Mecanismo contra la tortura denunció a ex Fiscal General

El Mecanismo contra la tortura presentó la denuncia penal para no incurrir en omisión de denuncia, explica el comisionado Lesther Castellanos, quien agrega que sus recomendaciones son para desentrampar un proceso que se estancó por acciones de una fiscalía. Entretanto, el coronel César Ruiz, uno de los procesados por el caso CREOMPAZ, detalla la razón de los señalamientos contra Paz y Paz y Gregoria Sut Ren, de la fiscalía de Derechos Humanos.

Roxana Orantes Córdova

Según narra el comisionado Lesther Castellanos, durante las indagaciones relacionadas con el caso CREOMPAZ encontraron indicios de varios delitos que pudieron cometer Claudia Paz y Paz y Gregoria Sut Ren.

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«Estamos obligados a presentar la denuncia, para no incurrir en delito. Dependerá del MP si inician la investigación», expuso.

César Ruiz menciona que, al iniciarse el proceso, la ex Fiscal General deberá ser citada, si bien puede no asistir porque está fuera del país. «Habrá protección internacional para ella, tanto por parte de los EE. UU., algunos países europeos, miembros de organismos internacionales como la CIDH y otros», comenta y agrega:

«La auxiliar fiscal la tiene más difícil por no tener tanto renombre internacional. Puede ser iniciado el proceso y puede ser suspendida en sus funciones. A ella se le acusa de ser la autora material mientras la autora intelectual es Claudia Paz».

El instructivo que transgredió más de una ley

Según Ruiz:

«Claudia Paz y Paz, como Fiscal General, emitió una instrucción general donde ordena como debe realizarse la persecución penal en contra de militares, policías y patrulleros civiles omitiendo deliberadamente la amnistía contenida en la Ley de Reconciliación Nacional y también ordena que se aplique el derecho internacional.

Instruye específicamente como debe evitarse que los militares sean juzgados por tribunales militares, tal como lo ordena la CPRG, como evitar todo tipo de argumentos de defensa y otras ilegalidades contenidas en la citada instrucción general.

Simultáneamente firmo acuerdos de cooperación con varias ONGs que apoyaron a la fiscalía DDHH encargada de la persecución penal, entre ellas FAFG.

Desaparición forzada: ese delito no apareció en el Código Penal sino hasta 1996, casi 10 años después de los supuestos delitos, violando el principio de legalidad en el sentido de que la ley no tiene efecto retroactivo».

Desafío a las leyes

Ruiz continúa:

«El actuar de ambas es en desafío flagrante, tanto a las leyes, como al uso del sistema de justicia. Ellas cuentan con el apoyo e identificación ideológica común con muchos operadores de justicia, los cuales, si no participan activamente en acciones en contra del gobierno y de lo que representa el ejército, tampoco se atreven a actuar en desafío por no tener problemas laborales.

Muchos abogados conocidos con los que hable sobre iniciar acción penal, se excusaron por verlo como una causa perdida, pues no creen que el sistema de justicia, en particular los jueces, se atrevan a ir en contra de la tendencia ideológica que condena al ejército. También no se atreven por evitarse problemas en tribunales o con el MP en el futuro.

Todo el caso CREOMPAZ está fundamentado en una narrativa que inicia con los “expertajes forenses” de la FAFG y luego con la narrativa de varios peritos: unos declarando que el estado/ejercito mataba a población civil no combatiente y el militar que les dio la lista de todos los que podrían ser inculpados, en base a sus funciones dentro de la zona militar. El perito militar, aunque militar uruguayo, desconoce mucho de cómo se operó en el ejército en los años ’80.

Todos los peritos escribieron sus informes para encajar en una narrativa creada en Sudamérica donde la única hipótesis es que hubo violaciones a los derechos humanos condenables por el derecho internacional».

Tortura contra los presos de CREOMPAZ, dice comisionado

Cuando la prisión se impone para castigar al prisionero se está hablando de tortura, explica Lesther Castellanos, quien coincide con los veteranos militares presos en que además de que el artículo que tipificó el delito de desaparición forzada se está aplicando retroactivamente, Paz y Paz habría cometido más de una ilegalidad cuando emitió el instructivo.

Sumado a esto, la agente fiscal logró entrampar el proceso, con un recurso de casación que se encuentra en la Cámara Penal. Al faltar documentos originales del proceso, este no puede continuar, señala Castellanos, quien indica que los delitos denunciados son abuso de autoridad, usurpación de atribuciones, tortura y simulación del delito.

«En ningún momento intentamos decir a la juez lo que debe hacer o cómo fallar. Solamente esperamos que se desentrampe el proceso en el que se acusa a siete veteranos militares por un delito cometido cerca de una década antes de que se tipificara dicho delito», concluye.