El vocero del Ministerio Público, Juan Luis Pantaleón, explica como una reciente filtración de datos y su divulgación mediática entorpecen la investigación penal.
Redacción Perspectiva
Tanto la filtración como la publicación periodística de información que podría obrar dentro de una carpeta de investigación, ponen en riesgo la persecución penal y la averiguación de la verdad, lo que coadyuva a generar impunidad al poner sobre aviso a los posibles actores de hechos ilícitos.
En relación a las actuaciones de investigación penal, son exclusivamente los fiscales quienes tienen a su cargo las mismas y, por ende, son los responsables de su debido resguardo y confidencialidad.
En ese sentido, se desconoce si quienes publican la información son parte del proceso, pues en la publicación se menciona que “se tuvo acceso”, a diversas evidencias y tal y como lo establece el artículo 314 del Código Procesal Penal “Todos los actos de la investigación serán reservados para los extraños. Las actuaciones sólo podrán ser examinadas por el imputado, las demás personas a quienes se les haya acordado intervención en el procedimiento, los defensores y los mandatarios. No obstante, quienes tengan conocimiento de las actuaciones cumplidas durante la investigación, estarán obligados a guardar reserva. Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, el incumplimiento de esta obligación será considerado falta grave y podrá ser sancionado conforme a la Ley del Organismo Judicial y disposiciones reglamentarias”.
El Ministerio Público tendrá que verificar lo supuestamente declarado, así como los demás medios probatorios, a través de una investigación objetiva e imparcial y como resultado de la misma, actuará de conformidad con la ley en contra de quienes resulten responsables.
Es profundamente lamentable los constantes ataques de los cuales ha sido objeto el Ministerio Público, enfocados a desinformar y a descontextualizar, que únicamente pretenden dañar a la institución y desacreditar el trabajo que desarrolla y que, aunado a ello, podrían generar impunidad toda vez que cualquier sindicado, al verse involucrado, podría darse a la fuga y obstaculizar la averiguación de la verdad; quedando impune su posible participación en un hecho delictivo, puntualizó el vocero de la institución.
