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miércoles, diciembre 7, 2022

Laparra actuó fuera de su competencia, afirman Castellanos y Barrios

«Laparra, junto a quienes le daban las órdenes, creó una estructura de mentiras y distorsiones que la llevó a cometer delitos», señala Omar Barrios, mientras Lesther Castellanos recuerda: «no está en proceso por delito administrativo, sino porque actuó fuera de la competencia de su fiscalía».

Roxana Orantes Córdova

Laparra, ex fiscal de FECI en Quetzaltenango, actuó fuera de la competencia de su fiscalía y esto le acarreó ser capturada por agentes de la Fiscalía de Asuntos Internos del Ministerio Público (MP), y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes siguieron la orden dictada por el Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala, afirma el Comisionado contra la Tortura Lesther Castellanos Rodas, contra quien Virginia Laparra interpuso siete denuncias, todas ellas desestimadas en las respectivas instancias.

La ex fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Quetzaltenango cometió algunos errores que, para Castellanos, son producto de la mediocridad pero también de la actitud prepotente que adoptaron los miembros de FECI-CICIG, quienes en un momento dado creyeron que tenían un poder absoluto en el sistema judicial, además del coro favorable de la «buena prensa».

Barrios señala que el peor error de la CICIG fue su Departamento de Recursos Humanos, al contratar personal que cometió actos irracionales. Según dice:

«Laparra hace afirmaciones totalmente distorsionadas. Creó una estructura de mentiras y distorsiones que la hizo cometer delitos. Esto llevó a una situación irracional, producto de acciones emanadas de Flor Gálvez, mandataria de la CICIG. Parece que no tienen capacidad intelectiva».

Barrios: el «enemigo interno» por un comentario en Facebook

Tal como en la famosa época del macartismo estadounidense, la Gestapo alemana o cualquier policía política de las dictaduras que aplican el «derecho del enemigo«, Omar Barrios fue señalado como «enemigo de la CICIG» por un comentario que realizó en su página personal de Facebook.

«Actuaron con dolo y mala fe. Abusaron del cargo», recuerda Barrios, quien fue de los primeros en criticar que «dejaran libres con beneficios a los megacorruptos de Oderbrecht y sin pagar a Guatemala». Probablemente por ello, estas operadoras de justicia intentaron vengarse, indica.

De otra manera, resulta inexplicable que la FECI-CICIG involucrara de forma tan bizarra al penalista y docente universitario, quien no tiene relación con casos judiciales en Quetzaltenango, achacándole como grave delito un comentario en la red social y su amistad con Lesther Castellanos.

«Cometieron una serie de injusticias basados en una cultura de abusos e intimidación de jueces. En Quetzaltenango se crean al mismo tiempo la sección de FECI y Tribunal de Mayor Riesgo. Les aparece un supuesto caso con un «colaborador eficaz», y presentan su investigación deficiente al tribunal de Mayor Riesgo, donde el juez era Lesther Castellanos. Se toparon con un juez digno y valeroso, que no les aceptó la mediocridad».

«Ellos no acostumbraban a que se les rechazaran sus despropósitos y en lugar de impugnar, van ante otro juez, violentando la reserva del caso. Luego intentan recusar pero Castellanos era el único de Mayor Riesgo en Quetzaltenango. Y declaran la recusación ante los medios«.

«Por mal procedimiento, la recusación fue rechazada y realicé una crítica en Facebook, como cualquier ciudadano». Entonces, me declararon «enemigo» de la CICIG. Y llevaron al extremo de intentar la recusación contra Castellanos, con base en que al ser mi amigo, también era enemigo de la CICIG».

«No se recusa por amistad, sino por enemistad«

Barrios continúa:

«Si mi crítica en redes estaba fuera del orden, debieron citarme ante el MP. Solicito que me atienda Laparra y al entrar me registran y, como en toda institución de esa naturaleza, me indican que deje afuera mi teléfono, computadora o cualquier aparato conque pudiera grabar. Sin embargo, ellos me graban sin mi autorización y este es otro ilícito de Laparra. La sala no aceptó una grabación obtenida de forma ilegal».

