Ley de tasa preferencial: ¿un camino hacia la crisis?

Ley de tasa preferencial, o Decreto número 27-2022, se publicó el 10 de mayo en el diario oficial, lo que oficializa su aprobación. Aunque el oficialismo la llama «política para la vivienda digna», medidas como esta desataron crisis económicas sin precedentes en EE.UU., aunque en México no tuvo resultados desastrosos.

Roxana Orantes Córdova

El 9 de mayo se presentó la Política Nacional de la Ley de Interés Preferencial Para el Acceso a Vivienda Social, Decreto 27-2022, aprobado el recién pasado 20 de abril. Según la presidente del Congreso, Shirley Rivera, y los diputados oficialistas, la normativa «busca facilitar la compra de vivienda digna y reducir el déficit habitacional en el país».

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Para el Ejecutivo, los diputados oficialistas y sus aliados, se trata de «un hito histórico» que permitirá a miles de familias tener vivienda propia. El ministro de Finanzas, Álvaro González, djo que además: «se crearán empleos formales, incremento de ingresos fiscales, fomento a la construcción, las municipalidades aumentarán el IUSI y las licencias de construcción”.

Entretanto, Alejandro Giammatei aseguró que la normativa «cambia la radiografía de la Nación, permite al sistema bancario poder entregar créditos, le permite al comprador que esté asegurada su vivienda a través del FHA, los seguros garantizarán que la vivienda sea pagada y la Ley en los primeros cuatro años paga el 40 por ciento de la tasa de financiamiento y ayudará a miles de familias”.

La presidente del Congreso, quien recibió los elogios del ministro de Economía, Janio Rosales, enfatizó en que la política es resultado del trabajo conjunto entre empresarios, funcionarios y diputados.

Ley de tasa preferencial y la frase tabú: burbuja inmobiliaria

El libro Financiarización global de la vivienda: lucro y desplazamientos sociales, del mexicano Víctor Manuel Delgadillo Polanco, cuestiona “el modelo de política pública de vivienda, basado en la promoción del mercado con subsidios públicos y del crédito hipotecario para la compra de la casa propia”.

Según comenta, “dicho modelo se ha expandido mundialmente y en muchos países, condujo al desplazamiento masivo de población por la crisis financiera, acompañada por miles de desahucios por hipotecas no pagadas”.

La publicación en línea Gestión realizó una reseña histórica de esto, indicando:

En 2008, en Estados Unidos estalló una crisis sin precedentes desde la Gran Depresión, que se originó en 2002, cuando el presidente George W.Bush pidió ayuda al sector privado para facilitar el financiamiento hipotecario a personas de bajos ingresos.

Las tasas de interés se redujeron rápidamente, y las facilidades para obtener los créditos alcanzaron a estadounidenses sin ingresos activos ni empleo. Estas hipotecas se denominaron “subprime”.

Los dos efectos de esta facilidad para el crédito fueron: familias que especularon con los precios de las viviendas y costos de las hipotecas, lo que infló los precios, y el estallido de la “burbuja”, que motivó el desplome de los precios, llevando a familias endeudadas a abandonar casas que compraron con préstamos de US$300 mil para pagar casas que llegaron a US$500 mil.

Esto motivó pérdidas en los bancos y como consecuencia, un colapso en los portafolios de bancos de inversión, narra la revista Gestión.

¿Qué consecuencias puede traer para Guatemala esta política?

Guatemala tiene muchas similitudes con México. Entre otras, la enorme mayoría de trabajadores informales. En esto coinciden la publicación del Registro Único de Vivienda de México, y UFM Market Trends, en un artículo de 2020, donde se señala que en Guatemala, el 70% de la población trabaja en la informalidad.

Esta población no está bancarizada y tiene falta de ingresos, lo que no la haría elegible para el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA), señala Market Trends (MT).

Otra característica de Guatemala, indica el medio citado, es que la mayor parte del déficit habitacional es cualitativa. La ley podría impulsar el mercado inmobiliario subprime y por otro lado, podría incrementar los precios de los proyectos aprobados por la FHA.

La iniciativa podría tener impacto mínimo, exceptuando la rentabilidad para algunos desarrolladores, debido a la poca oferta de vivienda que existe. Sin embargo, indica MT, el gobierno podría impulsar la creación de un banco público, argumentando que la banca no cumple su parte en “el camino hacia la vivienda digna y universal”, concluye el texto de MT.