La situación en Guatemala pasó de ser pacífica a volverse violenta en el noveno día de protestas, cuando el gobierno decidió desplegar policías antidisturbios para contener a los manifestantes, que bloquean las vías en todo el territorio nacional. Esto ocurrió mientras la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunía para discutir las acciones de la fiscalía contra el proceso electoral.
Redacción Perspectiva
El enfrentamiento entre la policía y los manifestantes se intensificó cuando las fuerzas de seguridad siguieron órdenes del Ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos, quien había anunciado previamente su intención de usar la fuerza pública para controlar las protestas y despejar las vías bloqueadas en todo el país.
A pesar de la confrontación con la policía, más ciudadanos se unieron a la manifestación para impedir su dispersión. Las protestas, que comenzaron la semana anterior, exigen la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, a quien culpan de intentar evitar que el presidente electo, Bernardo Arévalo, asuma su cargo en enero.
Barrientos advirtió que se aplicarían protocolos en las rutas principales, primero intentando el diálogo y, en caso de desobediencia, procediendo a despejar las vías. Paralelamente, la OEA se reunía para monitorear la situación en Guatemala, donde el secretario general del organismo, Luis Almagro, condenó las acciones de la fiscalía contra el proceso electoral y pidió el cese de la persecución penal contra los involucrados.
Almagro destacó que hasta el momento, las manifestaciones habían sido pacíficas y que la violencia provino de «elementos criminales oportunistas» que intentaron infiltrarse en las protestas. Sin embargo, el canciller guatemalteco, Mario Búcaro, mencionó episodios de vandalismo que afectaron a la población como lo sucedido en la plaza central la noche del lunes.
La aerolínea Volaris suspendió vuelos hacia y desde Guatemala debido a los bloqueos en las carreteras, que afectan el suministro de combustible. La Aeronáutica Civil aseguró que otros vuelos seguían operando con normalidad y que había suficiente combustible en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
El presidente electo, Bernardo Arévalo, denunció los intentos de la fiscalía por evitar su presidencia y responsabilizó a Porras de incitar a actos vandálicos. La situación se tornó violenta en la capital después de que la fiscal general informara sobre saqueos, algo que no se había reportado previamente.
El presidente Alejandro Giammattei anunció que no toleraría más cierres de carreteras y condenó los actos vandálicos. La protesta, que había sido pacífica en otros lugares, se tornó violenta en la capital, donde la policía arrestó a varias personas por su participación en los actos violentos.
Los manifestantes acusan a la fiscalía de irrespetar los resultados electorales y cuestionan la legitimidad de las elecciones del 20 de agosto, en las cuales Arévalo ganó en segunda vuelta contra la ex primera dama Sandra Torres, quien se ha negado a aceptar su derrota y ha denunciado fraude, una acusación que Porras investiga.
