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jueves, diciembre 12, 2024

Ministerio Público pide investigar a trabajadores del TSE y al titular de la SCSP

En conferencia de prensa funcionarios del Ministerio Público (MP), trasladaron información respecto a la investigación del Caso Corrupción Semilla y las acciones que tomarán en contra de la magistrada Presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Blanca Alfaro, personal de esa institución y el Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, por la posible comisión de los ilícitos penales de revelación de información confidencial o reservada, así como de obstaculización a la acción penal y en el caso de Palomo, por posible obstaculización a la acción penal y abuso de autoridad.

Redacción Perspectiva
En la conferencia de prensa estuvieron presentes el Secretario General del Ministerio Público, Angel Pineda;  Estuardo Ávila, Secretario contra la Corrupción; Rafael Curruchiche, Fiscal de Sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y Leonor Morales, Agente Fiscal de la FECI.

LAS ACCIONES CONTRA ALFARO Y PALOMO
Sobre las acciones que realizará el MP, señalan que, la Magistrada Presidente del TSE, Blanca Odilia Alfaro Guerra, difundió en redes sociales  la realización de una diligencia de investigación que se encontraba protegida bajo la reserva judicial.  Por lo que el ente investigador indicó que pedirá que se certifique lo conducente en contra de la Magistrada Alfaro Guerra por la posible comisión de los ilícitos penales de revelación de información confidencial o reservada, así como de obstaculización a la acción penal.

En ese contexto, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó al juez contralor que también se certifique lo conducente en contra de todo el personal del TSE que estuvo presente en la diligencia de fecha 18, 22 y 23 de julio del presente año.

Además, se solicitó certificar lo conducente al Secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Santiago Palomo, así como cualquier otra persona que resulte responsable de los ilícitos penales de obstaculización a la acción penal y abuso de autoridad, ya que, a decir del MP,  “abusando de su cargo realizó un acto ilegal en perjuicio de la administración pública al haber hecho uso de canales oficiales de gobierno para informar sobre diligencias de un expediente ministerial en donde personeros de gobierno se encuentran en calidad de antejuiciados y otros que no gozan de esta prerrogativa podrían tener la calidad de sindicados”. 

Esto, luego que con fecha 19 de julio de julio del presente año, la Fiscalía Especial contra la Impunidad requirió autorización judicial a efecto de realizar diferentes requerimientos al Tribunal Supremo Electoral. Así también para poder realizar una auditoría en la sede del TSE a los sistemas Informáticos del mismo, por lo que se realizaron las coordinaciones correspondientes para llevar a cabo la misma el día 18, 22 y 23 de julio del presente año.

Según detallan, al inicio de la diligencia se hizo del conocimiento de todos los presentes en la misma que se realizaría únicamente lo autorizado por el juez contralor, que el expediente se encontraba bajo la reserva, reserva judicial que conllevaba la orden de no divulgación de la información de dicha diligencia, que todos los presentes al ser conocedores de la reserva judicial eran responsables de la misma, que no se podía informar absolutamente nada de lo que se llevará a cabo en la misma.

“Todo el personal del Ministerio Público y del TSE, estuvimos de acuerdo en lo mismo, motivo por el cual todos los que estuvimos presentes en la diligencia firmamos en la diligencia de investigación”, añadió Morales. 

MP RECHAZA SEÑALAMIENTOS DEL EJECUTIVO

Por otro lado, Pineda aseguró que en semanas anteriores funcionarios del Organismo Ejecutivo han trasladado información falsa, emitiendo opiniones de expedientes de los cuales no tienen conocimiento porque no son parte, porque así lo establece el artículo 314 del Código Procesal Penal, “es la ley la que nos rige y es la ley a la que debemos respetar”, enfatizó.

Agregó que se debe hacer lo que establece la ley y nadie es superior a ella, así lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala; “rechazamos categóricamente todas estas aseveraciones, un ataque sistemático del Organismo Ejecutivo que lo único que busca es impedir las investigaciones del Ministerio Público.

Indicó también que en una comunicación se aseguró que el Ministerio Público secuestró el padrón electoral, por ello se traslada la información del caso para que vean la falsedad con la que algunos funcionarios del Ejecutivo han trasladado esa información a la población. Hay una confusión que se genera para confundir las diferentes etapas procesales de la investigación, lo único que se busca es la averiguación de la verdad, para eso está creado el Ministerio Público para ejercer esa su función

Curruchiche indicó que cada una de las acciones realizadas por la FECI, se ha hecho conforme a la ley y la Constitución Política de la República de Guatemala, en ese sentido, no obstante que la investigación se encuentra bajo reserva se ha solicitado al juez competente el levantamiento de la misma para dar a conocer la información pertinente y posteriormente la investigación regrese al estado bajo reserva.

“El punto principal es que diversos funcionarios públicos en estos días han estado manifestando a través de diversos medios de comunicación que la FECI secuestró el padrón electoral y dentro de la narrativa perversa que han indicado, dentro de muchas otras, es que los datos de los guatemaltecos se están poniendo en riesgo, se está poniendo en riesgo la vida e integridad de las personas, lo cual es totalmente falso”, dijo el jefe de la FECI.

LA POSTURA DEL EJECUTIVO (Actualizada a las 17:14 horas del 2 de agosto de 2024)
Respecto a lo señalado por el MP, la SCSP indicó que «La acción del MP demuestra la desesperación y posición de debilidad en la que se encuentran. Están acorralados y solos. La falta de argumentos y pruebas es evidente en contra de un proceso de elecciones democráticas y legítimas, y de un Gobierno que impulsa los cambios que el pueblo exige y que se enfrenta a la corrupción que el mismo MP deja impune».

Agregan que, el cargo de Secretario de Comunicación Social de la Presidencia goza del derecho de antejuicio y que cualquier acción que disminuya o atente contra esa protección es ilegal. Se están analizando las acciones legales a emprender.

Palomo también se ha pronunciado en redes sociales:

 

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