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martes, noviembre 30, 2021

Oderbrecht-Sandoval: inexplicable demora del MP para proceder

Los miembros de la FCT, Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz, comentan una resolución judicial que “constituye un revés para Juan Francisco Sandoval”, en el caso Oderbrecht-Sandoval. En tanto, Rolando Alvarado recuerda el papel de la abogada Claudia González como mandataria de la extinta CICIG.

Roxana Orantes Córdova

Esta semana, el Juzgado Cuarto Pluripersonal resolvió a favor de un recurso presentado por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT). La resolución implica que en el caso Oderbrecht-Sandoval, el ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad queda sin defensa por su condición de fugitivo, afirma Raúl Falla, abogado de la FCT.

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Luego de la resolución que priva a Sandoval de un defensor por su ausencia del país, Claudia González podría presentar una acción de amparo, aunque en algunos informativos se indicó que habría presentado un recurso de reposición.

A esto comentó Falla:

“probablemente hubo un error de los medios, pero si realmente González presentó una reposición para revertir otra, esto solo nos demuestra lo que ya hemos dicho: actúan desde el desconocimiento total”.

Rolando Alvarado, abogado de la familia Bitkov, recuerda el papel implacable de la ex mandataria de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en el caso Migración y Corrupción.

Y Ricardo Méndez Ruiz, presidente de la FCT, pregunta:

¿Qué espera el Ministerio Público para proceder en el caso Oderbrecht-Sandoval?

“Para nosotros, la resolución es trascendental. Quiero mencionar que no conozco personalmente a la jueza, quien actuó en absoluto apego al Derecho. También es pertinente recordar que el ex comisionado de la CICIG, Carlos Castresana sentó el precedente cuando estableció que para tener un defensor, hay que presentarse ante la justicia”.

“Considero que si el MP presenta todas las pruebas que tiene ante esta jueza, actuará apegada a Derecho. No comprendo qué está esperando la Fiscal General para instruir a la Fiscalía de Asuntos Internos, encargada de la investigación. Como querellantes adhesivos, nos consta que tienen pruebas más que suficientes para presentarlas ante un juzgado”.

“Este caso es la vertiente de Oderbrecht que involucra a Juan Francisco Sandoval, a cargo de Asuntos Internos. Para que un juez actúe, necesita indicios razonables y en este caso, el MP los tiene de sobra”.

“Como querellantes en el caso Oderbrecht-Sandoval, nos consta que ya tienen todos los elementos para llevarlo ante un juez. Esto motiva dudas sobre posibles presiones del Departamento de Estado, aunque la Fiscal Consuelo Porras, ha demostrado que es inmune a esa clase de presiones”.

En cuanto a Claudia González, el presidente de la FCT afirma:

“exige para su cliente lo que les negó a otros”.

Alvarado: “González se oponía rotundamente a las medidas sustitutivas”

Rolando Alvarado, quien defendió a la familia Bitkov en el caso Migración y Corrupción, recuerda:

“Claudia González fue la querellante. Representaba a la CICIG. Llama la atención que actuó en defensa de los intereses del banco ruso BTV. Según dijo, los hechos sucedidos en Rusia eran relevantes para el caso“.

Aunque abogada, González nunca consideró tratados internacionales como el protocolo para prevenir la trata de personas, que complementa la Convención de Palermo, según el cual casos como el de la familia Bitkov, ellos fueron las víctimas de trata. Al mismo tiempo, nunca fue mencionado que Mayra Véliz, ex secretaria del MP, fue quien firmó la cédula de Anastasia Bitkov, cuando trabajaba en Migración.

“Obvió mencionar el interés de esta familia, sabiendo que su caso se apegaba al tratado. Y conociendo que no erran criminales ni parte de una estructura organizada, se negó a otorgarles medidas sustitutivas, como hizo en todos los casos. Sin ninguna consideración se negaba a las medidas sustitutivas y era insistente en exigir la prisión preventiva”, señala Alvarado.

“González es una persona ligada a grupos de izquierda. Fue la abogada que participó en la escritura constitutiva de la ONG Sobrevivientes”, concluye.

“Actuó apegada al derecho penal del enemigo”

Señala Raúl Falla, quen recuerda que Guatemala atravesó una década de terrorismo judicial, donde se impuso el “derecho penal del enemigo”, que percibe a los acusados como enemigos del Estado.

“Castresana señaló que el derecho a la defensa no correspondía por igual a todos los ciudadanos. Fue muy claro en esto, pese a que nuestra legislación dice otra cosa. El derecho a defenderse es una garantía a nivel mundial para todo sujeto que sea de interés para la ley”, afirma.

“Cuando una persona se percata de que es sujeto de interés, puede y debe acudir al MP y buscar un abogado. Incluso si reconoce su delito, tiene derecho a defensa. Pero la fuerza interventora llamada CICIG suprimió esos derechos, tal como se evidencia en el video donde se ve a Castresana diciendo que la defensa no corresponde a los prófugos”.

Esto implicaría que tienen derecho a la defensa hasta que se dictan medidas de coerción. “Como abogado, lo viví. Se me negó sistemáticamente la información sobre sujetos de interés para la ley. No me permitían ver los expedientes de FECI, y era hasta que mis defendidos me llamaban a las seis de la mañana para decirme que estaban allanando sus casas, que tenían derecho a un abogado”.

“La CICIG usurpó funciones al MP, esto está claro, desde la declaración de Castresana hasta la desafortunada declaración de otro ex funcionario extranjero, quien aseguró que el mandato de la CICIG era superior a la Constitución. Y hubo malos guatemaltecos que aplaudieron esto”.

“Ahora, quieren ejercitar el derecho de defensa. Claudia González intentó sorprender a una jeuza recién egresada de la academia, con un memorial que la designaba como abogada. Al percatarnos, como querellante adhesivo, presentamos el recurso que impide esa representación. Y la jueza reconoció la equivocación.”

“No es un acto de venganza, es meternos al mismo terreno jurídico establecido por ellos”, concluye Falla.

 

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