MP pide retiro de antejuicio contra Bernardo Arévalo, esto responde el Gobierno

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP),presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra el presidente de la República de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León por el caso “Corrupción MICIVI: el mecanismo ilegal de pago”, por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución, a lo cual el Ejecutivo informó que, los señalamientos de la fiscalía a cargo de Rafael Curruchiche “no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo”. 

Redacción Perspectiva

“Lo único que sostiene estas acciones corruptas del MP es la participación de dos o tres jueces cómplices que, en este caso, no tendrán ningún rol. Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal, mucho menos un antejuicio”, aseguró el Gobierno a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, agregando que “estos actores no gozan de ninguna credibilidad y el pueblo de Guatemala lo sabe”. 

El MP aclaró que, el proceso de antejuicio conlleva el respeto al derecho de defensa que todos los ciudadanos gozan  y a la presunción de inocencia, que, al momento de presentar un antejuicio, este es conocido por jueces, los cuales como tribunal de derecho determinarán si la denuncia presentada atiende a fines políticos espurios o ilegítimos.

EL CASO

El ente investigador argumentó que en la denuncia presentada se ponen de conocimiento hechos que refieren que Arévalo, en el ejercicio del cargo emitió una orden ilegal a través de la creación de un mecanismo de pago arbitrario fuera del marco legal de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y, para dicho fin, autorizó pagos a contratistas del Estado, específicamente a constructores de obras contratados por el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda. La denuncia fue presentada el 16 de julio del presente año.

En la conferencia de prensa el fiscal Curruchiche hizo mención de antecedentes como el del Caso La Línea, investigado por el Ministerio Público en conjunto con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, audio que según las autoridades de ese período, demostraban la participación del Presidente de la República Otto Fernando Pérez Molina en un caso de corrupción denominado la línea y por el cual solicitaron una orden de captura contra la ex vicepresidente y presentaron una solicitud de antejuicio contra el presidente Pérez Molina.

En ese contexto refirió que durante el mes de agosto del año 2024 círculo en medios de comunicación un aparente audio sobre una conversación sostenida presumiblemente realizada por el presidente Bernardo Arévalo y la ex ministra de Comunicaciones Infraestructura y Vivienda de ese tiempo Yazmín de la Vega. Así también que, durante una conferencia de Prensa que circuló en fuentes abiertas, aparentemente el Presidente de la Republica Bernardo Arévalo se refirió al tema de un audio en donde indica:

“Ese audio es auténtico esa es la llamada en la que yo destituí a la Ministra porque no se encontraba en el país, y se encontraba en el país sin tener autorización para estar ausente del país por eso tuve que hacerlo por teléfono, la lista que se dice efectivamente son listas en donde se iba acordando el orden de pagos para poder hacer los pagos a el conjunto de obras que existen en el país recuerde que nosotros tenemos mil cuatrocientos contratos de construcción abiertos que ha estos hay que irles pagando …”

El MP refirió que para obtener los indicios que sustenten la investigación, la fiscalía obtuvo de una testigo cinco documentos originales que fueron entregados por el presidente de la república en los que se observa la firma del presidente. Los documentos ya están debidamente embalados con su respectiva cadena de custodia y en poder de la fiscalía.

De acuerdo con los indicios obtenidos el presidente de la república ordenó realizar pagos mediante un mecanismo ilegal a través de listados a una empresa vinculada con el Embajador Gabriel Orellana Rojas, nombrado como miembro del Comité Jurídico de la Organización De Estados Americanos OEA.

Empresas a las que el mandatario autorizó realizar pagos según datos del MP son:

Overseas Engineering & Construction Guatemala
Pago autorizado Q67,956,574.00
(En el listado no especifica si la obra tiene avance físico o financiero)
Así también autorizó pagos a empresas públicamente señaladas de corrupción:

SERMAT
Constructora vinculada a la estructura develada por la SAT, caso B410
Pago autorizado
Q6,020,715.58

MAYAPAV, S. A.
Pago autorizado Q33,192,558.52
(En el listado no especifica si la obra tiene avance físico o financiero)

 Proyectos Samaria
Pago autorizado Q27,780,322.83
(En el listado no especifica si la obra tiene avance físico o financiero)

Inspira Construcciones
Pago autorizado Q548,463.75

Juan Carlos Lemus Salvatierra
Pago autorizado Q3,312,660.00

Grupo Internacional de Proyectos, S.A.
Pago autorizado Q91,000.00
(En el listado no especifica si la obra tiene avance físico o financiero) 

TECNISOL
Pago autorizado Q17,315,643.72
(En el listado no especifica si la obra tiene avance físico o financiero)
El presidente Bernardo Arévalo, aprobó el 19 de marzo de 2024 pagos a la empresa TECNISOL, por Q10,178,441.40 y por Q7,137,202.32, la misma empresa que estuvo relacionada a la destitución del Exdirector General de Caminos el 18 de julio de 2024.

Constructora y Distribuidora Bremar
Pago autorizado Q28,581,044.86

 Grupo Construyala Constructores, S.A.
Pago autorizado Q255,331.66 

Elmer José Cruz Ambrocio
Pago autorizado Q2,258,178.14

B & R Constructores
Pago autorizado Q5,580,717.13 

J & E Datos y Conferencias, S.A.
Pago Autorizado Q7,945,170.30

Opción Técnica
Pago autorizado Q12,217,734.08

 

Por su parte, Ángel Pineda, secretario general del MP, manifestó que en el Ministerio Público se han recibido denuncias de casos de corrupción que posiblemente involucra a varios funcionarios, quienes según se ha denunciado, mediante un claro abuso de poder para obtener beneficios personales se han aprovechado de sus cargos para favorecer intereses particulares en detrimento del bien común y del dinero del Estado.

 

 

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