Lesther Castellanos explica las funciones y atribuciones de la Oficina contra la Tortura

Lesther Castellanos, recientemente nombrado uno de los cinco comisionados o relatores contra la tortura en Guatemala, explica que dicha oficina es una comisión del Congreso de la República, similar a la PDH pero a diferencia de esta, se constituye de varios comisionados. Su principal misión es verificar las condiciones de todas las personas institucionalizadas, en centros de detención públicos o privados (incluyendo centros de toxicología y reclusorios de adolescentes en conflicto)

Roxana Orantes Córdova

Lesther Castellanos, hasta hace poco Juez en el Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, es un joven abogado que en los últimos días fue mencionado mediáticamente, en relación con la denuncia que realizó contra la ex fiscal Virginia Laparra.

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Entre las reacciones a su nombramiento como comisionado de la Oficina Nacional Contra la Tortura para la región de Occidente, se dijo que el puesto le habría sido «concedido» como premio por su denuncia.

Al preguntarle sobre esto, no puede evitar la risa y comenta:

«Mi denuncia contra Laparra data de 2017. El Congreso nombra a los comisionados. Fui nombrado por la actual legislatura, y a menos que fuera profeta o vidente, no comprendo cómo hubiera podido incidir en esta legislatura. Denuncié a Laparra durante la administración de Thelma Aldana, cuando Jimmy Morales era presidente. El proceso se prolongó desde entonces hasta la actual administración de Alejandro Giammattei. Estas personas llaman premio a lo que yo llamo meritocracia, cualidad o característica que ellos no son capaces de aceptar porque actúan así. No necesité hacer bochinche o recurrir a amparos».

¿Qué es la Oficina contra la Tortura y cuál es su función?

Es el otro lado o la otra cara de la moneda de los Derechos Humanos en Guatemala. Por un lado es la PDH que es un cuerpo unipersonal, porque según la Constitución no es la Procuraduría, es el Procurador.

Por otro lado, está el mecanismo contra la tortura, que a diferencia de la PDH es un cuerpo colegiado integrado por cinco relatores titulares y cinco suplentes, quienes no entran a tomar decisiones hasta que un titular está ausente.

Ambos somos comisionados del Congreso de la República, designados por el pleno del Congreso a través de un filtro que es la Comisión de Derechos Humanos, única comisión legislativa con carácter constitucional.

¿Qué aspectos de los derechos humanos atiende cada comisionado?

La PDH atiende el cúmulo de casos de derechos humanos. Nosotros, uno muy específico, que es la situación de los privados de libertad y personas que estén sufriendo torturas, tratos crueles o inhumanos.

Esto es lo primero que hay que entender. Miramos una parte muy específica de los derechos humanos. Lo otro, es que es un mecanismo emanado de los convenios internacionales de Guatemala. Nuestra sede está en Ginebra, y el subcomité en Nueva York.

Surge para evitar las torturas y reducir esas malas prácticas. La relatoría en Guatemala, durante muchos años se dividió en cinco comisionados y aunque todos tenemos el rango de comisionado nacional, administrativamente cada uno atiende una región.

Fui designado para la región de Occidente y con los otros comisionados consideramos la posibilidad de implementar sucursales o sedes regionales. Porque la procuraduría tiene un mayor presupuesto, más alcances.

¿Cuál es la diferencia de presupuesto entre ambas?

Por ejemplo, la PDH tiene Q120 millones. A nosotros nos asignaron Q13 millones y otros Q7 millones que nos darían en fondo revolvente. La PDH tiene delegaciones departamentales, nosotros, por razones de presupuesto, delegaciones regionales.

Cada delegación de la PDH tiene equipos multidisciplinarios. Nosotros no. Únicamente hay un delegado por región, pero estamos comenzando a implementar que en cada delegación haya un equipo por lo menos de cinco personas, para tener un equipo multidisciplinario en cada región. abogados, psicólogos y secretarias, por ejemplo.

Esto, para poder darle trámite a las denuncias, hacer pronunciamientos y si es factible, constituirnos como querellantes adhesivos en casos que lo ameriten y estén en la competencia de la oficina. Además, vamos a implementar sanciones morales contra funcionarios y empleados públicos que violen los derechos humanos de privados de libertad.

¿Cuál es la competencia de la comisión?

No solo son las cárceles. Están los centros toxicológicos, el aeropuerto, puertos, cárceles militares y carceletas públicas, que están a cargo de la PNC y no del Sistema Penitenciario.

