En un comunicado, el Ministerio Público (MP), reiteró que con la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad (CC), se ordena que las autoridades impugnadas garanticen la interrelación de los diversos derechos constitucionales que asisten a todos los guatemaltecos, en aras del mantenimiento del orden público y de esa manera que todos los derechos coexistan con el derecho a manifestar, ya que un bloqueo implica una acción fuera de la ley.
Redacción Perspectiva
El domingo 8 de octubre de 2023 el MP presentó ante la Corte de Constitucionalidad debida ejecución del amparo promovido por el Procurador de los Derechos Humanos con el fin de que se ordenara al Presidente de la República de Guatemala, al Ministro de Gobernación y al Director General de la Policía Nacional Civil dar efectivo cumplimiento al amparo provisional otorgado en su momento por dicha Corte, debiéndose tomar todas aquellas medidas necesarias para tal ejecución.
En consecuencia, la CC dictó la debida ejecutoria al amparo que ordena liberar las vías de los bloqueos que este jueves cumplen 11 días en Guatemala. Por lo tanto, pide al Gobierno, asumir de forma inmediata y oportuna, las acciones y medidas pertinentes para restituir a los guatemaltecos en el goce de la libre locomoción, el acceso a la salud y vida, seguridad, al ejercicio del trabajo, el comercio y la industria.
Además, piden garantizar los servicios esenciales como transporte, el agua, el agua potable, la energía eléctrica y cualesquiera otros afectados, entre estos los derechos de los niños a la integridad, a la educación, y los otros reconocidos y garantizados por la Constitución Política de la República de Guatemala y la Convención sobre los Derechos del Niño, que también se ven afectados por las situaciones de abusos en el ejercicio de otros derechos.
La corte pide coordinar e implementar acciones tendientes a garantizar que los guatemaltecos ejerciten con seguridad su derecho de manifestación, siempre que ésta sea pacífica, pero también que se permita a los ciudadanos guatemaltecos realizar sus actividades diarias sin que resulten afectados por el ejercicio del derecho de manifestación o el abuso del mismo, debiendo velar por el libre tránsito de cuerpos de socorro y de las fuerza de seguridad, así como garantizar el funcionamiento de puertos, aeropuertos, aduanas, terminales de carga y descarga de mercancías.
En esa línea, pide iniciar las investigaciones pertinentes con el fin de responsabilizar a las personas que, en aprovechamiento del uso del derecho de manifestación pacífica, cometan actos delictivos contra propiedad pública o privada, o utilicen esos mecanismos para afectar y cometer ilícitos contra la población. Aunado a que, en caso de flagrante delito deben proceder de conformidad con la previsión del artículo 257 del Código Procesal Penal.
El LLAMADO DEL MP
La Corte de Constitucionalidad en la resolución también exhorta al Ministerio Público para que “proceda diligentemente, apegado a los principios que rigen el proceso penal y cuidando cumplir estrictamente los plazos procesales establecidos en la Ley, concluyendo a la brevedad posible, su investigación y realizar las diligencias judiciales necesarias que la situación amerita”.
Por lo que, el Ministerio Público reitera el llamado a las autoridades responsables de la seguridad nacional a cumplir con lo ordenado por la máxima corte del país y garantizar el acceso a la justicia y el respeto de los derechos de todos los guatemaltecos.
Afirman que, desde el lunes 2 de octubre un grupo de personas quienes debiendo manifestarse a través de las vías legales correspondientes, han vedado el acceso al Edificio Gerona con medidas que atentan contra los derechos humanos de las víctimas del delito, obstruyendo las investigaciones con notorio interés en que no se pueda avanzar en las mismas y no se conozca la verdad.
“El Ministerio Público, tal y como lo manda la Constitución Política de República de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, continúa firme en sus investigaciones y reitera la necesidad que las autoridades responsables cumplan con su mandato legal y permitan recuperar el acceso al Edificio Gerona para poder garantizar la averiguación de la verdad y dar a conocer los resultados de las investigaciones al pueblo de Guatemala”, agregan.