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viernes, enero 21, 2022

Oderbrecht: US$384 millones que Guatemala perdió

Raúl Falla, abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), acusadora del fiscal Juan Francisco Sandoval, explica la magnitud económica que la obtención de tres “colaboradores eficaces” tuvo para Guatemala. Según dice, con la intervención del fiscal, Guatemala perdió una suma mayor a la totalidad de lo defraudado al Estado en los casos llevados por la CICIG-FECI.

Roxana Orantes Córdova

“Todo el dinero defraudado al Estado por todos los acusados en casos de corrupción por la CICIG-FECI, suma aproximadamente el 60% de lo que Guatemala perdió cuando Juan Francisco Sandoval decidió condonar la deuda a Oderbrecht, usurpando funciones y ejecutando acciones para las que no estaba autorizado”, expresa Raúl Falla.

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Hoy, el fiscal Juan Francisco Sandoval presentó una actividad procesal defectuosa, para evitar que el juez Maynor Moto conozca la solicitud de la FCT, que insiste en reactivar una denuncia contra el jefe de la FECI.

Esta acción se da porque su solicitud de recusar a Moto bajo el argumento de que existe enemistad entre ambos, fue denegada. Al parecer, su expectativa es que se nombre a Erika Aifán, aunque algunas opiniones consideran que ella no podría participar en ningún caso que involucre a Sandoval ni a la FECI, por la excelente relación entre Aifán y el fiscal.

Un detalle interesante es que Sandoval no se presentó a la primera audiencia. Sin embargo, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, acudió a verificar que no se violaran los derechos del fiscal y según narra Falla, abrazó calurosamente a la abogada Claudia González, defensora de Sandoval y ex mandataria de la CICIG.  Esto es considerado inapropiado por el abogado de la FTC, quien añade que la presencia de Rodas atentó contra la independencia judicial del juez.

El caso que hizo temblar a Latinoamérica

En 2016, una investigación del Departamento de Estado estadounidense hizo público que una empresa brasileña llamada Oderbrecht había repartido sobornos a políticos en varios países del mundo (América Latina, África y EEUU), por un total de US$788 millones, narra Falla.

Los sobornos se otorgaban a cambio de construcción de obras y en Guatemala, alcanzaron al ex ministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, a varios diputados y a empresarios constructores.

Sin embargo, la justicia no llegó a todos y las cabezas del caso permanecen impunes, si bien algunos implicados fueron capturados gracias a los testimonios de tres colaboradores brasileños, que causaron más perjuicio que bien a Guatemala, indica el abogado de la FCT.

Cuando el poder “se sube a la cabeza”

Según Falla, Sandoval dio muestras de prepotencia y abusos de poder en varios casos, pero especialmente,  todos los aspectos de la negociación realizada por  él y otra fiscal de la FECI en Brasil fueron ilegales.

“Ahora, su defensora pretende basarse en que tuvieron autorización de Mayra Véliz, pero evidentemente, esta señora no tenía potestad para mandar a dos fiscales a otro país, a negociar en nombre de Guatemala. Ellos pensaban que Iván Velásquez iba a estar indefinidamente aquí y que Thelma Aldana sería presidente”, dice.

“Para empezar, todas las leyes penales se aplican de forma territorial. Un abogado o fiscal guatemalteco no puede ejercer penalmente fuera de las fronteras. Pero además, los funcionarios nacionales en otro país son turistas. Entonces, él viajó como turista a Brasil, no podía actuar como representante de la ley guatemalteca”, señala Falla.

“Sumado a esto, solamente la Procuraduría General de la Nación (PGN), podría haber realizado una negociación de esta naturaleza. Y Sandoval no tomó en cuenta a la PGN. Tomó la decisión de negociar más de trescientos millones de dólares a cambio de tres colaboradores eficaces que fueron asesorados por un defensor guatemalteco. Todo esto estuvo fuera de lugar”.

Sandoval obtuvo, a cambio de las declaraciones, cerca de US$17 millones que representaron la devolución de los sobornos. Esta cifra ni siquiera se acerca a los US$340 millones que Oderbrecht obtuvo por la construcción de un tramo carretero inconcluso, a lo que deben sumarse los intereses de varios años, dice Falla.

Finalmente, el abogado hizo notar el tema de la afianzadora,  como ejemplo de un aparente descuido de Sandoval que terminó de perjudicar a Guatemala. “Cuando realizó su investigación confiscó todos los papeles, incluyendo las pólizas de la fianza. Estas debió entregarlas a la PGN, porque el Estado pudo haber recuperado el dinero o logrado que la afianzadora terminara de construir la carretera. Pero Sandoval “olvidó” este detalle y el período de fianza prescribió. De esta manera, el Estado no solo perdió lo entregado a Oderbrecht, que pagó considerables indeminzaciones a los países perjudicados, sino también deberá invertir nuevamente en construir por lo menos cien metros de una autopista de cuatro carriles que se le pagó a la firma brasileña. Por esto lo denunciamos”, concluye.

 

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