Esta mañana tuve una reunión con la Cämara Penal para ver si hacemos un acuerdo entre la Policía Nacional Civil, la Corte Suprema de Justicia y Sistema Penitenciario para efectivamente formar mesas técnicas y concluir en que las instalaciones estarían a cargo de la PNC pero la administración sería del Sistema Penitenciario. Esto sería un hit para este año, si lo logramos a nivel de la República.

El problema es que la PNC y los propios reclusos se oponen, porque para ellos es un negocio que los mantenga la Policía Nacional Civil en las cárceles, porque son más permisivos. El Sistema Penitenciario tiene protocolos, por ejemplo.

¿La Oficina Contra la Tortura tiene una autoridad o presidencia?

Es rotativa, de forma similar a la de la Corte de Constitucionalidad. Durante un año la preside el de más edad, este año el licenciado Carlos Solórzano. El otro año me toca a mi. Es en forma escalonada.
Ahora se escogió a tres relatores. Quedan dos por cumplir su periodo y en dos años, se escogerán otros dos. Para que cumplan cinco y se complete el periodo. La alternabilidad está bien. Cuando nos vayamos, podrán escoger otros tres.

Es una comisión con bajo perfil. ¿Considera que fue descuidada?

Totalmente. No se ha logrado implementar el mecanismo para que, como magistrados de conciencia se hicieran recomendaciones para lograr cambios en políticas de Estado. No considero que deba evaluarse el trabajo a través de estadísticas.

Estas pueden derivar en muchas recomendaciones, pero sin los contactos interinstitucionales. es un trabajo institucional. No se trata de resolver casuísticamente. Es importante el acompañamiento de cada denuncia, pero debe ser un trabajo a nivel institucional.

Hay varias cosas que deben institucionalizarse. Por ejemplo, hasta ahora la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos (COPADEH), lleva los informes de la oficina a Ginebra. Esto no es procedente, porque no somos dependencia del Ejecutivo.

En nuestra línea de trabajo, nosotros vamos a tener esa función, por ejemplo. Pensamos retomar las líneas de contacto con el mecanismo internacional. Tenemos preeminencia de carácter diplomático, según el mecanismo de actuación.

Tenemos que presentar informes no sujetos al control estatal. El mecanismo así lo establece. Independientes, no autónomos, como lo establece el mecanismo internacional del que surge la Ley contra la Tortura.

¿Cuáles serán sus primeras acciones?

Una de las primeras es constituirnos como querellantes adhesivos en el caso CREOMPAZ. La sala amplió la prisión preventiva hasta cuatro años y amerita una sanción moral por exceso de plazo, según lo que establece la CIDH.

Mientras la tortura es un acto de crueldad o sufrimiento físico o psicológico para obtener algo a través del sufrimiento de la persona, las penas crueles son las penas arbitrarias o ilegales, como la prisión provisional o el abuso de la prisión preventiva.

Muchas personas cumplen su pena en prisión preventiva, como en el caso del Coronel Chiroy, quien pasó siete años en prisión preventiva cuando la pena era de tres. Este es un aspecto. El otro es que no sean sometidos a tratos crueles y degradantes, que tengan una vida digna. Un colchón limpio, agua potable, alimentos.

Por esto se llama Mecanismo contra la tortura, penas crueles o tratos degradantes.

¿Cuando grupos que protestan toman rehenes, incluso funcionarios?

Estas retenciones ilegales serían competencia de la PNC y la PDH. Nosotros atendemos casos institucionales, de institucione públicas y privadas.

¿Quiere agregar algo?

Guatemala va a cambiar haciendo patria, teniendo amor patrio. Tenemos que alejarnos de la agenda globalista y respetar la meritocracia. Crecimos pensando que si uno trabajaba, se esforzaba y hacía las cosas bien, la vida y el destino lo retribuirían.

Pero hemos tomado el camino fácil de decir «no me esfuerzo» y eliminar a las personas excepcionales, que están en el camino de la meritocracia, para obtener nuestros fines. Esto hay que cambiarlo y será a través del amor patrio.

Guatemala es nuestra raíz, es un gran país y tenemos que estar dispuestos a defender nuestra tierra, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo en forma individual. Por eso quieren destruir la familia, porque todo empieza en lo individual, en la familia. Si todos estamos bien individualmente, la comunidad está bien.

Con bochinches, borracheras y pintas de paredes, creo que no vamos a llegar a ninguna parte. Lo que tenemos que hacer es Patria.