Tras meses de gestiones diplomáticas frente a las restrictivas políticas arancelarias impuestas por Washington en 2025, el Gobierno de Guatemala oficializó la firma del Acuerdo Recíproco de Aranceles (ARC). Si bien el Ministerio de Economía (Mineco) celebra que el 72.4 % de las exportaciones mantendrán el beneficio de arancel cero, el acuerdo también pone de relieve la vulnerabilidad de ciertos sectores y los nuevos compromisos que el país deberá agilizar para no perder competitividad.
Redacción Perspectiva
La ministra de Economía, Gabriela García, destacó que el acuerdo asegura el ingreso sin gravámenes de 3,503 partidas arancelarias, una medida que busca evitar una fuga de empleos masiva en los sectores industrial y de manufactura. No obstante, la otra cara de la moneda revela que un 27.6 % de los productos, concentrados principalmente en el sector agrícola, continuarán enfrentando un arancel del 10 %.
Aunque el Mineco ha prometido apoyar a estos productores mediante ferias internacionales y la búsqueda de nuevos socios, el sector agrícola —motor histórico de la economía guatemalteca— queda en una posición de desventaja relativa frente a los productos industriales que sí lograron el blindaje total.
¿Modernización o condicionamiento?
El ARC no se limita al intercambio de bienes; también funciona como un mecanismo de presión para que Guatemala cumpla con estándares de los que el país ha tenido rezagos históricos. El acuerdo exige la ratificación de convenios sobre propiedad intelectual, economía digital y estándares ambientales y sociales, temas que ahora se vuelven vinculantes para mantener la fluidez comercial con Estados Unidos.
Esta «modernización» del comercio, si bien es necesaria para la digitalización, impone una carga administrativa y regulatoria que pondrá a prueba la capacidad de respuesta de instituciones como el MAGA, la SAT y el Ministerio de Ambiente en el corto plazo.
Certeza jurídica en un plazo de 30 días
Con la firma del pasado 30 de enero, el país entra en una cuenta regresiva. Se estima un plazo de 30 días para que el presidente Bernardo Arévalo sancione y publique el acuerdo, una vez se completen los trámites legales en ambos países.
Aunque el acuerdo logra disipar el temor inmediato a un gravamen generalizado del 10 %, el éxito real del ARC dependerá de la capacidad del Estado para diversificar mercados para los sectores que quedaron fuera del beneficio y de la celeridad con la que el sector privado pueda adaptarse a las nuevas reglas de «cumplimiento» que Washington ha puesto sobre la mesa.