones constitucionales.
Uno de los obstáculos a la labor legislativa es que el 2019 es un año electoral. Muchos diputados abandonan sus funciones para iniciar campaña anticipada, y esto podría pasar en 2018.
Félix reconoció esto y afirmó: “Casi siempre ha pasado en Guatemala. El año electoral ocupa más tiempo en actividades partidarias. Espero que el Tribunal Supremo Electoral sea suficientemente firme para evitar que se realice actividad proselitista anticipada y que esto tenga como consecuencia que no haya igualdad de condiciones en el inicio de la campaña y que partidos determinados estén adelantados. El año electoral hace que muchas actividades se vean matizadas por la elección de las nuevas autoridades en 2020”.
Pero el mayor reto, afirma, es “restituirle el prestigio a la institución. Ojalá no sean los intereses particulares o de grupo los que determinen la agenda legislativa. La principal tarea es enderezar la nave y ojalá encauzar la actividad del Congreso”.