La Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) se sumó a la petición de diferentes sectores que solicitan al presidente Alejandro Giammattei vetar el Decreto 18-2023, que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, ya que en algunos casos, las asignaciones limitan la capacidad de fiscalización y fomentarían la corrupción.
Redacción Perspectiva
Los medios de comunicación han solicitado a Presidencia una respuesta respecto al análisis que el Giammattei podría hacer del Decreto referido y las peticiones de los distintos sectores para su veto. Además, Perspectiva consultó sobre cuándo podría pronunciarse el mandatario al respecto, sin que al cierre de esta publicación se haya obtenido una respuesta por parte de las autoridades de Gobierno o la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
LAS PETICIONES DE DISTINTOS SECTORES
En el caso de Fundesa, señalan que, dentro de las propuestas técnicas presentadas en el Encuentro Nacional de Empresarios (Enade) se ha recalcado la importante necesidad de eliminar la asignación a proyectos específicos que no tengan estudios de preinversión, así como la urgencia de contar con contratos de pagos por indicadores, que ayuden a transparentar la calidad de la inversión.
“El presupuesto aprobado, asigna fondos a proyectos específicos del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, con readecuaciones presupuestarias, por montos significativos, para financiar obras y proyectos que no estaban en los planes del Ministerio según el proyecto de presupuesto enviado originalmente por el Organismo Ejecutivo, por lo que el uso de tales recursos puede ser cuestionable y opaco”, señalan.
Además, enfatizan que, el presupuesto aprobado, atenta contra la estabilidad macroeconómica, ya que no se reintegró el pago al Banco de Guatemala por sus deficiencias netas, razón por la cual el déficit fiscal sería cerca del 2% del PIB, esto es sumamente preocupante.
Adicionalmente, señalan que se dejó en riesgo al Estado de Guatemala de caer en una parálisis en la colocación o recolocación de deuda, ya que el Gobierno debe contar con la aprobación previa del Congreso de la República, para emitir, negociar o colocar Bonos del Tesoro, hasta por un monto igual al de los vencimientos que se produzcan durante el ejercicio fiscal vigente. Esto afecta negativamente la calificación de riesgo país, ya que no se podría recolocar los bonos que vencen el próximo año por un monto cercano a los Q6,260.9 millones, según el propio Ministerio de Finanzas Públicas.
Por otro lado, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) pide corregir errores en el Presupuesto y su aprobación puede dañar a la población guatemalteca. A este pronunciamiento se sumó la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), en donde replican la postura del Cacif y señalan que: “Como sector industrial, apoyamos la exhortación a corregir los errores en el Presupuesto 2024 aprobado por el Congreso de la República”.
A decir la Cámara de Comercio, el Presupuesto aprobado es “poco técnico e inefectivo” además, promueve la corrupción y despilfarro de los recursos públicos, por lo que debe ser reestructurado y enfocado en las áreas prioritarias para el desarrollo del país.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) a través de un comunicado, señaló que analizó el Decreto número 18-2023 y el Instituto constató que esta versión aprobada no corrigió el error de subestimación en la proyección de ingresos tributarios incluido en la versión original del proyecto de presupuesto para 2024 y mantiene las alteraciones y anomalías que la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda (CFPM) introdujo en su dictamen; pero, además, las enmiendas aprobadas empeoran aún más los efectos dañinos que la vigencia de este presupuesto provocaría.
Entre otros aspectos, el Icefi advierte que la vigencia del presupuesto para 2024, tal como fue aprobado en el Decreto número 18-2023, generará “daños a varios y diversos sectores económicos y sociales, y dificultará la gestión del nuevo gobierno, por lo que, en la situación actual, el escenario menos perjudicial es que, luego de vetar el presupuesto aprobado, tal como lo establece la literal b del artículo 171 constitucional, en 2024 se ejecute el presupuesto vigente de 2023”.
En esa línea, recomiendan que, con la mayor urgencia y celeridad, el gobierno en funciones presidido por Alejandro Giammattei, y el equipo de transición del presidente electo Bernardo Arévalo, conformen una mesa de diálogo y discusión para corregir el problema del presupuesto. Les insta a que este sea un espacio transparente y abierto, en el que se incluya a la sociedad civil organizada, a la academia, a los centros de pensamiento y todo sector con capacidad e interés en pronunciarse sobre la necesidad y la conveniencia de vetar el decreto con el que el Congreso aprobó el presupuesto para 2024.
¿QUÉ APROBÓ EL CONGRESO?
El 30 de noviembre, el Pleno del Congreso de la República, con el voto favorable de más de las dos terceras partes del número del total diputados, (115 votos), aprobó el Decreto 18-2023, que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, el cual asciende a Q124,879, 970.
 se sumó a la petición de diferentes sectores que solicitan al presidente Alejandro Giammattei vetar el 18-2023, que contiene la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, ya que en algunos casos, las asignaciones limitan la capacidad de fiscalización y fomentarían la corrupción.){kind=link}