«Me inventaron un ilícito. Según ellas, Castellanos me había revelado datos de la investigación, pero eso jamás pasó. Para empezar, no litigo en Quetzaltenango y el caso no era de mi interés, exceptuando lo que ellas mismas permitieron que se publicara en medios. Al no proceder la recusación por amistad, inventan la trama y abusan de su poder».

Probablemente, el dato más absurdo de esta trama, es que Castellanos fue señalado de divulgar información a Barrios, días después de que las mencionadas hubieran dado la información a los medios.

«Es tan cierto que su argumento era un infundio, que en ningún documento de la CICIG se menciona a Barrios-Castellanos», agrega el abogado.

«Hasta 2019 cometieron diversas ilegalidades contra el juez, pero finalmente, el MP actuó. Laparra se victimiza, pero de forma insólita, ella escogió el centro penal donde quería pasar su prisión preventiva. Tiene todas las garantías y constantemente recibe visitas de organizaciones defensoras de derechos humanos, incluyendo al procurador Jordán Rodas. Un video que circula en redes, la muestra hablando por teléfono, aunque tener móvil en la cárcel es un delito«.

«Presumo que Laparra está evadiendo comparecer ante el juez, con diversos recursos. Cometió varios delitos por órdenes de sus superiores y está ahí por sumarse a las ilegalidades de la CICIG».

Laparra y la recurrente distorsión de hechos

Señalamientos falsos realizados por Laparra contra Castellanos originaron la investigación y captura de la ex fiscal. Según indica Castellanos:

«Está en proceso porque actuó fuera de la competencia de su fiscalía. Por ejemplo, un fiscal que investiga casos de narcotráfico no tendría por qué involucrarse en la indagación de un crimen no relacionado con el narco. Además, excedió los límites de su territorio. La FECI de Xela tiene competencia en Quetzaltenango, Huehuetenango, Totonicapán y Quiché».

Castellanos recuerda que el objetivo de la FECI eran los CIACS (cuerpos ilegales de seguridad). «Omar Barrios y yo no conformamos un CIACS. Sumado a esto, ella debió interponer la denuncia a título personal, no como fiscal. Pero lo hizo como fiscal y cuando se desestimó porque no había delito, intentó presionar a otros fiscales. El artículo 18 de la Ley de Probidad prohíbe a los funcionarios usar su fama y cargo para asuntos personales. Usurpó funciones al inmiscuirse en una investigación administrativa».

«Además, la fiscal transgredió el artículo 154 de la Constitución, en el que se expresa que el funcionario puede hacer lo que la ley permite, a diferencia del artículo 5, donde se indica que los ciudadanos pueden hacer todo lo que la ley no prohíbe. Además, actuó en oposición al Manual del Fiscal», señala Castellanos.

Laparra, ante la justicia

Continúa Castellanos:

«Abusó y ejerció autoridad fuera de su cargo, sin atribuciones para ello. Hubo muchas faltas al debido proceso. Por ejemplo, afirmó que actuaba siguiendo órdenes de su superior, y al ser preguntada sobre el documento que contenía dicho mandato, afirmó que se trató de una orden verbal. El artículo 68 de la Ley Orgánica del MP indica que no se pueden dar órdenes verbales. De igual manera, no subieron ninguna información de este caso al sistema informático del MP, como ordena la ley».

«Actualmente, la ex fiscal escribe cartas donde realiza señalamientos que se publican en medios de comunicación. Quiero aclarar que yo no la metí presa, fue el MP por orden del juez contralor. También quiero aclarar que tiene dos hechos ilícitos, como la revelación de información confidencial en Quetzaltenango, caso no judicializado».

«Ante la afirmación de que padece claustrofobia, le propusieron una evaluación psiquiátrica con el INACIF, aunque ella pidió ser evaluada por el psicólogo de UDEFEGUA, ONG que le realiza más de 10 visitas diarias, lo que jamás se había visto en una cárcel. En cuanto a su estado de salud, tiene padecimientos que pueden ser tratados de forma ambulatoria. No acredita para medida sustitutiva, ya que se ha entorpecido el proceso y su abogada, Claudia González, ha sido también defensora de varias personas fugadas», finaliza Castellanos.

 

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