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martes, abril 13, 2021

“Mi hija de nueve años fue investigada por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero”

El Magistrado de Sala de la Corte de Apelaciones Henry Alejandro Elías Wilson, conversó con Perspectiva sobre un caso que podría avergonzar al sistema judicial. En 2017, la hija del jurista fue investigada por una fiscalía que indaga sobre delitos de alto impacto, poco después de que la madre de la niña, una fiscal, diera a conocer una grabación donde Mayra Véliz daba instrucciones ilegales.

Roxana Orantes Córdova

Hace unos días se conoció que la Procuradora Adjunta Claudia Maselli, una de las funcionarias más prestigiosas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), fue ligada a proceso por incumplimiento de deberes, por negarse a proteger a una niña de 9 años que había sido incluida en un caso criminal e investigada por la Fiscalía Contra el Lavado de Dinero del Ministerio Público (MP).

Según el ente investigador de Guatemala, indica Elías, los informes del Registro Nacional de Personas (RENAP), son uno de los medios de investigación que usa el MP. En el caso de esta niña, se comprobó que el MP solicitó una certificación a nombre de la menor y además, se indagó si ella había contraído matrimonio.

La jefe de la Fiscalía de Lavado de Dinero, Sandra Leticia Sandoval, es tía del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), y amiga cercana de Mayra Véliz, señaló el magistrado.

¿Por qué fue investigada la niña?

La intención nace del MP dirigido por Thelma Aldana, en su afán de vengarse de la ex fiscal Tamara de León, quien había grabado a Mayra Véliz dando instrucciones a fiscales para cometer ilegalidades. Eso los motivó a realizar investigaciones parcializadas y sin objeto.

Luego de ese hecho, el MP fabricó una investigación que abarcó a todo el núcleo familiar de la fiscal, por lavado de dinero. No lograron encontrar nada.

¿Cómo se enteran de que la niña era investigada?

Yo trabajé en el MP y ex compañeros me comentaron que habían visto el nombre de mi hija en una investigación que el MP había hecho al RENAP, donde solicitaron su certificado de nacimiento.

Es importante mencionar que para el MP, los informes del RENAP son “medios de investigación”. Solicité que se me indicara cuántas certificaciones de la niña habían pedido y quiénes. Resultó que había sido la Fiscalía Contra Lavado de Dinero e incluso habían intentado establecer si la niña había contraído matrimonio.

¿Dónde denunció esto?

En la PDH. El Ombudsman, en este caso la señora Claudia Maselli, como procuradora adjunta, está obligada a velar por los abusos contra los ciudadanos. No para interponer recursos, antejuicios y otras acciones, sino para proteger a la ciudadanía que ha sido perseguida por abusos de poder.

En este caso, una niña fue investigada, a todas luces ilegalmente. El Artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que los menores son inimputables, además hay diversos convenios y tratados internacionales sobre los derechos de los niños.

Presenté la denuncia, pedí medidas cautelares y jamás le dieron seguimiento al caso, que fue cerrado por Maselli, pero cuando se hizo la denuncia en su contra, intentó retomarlo extemporáneamente. Según la ley, si la PDH no entrega la información requerida en un plazo de 15 días, se tendrán por ciertas las afirmaciones del denunciante.

Es un hecho que el MP investigó a mi hija, y que la PDH no le otorgó medida cautelar.

¿Qué debió hacer la PDH?

Proteger a mi hija y debieron declarar la violación a sus derechos perpetrada por Thelma Aldana y Mayra Véliz. Había evidencia sólida sobre la investigación ilegal que realizó el MP.

¿Por qué afirma que hubo violación a sus derechos?

El nombre de mi hija resultó  entre los de delincuentes, narcotraficantes, sicarios que son investigados por el delito de lavado. Ella tenía apenas nueve años. Y la señora Maselli no pidió medidas cautelares.

¿Qué resultado tuvo su denuncia judicial?

Fue ligada a proceso por incumplimiento de deberes, aunque también habíamos solicitado abuso de autoridad, debido a que los funcionarios no están sobre la ley y según el artículo 154 de la constitución, solo pueden hacer lo que la ley permite.

Ella dictó una resolución final, archivando el caso de mi hija y posteriormente, dicta una ampliación para simular que había tramitado. Esto es abuso de autoridad. Aunque no se trate de penas altas, lo importante es sentar el precedente.

La PDH no está para interponer amparos y realizar acciones políticas, sino para proteger a la ciudadanía. Llama la atención que la misma funcionaria que negó la protección a una niña, declaró violador de los derechos humanos al ministro de Gobernación, por la reacción policial ante el vandalismo contra el Congreso.

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