Ante las acciones de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en las instalaciones del Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif), señaló que, el Ministerio Público (MP), en atención a su responsabilidad legal de promover la persecución penal, debe ejercer dicha facultad con absoluto apego a la ley, por lo que destacan que, «la democracia y sistema de votación de nuestro país deben preservarse».
Redacción Perspectiva
De acuerdo con el sector empresarial, los funcionarios que intervienen en esta investigación deben desarrollar su actuar dentro de lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala y leyes aplicables, haciendo prevalecer, en todo momento, la voluntad popular manifestada a través de las elecciones y respetando el resultado de un proceso del que el Tribunal Supremo Electoral ya ha declarado su validez.
Agregan que, la democracia y sistema de votación de nuestro país deben preservarse. Por lo tanto, solicitamos a los tres poderes del Estado y Órganos de control constitucional, la protección del sistema republicano, el cumplimiento del orden constitucional y el respeto a las instituciones democráticas.
“Exhortamos a las partes a retomar el proceso ordenado de transición ya iniciado, de manera que se realice la entrega de mando a las autoridades electas el próximo 14 de enero”, señala el comunicado.
MP ASEGURA QUE DILIGENCIAS NO ALTERAN CUSTODIA DEL VOTO
El MP, señaló que, las diligencias que se llevan a cabo en el COPE se están realizando al amparo de una orden judicial, no invaden facultades del Tribunal Supremo Electoral y tampoco configuran una alteración de la custodia del voto, como equívocamente se ha manifestado en distintas publicaciones.
“El artículo 187 del Código Procesal Penal establece que cuando fuere necesario inspeccionar lugares, cosas o personas, porque existen motivos suficientes para sospechar que se encontrarán vesligios del delito, se procederá a su registro, con autorización judicial, pudiendo en caso necesario efectuar el secuestro de indicios para evitar que los mismos puedan menoscabarse.
Agregan que, según la Ley Electoral y de Partidos Políticos, una vez realizado el escrutinio de los votos emilidos en la elección, los votos quedan contabilizados en las actas de cada una de las mesas electorales y luego del procedimiento de impugnaciones la contabilización general de las mismas conlleva a los resultados oficiales.
“Las diligencias que se están llevando a cabo, habiendo finalizado la elección, no representan recuentos de votos, alteraciones de votos ni cuestionamientos a los resultados electorales y tampoco se está violentando la voluntad popular como terceras personas han pronunciado”, señala el MP.