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viernes, mayo 20, 2022

“No fui una víctima. Yo era parte de esta batalla”

Víctima es una palabra que no se puede aplicar a Moisés Galindo, aunque pasó cuatro años en prisión preventiva y el proceso penal al que fue sometido contiene muchas irregularidades. Poco después de obtener la medida sustitutiva tardía, concedió la siguiente entrevista a Perspectiva.

Roxana Orantes Córdova

La prisión preventiva extendida durante años es uno de los mayores vicios del sistema penitenciario nacional. Esto fue reconocido incluso por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en uno de sus boletines informativos (2017), donde indica:

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“La eliminación de la prórroga de la prisión preventiva y la libertad inmediata cuando expiran los plazos legales –un año máximo-, salvo que existan acciones dilatorias interpuestas por la defensa del sindicado con el objetivo de obstaculizar el proceso”.

Sin embargo, en muchos de los casos de la «cruzada contra la corrupción» conducida por la CICIG-FECI, se abusó de la prisión preventiva. Y a algunos de los acusados, como Moisés Galindo, se les aplicó «el derecho penal del actor, no del acto», afirma el abogado, quien señala:

«Casi la mitad de los presos en Guatemala, están en prisión preventiva. Y todavía existen presos políticos», denuncia el autor del libro Ovejas negras en el altar de los sacrificios, donde se analiza el Caso Gerardi como un juicio politizado. Además, es fundador y abogado de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), con varias querellas contra Thelma Aldana, Mayra Véliz y otros obsecuentes aliados de la CICIG.

¿Otra multicausa? Galindo en la Caja de Pandora

«En mi caso se violó el derecho de defensa, cuando mandaron a mi clienta a grabar una plática que tuvimos, un hecho contra el secreto profesional. Pero además hubo múltiples irregularidades, que viciaron el proceso», señala Galindo.

Por ejemplo, la acusación en su contra fue incorporada en el expediente fiscal MP3542-2013-33575 de la FECI, bajo control jurisdiccional del Juzgado de Mayor Riesgo D, a cargo de Erika Aifán, calificada como «jueza de consigna» por Galindo.

Dicha causa se refiere al traslado de privados de libertad al Centro de Detención Pavoncito, durante el año 2013, «asunto que no tiene nada que ver con mi persona, por los supuestos hechos sindicados en mi contra debido a mis servicios profesionales investigados y acusados en el año 2017«, expresa el abogado en uno de los documentos que mandó al Ministerio Público.

Cuatro años en el inframundo

Con cuatro años en prisión preventiva, Galindo no perdió la sonrisa ni el sentido del humor que caracterizan su plática. Según afirma, en ningún momento se percibió como una víctima, porque:

“Lo más que lograron mis enemigos políticos fue ponerme en prisión. Yo estaba en la batalla. Lamentablemente, terceras personas fueron víctimas colaterales. Espero que ahora mis enemigos sean fuertes para soportar las consecuencias de sus actos”.

«Muchas veces le dije a la jueza Erika Aifán: vengo de un pueblo perseguido durante miles de años, pero nunca nos han derrotado», afirma el abogado, cuya fe judía lo sostuvo durante una prisión preventiva que se extendió mucho más allá de lo que exige la ley.

«Esa experiencia de cuatro años no fue traumática. Me sostuvo la fe en Dios. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob».

Víctimas y victimarios de la prisión preventiva

Consultado sobre la posibilidad de exigir una reparación al Estado, por la extensión irregular de su prisión preventiva, Galindo señala:

«Lo grave es que mi caso no es el único. Hay un grave desgaste que dañó la credibilidad del sistema de justicia. Lamento dejar a tantas personas que fueron involucradas y pueden considerarse daño colateral. Hay tres guardias acusados de cohecho, por dos mil quetzales».

«Familias heridas y destruidas, personas que se suicidaron en prisión (o al salir de ella); enfermos que han muerto sin recibir atención médica porque un juez se negó a autorizar su salida. Ellos son las víctimas colaterales de esta batalla», comenta.

Guatemala es más consciente que hace cuatro años

«Uno de mis temores era salir de la cárcel y encontrar un país que fuera una gran prisión. Pero los guatemaltecos somos independientes e individualistas. El caso Caja de Pandora mostró a los abogados que podían ser penalizados por ejercer su profesión, y cuando los aliados de CICIG pretendieron ganarse al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), para ubicar a sus piezas en ese espacio, el gremio les negó el apoyo».

«No estoy feliz al cien por ciento, pero puedo decir que salgo a un país que comienza a ser libre de la trama de la nomenclatura», concluye.

 

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