Este viernes fue publicado en el Diario oficial, el Decreto 18-2023, Ley del Presupuesto general de Ingresos y Egresos del Estado 2024, el cual fue sancionado por el presidente Alejandro Giammattei, pese a las solicitudes de varios sectores, incluidas las del presidente electo, Bernardo Arévalo, para que en su lugar lo vetara.
Redacción Perspectiva
El Decreto de Presupuesto para el próximo año fija un monto de 124 mil 879 millones 970 mil quetzales y fue firmado por el presidente Alejandro Giammattei y firmado por el ministro de Finanzas y la Secretaria General. Además, durante una actividad pública al mandatario confirmó que sancionó el Presupuesto.
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SOLICITUDES FUERON IGNORADAS
Arévalo, pidió en una carta al mandatario, Alejandro Giammattei, que vete el Presupuesto 2024, y advierte “graves violaciones” e irregularidades que a su consideración afectarán el bienestar social y el desempeño económico del país el próximo año.
El presidente electo mencionó cuatro anomalías: ilegalidades introducidas por la comisión de Finanzas y Moneda del Congreso, así como de diputados con enmiendas, asignaciones presupuestarias cuestionables, opacas y que inducen a la corrupción, reducción arbitraria de las inversiones sociales con impacto negativo en el bienestar social y el crecimiento económico, amenazas a la deuda pública y al financiamiento de la inversión pública con significativa afectación de la calificación de riesgo país.
La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) se sumó a la petición de diferentes sectores que solicitaron en su momento a Giammattei vetar el Decreto 18-2023, ya que en algunos casos, las asignaciones limitan la capacidad de fiscalización y fomentarían la corrupción.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) pidió corregir errores en el Presupuesto ya que su aprobación puede dañar a la población guatemalteca. A este pronunciamiento se sumó la Cámara de Industria de Guatemala (CIG).
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) advirtió que la vigencia del presupuesto para 2024, tal como fue aprobado en el Decreto número 18-2023, generará “daños a varios y diversos sectores económicos y sociales, y dificultará la gestión del nuevo gobierno entrante”.
