El Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentó el informe Índice de Denuncias de Delitos y Seguridad Ciudadana, Acciones Clave para el 2023. Aunque hay una leve disminución en algunos delitos, aspectos que afectan a las instituciones de seguridad y justicia tienen todavía mucho por reformar.
Roxana Orantes Córdova
Walter Menchú presentó el IDD, mientras Corinne Dedick, Francisco Quezada y David Casasola expusieron la situación en cada tema de su especialidad.
Hace algún tiempo, el CIEN, como brazo técnico de la Coalición por la Seguridad Ciudadana, junto con la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (FUNDESA), presentan este índice y realizan recomendaciones a las entidades encargadas.
El informe es un valioso aporte para analistas y comunicadores, que de esta forma pueden seguir con detalle la evolución de la criminalidad, así como los avances, retrocesos o estancamiento, en el sistema de seguridad y justicia.
Delitos contra la propiedad se incrementan, indica Menchú
En ocho meses del año, el Índice de Denuncias de Delitos se redujo, aunque en marzo y julio registró aumentos notables, informó Walter Menchú, quien agregó que los delitos contra la propiedad registraron los mayores incrementos. Por ejemplo, los robos de vehículos y motocicletas se incrementaron en 11% y 25% más que el año anterior.
Además, resalta el aumento de denuncias por extorsión (11% más).
La tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes fue de 17.3, con 6% más que en 2021, pero es menor a la de 2019, cuando fue de 21.5.
Es de resaltar que 10 departamentos tuvieron tasas menores a 10 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El analista enfatizó en la importancia de que las autoridades monitoreen la información de homicidios a nivel geográfico, para implementar estrategias focalizadas.
“Escuintla (43), Guatemala (36.2), y Chiquimula (35.9); fueron los departamentos con mayor tasa de homicidios en 2022. Además, en trece municipios se concentró la mitad de los homicidios de todo el país. Seis de estos municipios son del departamento de Guatemala, tres de Escuintla y dos de Izabal”, expuso.
“En relación al delito de las extorsiones, en 2022 hubo 1,437 más denuncias que en el año 2021 y la tasa aumentó 7.2 puntos para situarse en 84.9 denuncias por cada 100 mil habitantes” puntualizó Menchú y recomendó continuar implementando estrategias diseñadas para reducir este crimen específicamente
Situación actual y retos para 2023
Francisco Quezada expuso la situación de la Policía Nacional Civil; Corinne Dedick, Sistema Penitenciario y David Casasola, las instituciones de seguridad y justicia penal. Los documentos y comunicados de prensa del CIEN sobre el evento, informan que:
“Francisco Quezada, investigador del CIEN, resaltó que “a diciembre 2022 se contaba con una tasa de 23.4 policías por cada 10 mil habitantes (40,647 agentes), notablemente mayor a la tasa de 14.7 en el año 2007 pero aún debajo de la tasa de 2017 (24.5). Durante el presente año, debe trazarse una estrategia para alcanzar un número óptimo de agentes, para lo cual deben alinearse las estrategias de formación inicial y reclutamiento” y añadió que “también, es importante diseñar un nuevo modelo educativo y pedagógico para la formación inicial, para contar con un cambio sustancial en el perfil de los agentes graduandos de la Academia”.
“En cuanto al SP, la investigadora del CIEN Corinne Dedik compartió que “hay grandes retos en el SP debido a la poca atención que se le ha prestado durante décadas y para mejorar las condiciones de reclusión y su funcionamiento, se deben tomar acciones para iniciar con el deshacinamiento de las cárceles, fortalecer el recurso humano y priorizar un ambiente orientado a la rehabilitación de las personas. En diciembre de 2022 la población privada de libertad era de 24,188 personas y con ello se alcanzó una tasa de ocupación
del 354%”. Resaltó también la importancia de dar seguimiento a la licitación para el nuevo centro carcelario para tres mil personas que se realizó recientemente e implementar la Ley del Control Telemático, la cual se estima podría beneficiar a cerca de dos mil personas en prisión preventiva”.
Sobre la eficiencia de las instituciones del sector de seguridad y justicia, David Casasola, investigador del CIEN, informó que “la metodología del Flujograma de la Justicia Criminal, además de mapear procesos mide las cargas de trabajo recibidas, atendidas y pendientes de atender. Estas cargas se utilizan para elaborar los indicadores que cuantifican la eficiencia, siendo el Ministerio Público y el Organismo Judicial las instituciones que influyen directamente en la eficiencia global del sistema. El desempeño del resto de
las instituciones contribuye a que tanto el MP como el OJ atiendan los casos con mayor celeridad. En 2022 la eficiencia del MP se situó en 77%, la del OJ en 21%, la de las investigaciones 19%, el INACIF en 94%; y,el IDPP en 67%. Para lograr una mejora sostenida en el desempeño del sector justicia” comentó Casasola, “es necesario identificar estrategias para eliminar cuellos de botella de manera permanente y evitar
trasladarlos de una institución a otra. Para ello, es necesario crear un tablero de indicadores estratégicos que sea compartido entre todas las instituciones, para que en la toma de decisiones estratégicas y operativas se considere el impacto que generará sobre el funcionamiento del resto”, concluye el informe mencionado.
