El presidente Bernardo Arévalo presentó esta mañana en conferencia de prensa una propuesta de Ley Antilavado de Dinero, la cual, según el mandatario, «es fundamental para identificar los flujos financieros del crimen organizado y combatir delitos como el narcotráfico desde su raíz económica».
Redacción Perspectiva
De acuerdo con lo informado, la iniciativa busca actualizar la normativa vigente en Guatemala desde 2001, con el fin de alinearse a estándares internacionales y evitar que el país ingrese a listas grises de naciones no cooperantes.
La propuesta legislativa, según el Gobierno, establece nuevas medidas para detectar y sancionar el lavado de activos, que Arévalo calificó como «el motor de cualquier organización criminal», al permitir la inyección de capital ilícito en la economía formal y dificultar su rastreo.
A pesar de que Guatemala ya cuenta con una Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (Decreto No. 67-2001), la administración actual argumenta que la nueva iniciativa es crucial para subsanar brechas identificadas en evaluaciones previas.
Seguimos cumpliendo con lo que prometimos. Perseguir al crimen para que la vida sea más próspera y digna, y las calles más seguras.
La lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción es la más urgente que enfrentamos como nación. pic.twitter.com/LeoYW6JLFh
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) July 28, 2025
En esta línea, el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos, resaltó que las leyes actuales tienen más de 20 años y esta iniciativa 6593 busca un «régimen moderno» que fortalezca el trabajo de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y los reportes de transacciones sospechosas. Además, el Superintendente de Bancos, Saulo de León, ha advertido sobre «graves consecuencias» si no se aprueba; sin embargo, la medida no está exenta de posibles cuestionamientos.
Expertos y sectores diversos deberán analizar si la ampliación de los sujetos obligados y la modificación de normativas vinculadas como el Código Penal o la Ley que regula los servicios de seguridad privada, son medidas que garantizan el equilibrio entre la efectividad en la lucha contra el lavado y el respeto a los derechos individuales y empresariales.
En este sentido, la efectividad de la nueva legislación dependerá no solo de su aprobación, sino también de su implementación rigurosa y transparente, así como de la capacidad del Estado para aplicar los nuevos controles sin entorpecer la actividad económica legítima. La ciudadanía y diversos sectores estarán atentos a cómo esta propuesta se discute y evoluciona en el Congreso de la República.