El proyecto de presupuesto para 2021 es mucho más alto que todos sus predecesores y se discute en un momento marcado por la crisis económica originada en las restricciones por la pandemia. En esta coyuntura, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), presentó su análisis y conclusiones. Entre otros, hallazgos, mencionan asignaciones deficientes, como los Q74 anuales para niños con desnutrición que habitan en áreas mencionadas en la Gran Cruzada Nacional contra la Desnutrición.
Redacción Perspectiva
Con Q. 99,700 millones, el proyecto del presupuesto nacional para el ejercicio fiscal 2021 está “muy por encima del nivel promedio de los últimos años”, indica el CIEN. Sin embargo, el monto “sería menor al presupuesto vigente para el ejercicio fiscal 2020 que se incrementó de manera muy importante por las ampliaciones presupuestarias realizadas para responder a la pandemia del COVID-19 y para atender otras prioridades como el cumplimiento de los pactos colectivos de condiciones de trabajo”.
De aprobarse este proyecto, el gasto de funcionamiento seguiría siendo el de mayor participación, indica el resumen del análisis realizado por el CIEN. Además, “está claro que la inversión perdió 14.1 puntos porcentuales mientras que el gasto corriente ganó 15.1 puntos porcentuales al comparar el período 1996-1999 con el de 2016-2019”.
El análisis estuvo a cargo de Jorge Lavarreda, investigador asociado del CIEN, y los comentarios fueron hechos por los economistas Hugo Maúl, del CIEN; y Erick Coyoy, de la Universidad Rafael Landívar.
Lavarreda explicó que el incremento presupuestario en términos nominales fue de Q11,984.9 millones o un 13.7% de incremento con respecto a 2020. El investigador del CIEN también señaló que “algunas metas no logran demostrar cuál será el cambio positivo aunado a los recursos solicitados”, al referirse a instituciones que solicitaron incremento con base en sus resultados.
“Se puede concluir que la estructura programática del Presupuesto 2021 es muy similar a la de años anteriores; que persiste el desafío de planificar y gestionar de manera integral intervenciones estratégicas; y que una porción parcial de las asignaciones presupuestarias muestra cierto nivel de alineación con las Prioridades Nacionales de Desarrollo. Un ejemplo de una asignación deficiente se encontró en los 10 departamentos priorizados por la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición: el presupuesto promedio por niño menor de cinco años y desnutrido (Q.74 anuales) sería menor que el presupuesto promedio de la misma población objetivo en los restantes departamentos del país (Q.119 anuales)”, puntualizó Lavarreda.
Mayor déficit fiscal y más deuda para 2021
Lavarreda también mencionó que “se observa un deterioro que llegó a su máximo en el presupuesto vigente en 2020 como resultado del incremento significativo del gasto, junto con una caída de los ingresos tributarios y que se refleja en el déficit fiscal. Éste llegó a 2.7% del PIB para el período 2008- 2011 por la crisis financiera internacional, había bajado a 2.0% del PIB en 2012-2015, y luego a 1.7% del PIB en 2016- 2019, y para 2021, la brecha subiría a 4.9% del PIB”.
El gobierno incurrió en un déficit fiscal por las ampliaciones presupuestarias “para hacer frente a la pandemia del COVID-19 y las otras prioridades establecidas por el actual gobierno”. Este déficit marcó 5.5% del PIB.
Lavarreda recomendó “establecer un compromiso formal de retornar en el mediano plazo a la tendencia de buscar el principio del balance fiscal que se acordó con el Pacto Fiscal; y eliminar la práctica de financiar el gasto de funcionamiento con deuda pública”.
Recomendaciones
Algunas recomendaciones del CIEN son:
1. Elevar la profundidad del debate público en torno al tema. En el plazo inmediato, hacer ajustes al proyecto 2021, “que resulten de debates informados con un sólido respaldo técnico y que trasciendan un análisis centrado únicamente en la dimensión financiera. Como marco de orientación, se recomienda retomar los principios y compromisos del Pacto Fiscal.
2. Incrementar la eficiencia del gasto público, tanto técnica como asignativa. Para ello, el CIEN sugiere realizar un análisis detallado de las compras públicas para “identificar oportunidades de comprar más pero pagando menos y manteniendo un estándar de calidad”. Asimismo, recomiendan analizar los recursos humanos, verificando si existen brechas en su cantidad y/o salarios, así como analizar las filtraciones de beneficios de los programas de transferencias y subvenciones.
2. Establecer un compromiso formal de retornar, en el mediano plazo, a la tendencia de buscar el principio del balance fiscal que se acordó con el Pacto Fiscal. Para ello, se sugiere establecer los techos presupuestarios para los próximos ejercicios fiscales a partir de fijar un déficit fiscal cercano al 1.5% del PIB e iniciar la búsqueda de lograr un ahorro en cuenta corriente de 3% del PIB, pero tomando en cuenta únicamente los ingresos tributarios que cuentan con un fundamento técnico en su estimación. Por lo tanto, se recomienda eliminar la práctica de incluir montos significativos de recursos en las categorías de “otros impuestos”.
3. Utilizar el endeudamiento público para financiar desequilibrios transitorios entre los gastos e ingresos totales, y definitivamente, se debe eliminar la práctica de financiar el gasto de funcionamiento con deuda pública. Además, el nuevo financiamiento debe buscar mitigar los distintos riesgos de la cartera actual de la deuda pública. Por transparencia, se sugiere explicitar la situación de las deudas con los proveedores e identificar los recursos de contraparte asociados a los préstamos externos.
4. Garantizar que todos los programas y proyectos sustantivos que se incluyen en el Proyecto de Presupuesto producen bienes y servicios que generan valor público; es decir, hacer bien las cosas correctas y no hacer bien cosas equivocadas.
5. Mejorar las bases de datos del recurso humano, transparentar la información sobre remuneraciones. Además, sugieren una reforma del servicio civil.
6. Implementar un sistema público de rendición de cuentas periódico centrado en el desempeño y que provea información relevante para la gestión pública. Esta práctica debe aplicarse a todos los recursos públicos incluyendo las donaciones a ONGs, las asignaciones de las Obligaciones del Estado a cargo del Tesoro, y los recursos asignados para responder a la pandemia del COVID-19. Es importante que pueda darse seguimiento a indicadores de procesos, de productos, y de resultados que forman parte de las distintas etapas de la cadena de la generación de valor público.
7. Eliminar el gasto que no demuestre ser efectivo o que sea innecesario para lograr los resultados institucionales en el ejercicio fiscal 2021.
8. Eliminar la negociación de pactos colectivos que impliquen decisiones sobre remuneraciones que afecten a uno o varios ejercicios fiscales.
