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sábado, julio 2, 2022

Instituto de Magistrados interpone denuncia contra aliados de la ex CICIG

“Los magistrados son el último baluarte para defender el sistema de justicia”, afirma Gunther Filitz, el penalista que durante la mañana de hoy interpuso una denuncia penal contra Juan Francisco Sandoval, Ericka Aifán y Helen Mack, quienes según el Instituto de Magistrados y su abogado, deben ser investigados por varios delitos.

Roxana Orantes Córdova

Al mediodía una noticia recorrió las redes sociales: el presidente del Instituto de Magistrados de la Corte de Apelaciones del Organismo Judicial (IMCAOJ), Estuardo Castellanos, se presentó junto con su abogado, Gunther Filitz, ante el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, para interponer una denuncia en la cual solicitan a  las autoridades pertinentes que investiguen a la juez Ericka Aifán; al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval y a Helen Mack, directora de la Fundación Myrna Mack.

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La denuncia se basa en que el informe presentado por el Ministerio Público (MP), al Congreso de la República, contendría varias ilegalidades, según el IMCAOJ, que en su comunicado señala:

  • Revelación de información confidencial o reservada;
  • Infracción de privilegios;
  • Falsedad ideológica y
  • Abuso de autoridad.

Además, los magistrados pidieron que se investigue el vínculo entre Sandoval, Aifán y la representante legal de la Fundación Myrna Mack:

“Ya que existe evidencia que los mismos conforman una estructura que de forma coordinada y sistemática busca influir indebidamente en la elección de magistrados que le corresponde legalmente al Congreso de la República”.

“El MP no es una iglesia”

Perspectiva logró entrevistar al penalista que interpuso la denuncia, Gunther Filitz, quien expresó:

“Los magistrados se sorprendieron mucho al encontrar indicios de que el jefe de la FECI, Aifán y Mack, habrían ideado el informe que ni siquiera tiene base probable. Señalaron sin bases comprobables a la mayor parte de los postulantes, respondiendo a un pedido de la Corte de Constitucionalidad (CC), que actuaba fuera de sus facultades”, indicó.

Aifán, juez pesquisidora del caso, también incurrió en ilegalidades, por ejemplo, cuando conexó un proceso anterior al de 2020. 

Aparentemente, el informe de la FECI tiene como objetivo terminar con el proceso “jurídico político” para la elección de magistrados. Por ejemplo, indicó el abogado, “de 28 postulantes para magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), encontraron tachas a 26. Solamente dos resultan idóneos para la FECI”.

Según narra Filitz, en el informe donde se detracta a la mayor parte de operadores de justicia, abundan términos imprecisos pero ni una sola prueba fehaciente. Por ejemplo, “podría ser”, “se investigará”, “aparentemente”. Pero ninguna evidencia o elemento científico.

“Ni siquiera está probada la implicación de Gustavo Alejos. Al analizar el informe de la FECI, los magistrados observaron que no se extrajo información del teléfono del ex diputado, sino exclusivamente, se sacó la lista de sus contactos. Esto no logra probar la existencia de colusión o acuerdo alguno”, explicó.

Además de varios errores e ilegalidades que detalla el IMCAOJ en un análisis del informe que la FECI entregó al Congreso, llama la atención que este sea prácticamente una reproducción de otro informe similar presentado días antes por la Fundación Myrna Mack, que a su vez replica contenidos de otro informe anterior de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

 Es lamentable que los datos sean tan drásticos, indicó Filitz. “La CICIG recibió Q1000 millones para transmitirnos capacidades y resulta que esta es la transmisión de capacidades que tuvimos. Documentos imprecisos y que reproducen contenidos de entidades que no están facultadas legalmente para la investigación penal, como la Fundación Myrna Mack”.

El penalista menciona que según Sandoval,  deben evitarse los conflictos de interés. “Sin embargo, los conflictos de interés son un asunto de orden moral y no le corresponde al ente investigador del Estado involucrarse en este tipo de actitudes, que no están tipificadas. El MP no es una iglesia como para inmiscuirse en acciones del orden ético y moral que no son correctas pero tampoco son delitos”.

El informe como tal no contiene ninguna prueba, pero la exposición mediática de los magistrados, y el que un reo (Alejos), sea el actor más influyente en un proceso en el que participan los principales operadores de justicia, deja muy mal a Guatemala, comentó el jurista, quien califica el informe de la FECI como “de caricatura”.

Sobre la denuncia interpuesta, afirmó:

“No vamos a ser inquisidores. Solamente estamos pidiendo por favor que se investigue si estos tres personajes incurrieron en algún delito”, y concluyó:

“Parece como si quisieran acelerar el conflicto a tal grado que no quede más remedio que forzar una reforma constitucional, que sería la única forma de modificar el proceso para elegir magistrados. Estamos en un punto en el que los magistrados son el último baluarte en el sistema de justicia. Pero se van a defender, porque si no se defienden, se cae el sistema de justicia”.

 

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