El Tribunal Supremo Electoral (TSE), presentó una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra de ocho funcionarios públicos ante lo que considera como una amenaza que consiste en que las autoridades denunciadas vulneren del Estado Democrático de Derecho”.
En el documento, se detalla “la amenaza cierta, futura e inminente de que las autoridades denunciadas vulneren del Estado Democrático de Derecho al no garantizar el ejercicio de las funciones del Tribunal Supremo Electoral, de los Órganos Electorales Temporales y de la ciudadanía en general, para el desarrollo de un proceso electoral hasta su conclusión en un ambiente de libertad y plena vigencia de los derechos constitucionales de la ciudadanía y organizaciones políticas”.
Los funcionarios denunciados son:
- David Napoleón Barrientos Girón, ministro de Gobernación (Mingob)
- Henry Yovani Reyes Chigua, ministro de la Defensa Nacional (Mindef)
- Silvia Patricia Valdés Quezada, presidenta del Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
- María Consuelo Porras Argueta, fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP).
- Wuelmer Ubener Gómez González, Procurador General de la Nación (PGN)
- Edwin Manfredo Ardiano López, director general de la Policía Nacional Civil (PNC)
- José Alejandro Córdova Herrera, procurador de los Derechos Humanos (PDH)
- Edwin Martínez Cameros, ministro de Finanzas Públicas (Minfin).
En el amparo se enfatiza que solicitan que los denunciados “se abstengan de emitir decisiones y órdenes que se opongan a la plena vigencia, eficacia y cumplimiento de lo dispuesto en el acuerdo 1328-2023”. En donde se declara la validez de la Elección de presidente y vicepresidente de la República, realizada el 25 de junio pasado.
Los temas que se estiman como vulnerables a estas amenazas son:
- Deber del Estado de garantizar la libertad, justicia seguridad, certeza jurídica y paz (artículo 2 de la Constitución Política de la República.
- Elegir y ser electo y el Principio de alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República (artículo 136 de la Constitución Política de la República)
- Principio de Legalidad y sujeción al imperio de la ley de la función pública (artículo 154 de la Constitución Política de la República)
- Régimen Político-Electoral del Estado de Guatemala (artículo 223 de la Constitución Política de la República).
- El documento señala como terceros interesados en el caso al Ministerio Público, a través de la Fiscalía de asuntos constitucionales, amparos y exhibición personal y a los partidos políticos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Movimiento Semilla.