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viernes, enero 21, 2022

Nahualá: policías mueren en enfrentamiento entre agentes y criminales

Sociólogo criminalista y criminólogo, Edy Morales enfatiza en que el Estado debe usar su derecho al monopolio de la coerción e imponer el orden en Nahualá, donde la situación comenzó a salirse de control desde principios de diciembre, ante la inexplicable impasibilidad del gobierno.

Roxana Orantes Córdova

“Narcoterrorismo” es una palabra cada vez más asociada a la situación de Nahualá, que trasciende el mero conflicto territorial con Ixtahuacán, que data aproximadamente de 1865 y parece ser una variable más entre la conflictividad actual, rayana en un estado de guerra local y que hoy cobró las vidas de varios agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), y aparentemente también del Ministerio Público (MP).

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Esto motivó la alarma inmediata entre la opinión pública y fue condenado, entre otros, por el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Hasta el momento, el Ejecutivo y el Ministerio de Gobernación no han emitido ningún pronunciamiento público, si bien se espera una conferencia de prensa hoy.

Entretanto, el General William López Chay, subjefe del Estado Mayor de la Defensa, se presentó a negociar la entrega de agentes retenidos con el grupo armado. Un dato relevante es que el militar acudió desarmado, para mostrar buena voluntad.

Nahualá: ¿Territorio controlado por el crimen organizado?

Tanto Nahualá como Ixtahuacán son municipios que se caracterizan por la ausencia del Estado y la presencia de cultivos de amapola, enfatiza Edy Morales. Además, desde 2016 los medios de comunicación y las autoridades informan periódicamente sobre erradicación de plantíos de amapola y marihuana.

Durante el conflicto armado interno, la zona estuvo fuertemente dividida entre quienes apoyaban a la guerrilla (especialmente EGP y ORPA), y los que se sumaron a las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC), organizadas por el Ejército.

Al desaparecer el conflicto armado como variable en el problema limítrofe que afecta a esa región desde hace más de cien años, las actividades vinculadas con el narcotráfico se convirtieron en una variable de dicha conflictividad y los recientes sucesos, donde campea la impunidad para los criminales, parecen ser la punta del iceberg del poder que el crimen organizado alcanzó en los sitios donde el Estado no tiene presencia, señala el sociólogo.

“Nunca hubo certeza jurídica”, afirma Morales

Que la disputa por un terreno limítrofe entre dos poblaciones indígenas se prolongue desde finales de 1860, evidencia que nunca hubo certeza jurídica, señala Morales. A la disputa por la pequeña franja de tierra se suma otro elemento de conflicto, que es el agua, si bien lo más alarmante es el poder de grupos criminales en el lugar, explica.

“Estos grupos aprovecharon el área propicia para el cultivo de amapola y evidentemente, les interesa mantener vigente el conflicto entre los pobladores”, afirma.

“Considero que el Estado de Sitio en el lugar fue una medida correcta, pero a este debe agregarse un toque de queda. El Estado es el único que tiene el poder de la coerción y el ejercicio de la fuerza”.

Para Morales, es inconcebible que el Estado siga arriesgando tantas vidas de sus agentes. Por ejemplo, en los videos que circularon hoy, fue evidente que los policías no contaban con chalecos antibalas, indica y agrega:

“No se les puede dar más tiempo a los grupos criminales. La historia del conflicto armado nos enseñó que , en Guatemala, muchas masacres iniciaron con problemas limítrofes o conflictos de tierras. Por ejemplo, podemos mencionar el caso de Panzós”.

¿Existe solución?

Expertos en seguridad, como el coronel Mario Mérida, han propuesto algunas soluciones para esta situación. Morales, quien ha dirigido dos veces el Sistema Penitenciario y fue analista en instituciones de inteligencia nacional, también considera que la solución es posible, “si hay voluntad política del gobierno”.

Lo que propone, en primera instancia, es el control del territorio por el Estado, con medidas coercitivas. Y posteriormente, establecer proyectos de desarrollo en la zona, indica.

Según comenta, en un conflicto similar entre Tacaná y Tajumulco, donde también hubo presencia de la variable “narco”, el Estado consolidó proyectos de desarrollo social y comunitario.

Sin embargo, existe una variable cuya sola mención genera temor: el enorme poder y los tentáculos del crimen organizado, que aparentemente se expresan en este conflicto.

 

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